Tres funcionarios denuncian al Gobierno español ante la ONU por edadismo: uno de ellos trabaja en Santiago

Tres funcionarios de la Administración General del Estado de Melilla, Ceuta y Galicia han denunciado al Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por lo que consideran un caso de discriminación por edad en el acceso a la promoción interna.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, los empleados públicos Juan José Florensa, de Melilla; África Martos, de Ceuta; y Pilar Silva, de Ourense, aunque trabaja en Santiago de Compostela, han expuesto que aprobaron una oposición de promoción interna, de la que han sido excluidos por tener más de 65 años a pesar de tener reconocida una prórroga de su actividad laboral hasta los 70.

A su juicio, "la Administración actúa de forma contradictoria al permitir trabajar hasta los 70 años pero impedir progresar tras los 65" y que su decisión de dejarlos sin la plaza que han ganado en la oposición vulnera la normativa española y europea, concretamente la Directiva 2000/78/CE); la Ley 15/2022, conocida como Ley Zerolo; y los artículos 14 y 23 de la Constitución Española.

También la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público porque "la promoción interna no es un nuevo ingreso, sino un derecho en la carrera profesional" y una progresión profesional dentro de la misma relación de servicio.

Según los tres funcionarios, la orden ministerial a la que alude el Ministerio de Función Pública para excluirlos de este proceso de promoción interna el pasado mes de febrero no puede limitar derechos reconocidos por normas de mayor rango.

Por ello, tras agotar las vías administrativas, incluyendo quejas ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, los tres funcionarios presentarán un recurso contencioso-administrativo y han activado un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra (Suiza).

Con este mecanismo, que permite denunciar patrones persistentes de violaciones de derechos humanos, en este caso por discriminación por edad, los tres funcionarios españoles reclaman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) intervenga ante la Secretaría de Estado de la Función Pública "para denunciar prácticas edadistas con el personal sénior en la Administración pública española".

"La edad no debería ser un obstáculo, sino un valor en la Administración pública", han defendido Florensa, Martos y Silva, que han asegurado que su caso no es aislado y otros empleados públicos que se han visto en la misma situación están intentando seguir los mismos pasos en la cruzada que han iniciado contra lo que consideran una discriminación por edad.

A juicio de estos empleados públicos, apoyados por CCOO y entidades sociales como la Fundación Help Age y la Asociación Melilla para la UNESCO, es incomprensible después de que el Gobierno impulsara en 2024 un proyecto de reforma de la Función Pública para prolongar la vida laboral y aprovechar el talento sénior incluso contemplando la extensión de la jubilación hasta los 72 años en determinados casos.

Además, han asegurado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los límites de edad en la Administración solo son admisibles si están objetivamente justificados y son proporcionales, de ahí que también pidan una revisión normativa que garantice la igualdad efectiva.