Mallou se moviliza ante las primeras cartas de expropiación para el nuevo barrio de Santiago: "Ofrecen unha miseria"

El ambicioso desarrollo residencial proyectado por la Xunta en el norte de Santiago ha chocado frontalmente con la realidad de los propietarios del suelo. Tras la aprobación inicial del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el sector de Mallou, que prevé la construcción de más de 3.600 viviendas, la tensión ha saltado de los despachos oficiales a las fincas de los particulares. Juan Granja, presidente de la asociación vecinal Casa Agraria, ha confirmado que la inquietud se ha transformado en enfado tras el inicio del goteo de notificaciones oficiales por parte del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). "Xa chegaron as primeiras cartas de notificación aos veciños afectados. Teñen 15 días por se queren facer algunha reclamación ou alegación", explica Granja, quien advierte de que el barrio no se quedará de brazos cruzados ante un proceso que consideran injusto desde su base económica.

La estrategia de los afectados pasa por una organización inmediata para hacer frente a la administración autonómica y tratar de mejorar las condiciones de un plan que les ha pillado por sorpresa. El líder vecinal ha anunciado la convocatoria de una asamblea para la próxima semana con un objetivo claro: "O ideal vai ser que formen unha plataforma para que se xunten e se poidan defender". La principal causa del conflicto radica en las valoraciones del terreno que han empezado a circular entre los vecinos, cifras que Granja no duda en calificar de inasumibles dado el cambio de uso que va a experimentar la zona. "O prezo que se está falando agora mesmo é unha risa, a verdade: fincas que eran rústicas e pasaron a ser urbanas para poder edificar e falan de entre 3,50 e catro euros o metro cadrado; eso é unha risa, é unha miseria", denuncia con dureza, señalando que existe un agravio comparativo evidente entre el valor rústico que se les pretende pagar y la rentabilidad urbana que generarán las miles de viviendas protegidas.

El proceso administrativo, según la información recabada por la asociación tras consultar con el IGVS, tendrá su punto crítico en apenas unos meses, cuando el proceso de ocupación se formalice individualmente. "As cartas de expropiación de verdade vanlle chegar a cada veciño alá por decembro e en xaneiro", apunta Granja, aclarando que las comunicaciones actuales sirven para identificar las referencias catastrales y abrir el plazo de alegaciones sobre el diseño del sector. Explica también que no se ha abierto la posibilidad de permutas. "A priori queren pagar, facer unha valoración e pagar. Non queren negociar o que é o intercambio de terrenos nin pagar terrenos con pisos, nin sequera coas dúas casas que van tirar queren negociar iso", lamenta el portavoz de Casa Agraria.

Alcantarillado para las viviendas del barrio que aún no lo tienen

La movilización no se limitará únicamente a la cuestión económica de las parcelas, sino que pretende condicionar el modelo de barrio para que el nuevo desarrollo corrija las carencias históricas de quienes ya viven en la zona. Granja destaca que existen deudas de servicios básicos que la urbanización de Mallou debe saldar de forma obligatoria para integrarse con la población existente. "Imos defender tamén aos veciños de Mallou que están sen alcantarillado; e pedir que se conecten estas viviendas ao novo sistema cando se desenvolva a urbanización", reclama el presidente de la asociación. Además, los vecinos mantienen la vigilancia sobre piezas de suelo estratégicas para evitar que se conviertan en áreas privadas sin beneficio para el común: "Nós seguimos reclamando que a finca dotacional que fai esquina co Cruceiro da Coruña e a avenida de Asturias quede para o uso do barrio. Non sabemos o que queren facer aí, pero imos defendela".

El plan de la Xunta para Mallou, diseñado bajo la Estrategia gallega de suelo residencial, contempla una superficie de 519.935 metros cuadrados para albergar un total de 3.609 viviendas, de las cuales el 80 % serán protegidas. El diseño técnico organiza el barrio en cinco grandes manzanas con bloques de hasta nueve plantas y prevé más de 3.500 plazas de aparcamiento. Sin embargo, para las decenas de propietarios afectados, este avance social no puede ejecutarse ignorando sus derechos. "Nós como asociación imos xuntalos a todos e a partir de aí que eles decidan, pero o que está claro é que non se pode levar a cabo este modelo sen ter en conta aos veciños", concluye Juan Granja.

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