Santa Marta Segura estudia contratar seguridad privada ante el auge de “mochileros” en el tráfico de droga

Un año después de su creación, la plataforma vecinal Santa Marta Segura vuelve a alzar la voz para denunciar que los problemas de convivencia y el tráfico de drogas en el barrio compostelano persisten prácticamente sin cambios. Pese a las reuniones mantenidas con distintas administraciones —desde el Ayuntamiento hasta la Delegación del Gobierno—, los vecinos aseguran que la situación sigue siendo la misma, aunque con una evolución en las formas de distribución que ha reducido la visibilidad del consumo pero no la actividad.

“El problema no ha desaparecido, solo ha cambiado”, resume el presidente de la plataforma, José Manuel López. Según explica, si bien ya no es tan habitual ver a drogodependientes consumiendo en la calle a plena luz del día como ocurría hace un año, el tráfico continúa activo a través de nuevos métodos. “Ahora lo que hay son mochileros. Van al Banco del Pobre, cargan las mochilas con dosis y las distribuyen por otras zonas de la ciudad”, señala. Este sistema, añade, permite mantener el negocio con menor exposición directa en el barrio, pero con un alcance mayor hacia otras áreas, tanto del casco histórico como de la zona nueva.

Los vecinos siguen identificando dos focos principales de actividad: el conocido como Banco del Pobre, que consideran un punto histórico de venta que nunca ha dejado de funcionar, y la denominada 'casa de la palmera', situada en la avenida de Bilbao, que ha ganado protagonismo en los últimos meses. “El Banco del Pobre no ha parado nunca, y ahora además tienen otro punto que está generando mucho tránsito”, afirma López. “Sabemos quiénes son y cómo funciona, porque esto es visible para cualquiera que viva aquí”.

Reuniones "sin resultados"

La plataforma critica que, pese a la presión vecinal ejercida durante el último año —con cerca de 6.000 firmas recogidas y movilizaciones que llegaron a reunir a centenares de personas—, las respuestas institucionales no se han traducido en medidas efectivas. “Nos recibieron todos: alcaldesa, comisaria, delegado del Gobierno… muchas reuniones, muchas fotos y buenas palabras, pero resultados ninguno”, lamenta. En este sentido, considera que la actuación policial resulta insuficiente: “La Policía Nacional pasa varias veces al día, pero es un recorrido rápido. Si quisieran actuar de verdad, bastaría con establecer controles en puntos clave y presionar sobre quienes entran y salen”.

Además del tráfico de drogas, los vecinos denuncian un deterioro creciente del entorno urbano y un aumento de la tensión en el barrio. Señalan actos vandálicos, daños en mobiliario y comportamientos agresivos que, en algunos casos, interpretan como una reacción a la movilización vecinal. “Nos están rompiendo señales, haciendo pintadas… hay una actitud de confrontación porque saben que estamos denunciando la situación”, explica el presidente de la plataforma.

Desgaste entre los propios vecinos

Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo es el desgaste entre los propios vecinos. Durante meses, muchos residentes han colaborado activamente recopilando vídeos, imágenes y pruebas que han trasladado a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la falta de resultados empieza a generar frustración. “No podemos hacer de policías. Hemos pedido a la gente que se implique, que grabe, que denuncie, pero si luego todo sigue igual, la gente se cansa”, advierte López.

Ante este escenario, la plataforma ha comenzado a estudiar nuevas fórmulas de actuación, entre ellas una medida poco habitual: la contratación de seguridad privada para patrullar el barrio. La propuesta pasa por implicar a las comunidades de propietarios en un sistema conjunto de vigilancia. “Somos entre 7.000 y 8.000 vecinos. Si se organiza bien, podría ser una forma de ganar seguridad”, apunta. No obstante, reconoce que la iniciativa requerirá debate y consenso: “Habría que convocar asambleas, ver costes y valorar si es viable, pero es una opción que ya está sobre la mesa”.

Mientras tanto, los vecinos consideran que la presión mediática seguirá siendo una herramienta clave para visibilizar el problema y forzar una respuesta más contundente por parte de las administraciones. “Sabemos que la droga no va a desaparecer, pero al menos se puede actuar contra quienes la distribuyen. Lo que no puede ser es que todo el mundo mire para otro lado y que los que suframos las consecuencias seamos los vecinos”, concluye López.

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