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La Fiscalía solicita el archivo de una causa por presunta administración desleal en una empresa familiar de Santiago

La investigación no halla pruebas de delito y apunta a un conflicto civil entre los socios

El caso gira en torno a la desaparición de existencias y la gestión del cierre de la empresa

La empresa familiar tenía su sede en la rúa do Hórreo, en Santiago

La empresa familiar tenía su sede en la rúa do Hórreo, en Santiago / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de una causa por presunta administración desleal en el seno de una histórica empresa familiar del sector textil de Santiago, al no apreciar indicios suficientes de delito. El procedimiento tiene su origen en una querella presentada en 2016 por la viuda de uno de los socios de la mercantil ADAN SL, dedicada durante décadas a la venta de ropa masculina en el centro de la ciudad. La empresa, constituida en 1973, cesó su actividad a finales de 2014 y se encuentra aún pendiente de liquidación.

Según la denuncia, el administrador único de la sociedad, que ostentaba el 45 % de las participaciones, habría gestionado de forma irregular el cierre del negocio, especialmente en lo relativo a la desaparición de existencias valoradas contablemente en más de 270.000 euros. La parte querellante sostenía que dichas mercancías podrían haber sido desviadas en perjuicio de la sociedad.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal concluye que no existen pruebas de una actuación dolosa. Según el informe, las existencias reflejadas en las cuentas procedían de ejercicios anteriores y no se ha podido determinar con claridad ni su antigüedad ni su valor real. Además, diversos testimonios apuntan a que la mercancía fue vendida a pérdidas en los meses previos al cierre, en un contexto de deterioro económico del negocio.

La investigación también ha descartado que los productos fueran traspasados de forma irregular a los empleados que continuaron posteriormente la actividad comercial en el mismo local bajo una nueva gestión. El caso ha pasado por varias fases judiciales, con reaperturas tras recursos de la parte denunciante. No obstante, tras las últimas diligencias practicadas, la Fiscalía considera que los hechos no revisten carácter penal, sino que responden a un conflicto de naturaleza civil relacionado con la liquidación de la sociedad y el reparto de sus activos.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita el archivo provisional de la causa al no quedar acreditada la comisión de delito, sin perjuicio de que las partes puedan ejercitar las acciones correspondientes en la vía civil.

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