Denuncian suciedad y riesgos laborales en depósitos judiciales de Santiago: la Xunta se desvincula

La situación del almacén de piezas de convicción y del archivo del Tribunal de Instancia de Santiago ha generado un nuevo enfrentamiento entre el sindicato Alternativas na Xustiza y la Xunta de Galicia. La organización sindical ha denunciado públicamente el estado de estas instalaciones, mientras que la Administración autonómica rechaza tener responsabilidad directa sobre su organización. Según el sindicato, el espacio presenta graves deficiencias. En su comunicado advierten de “un espazo que presenta condicións de suciedade, desorde e posibles riscos para a saúde laboral que resultan absolutamente inaceptables nunha administración pública”. La central sostiene que esta situación no solo afecta a las condiciones de trabajo del personal, sino también a las garantías mínimas de salubridad en un servicio público esencial.

Además, Alternativas na Xustiza denuncia que desde el equipo de prevención de riesgos laborales de la Xunta se estaría trasladando la responsabilidad al personal funcionario. En concreto, critican que se pretenda que estos trabajadores asuman tareas de limpieza, algo que rechazan de forma tajante: "A Xunta pretende que o funcionariado asuma tarefas de limpeza que non lle corresponde en ningún caso”.

El sindicato considera que la situación requiere una intervención urgente, proponiendo la contratación de un servicio especializado de limpieza y una evaluación real de los riesgos existentes. “Consideramos que esta situación require unha intervención urxente mediante a contratación dun servizo especializado de limpeza”, subrayan en su escrito, ya registrado ante la Administración.

Por su parte, la Xunta de Galicia se desvincula de estas acusaciones y asegura que la gestión de estos espacios no depende de la Dirección Xeral de Xustiza. Fuentes autonómicas explican que “a custodia e conservación das pezas de convicción... é competencia do persoal da Administración de Xustiza”, en virtud de lo establecido por la ley orgánica del poder judicial.

En este sentido, la Xunta recalca que su intervención se limita a casos concretos, como la destrucción de objetos cuando así lo acuerda un órgano judicial. “A Dirección Xeral de Xustiza é allea por tanto á organización dos depósitos xudiciais”, señalan, insistiendo en que no tienen competencias sobre la ordenación, mantenimiento o distribución de las piezas almacenadas.

El cruce de acusaciones evidencia un problema sin resolver en la gestión de estos depósitos judiciales, mientras el sindicato insiste en la urgencia de actuar para garantizar condiciones dignas y seguras, y la Administración autonómica mantiene que la responsabilidad recae en el ámbito judicial.