La Xunta asegura que las cifras de expropiación en Mallou son solo estimaciones y no valores definitivos

El desarrollo urbanístico previsto en el ámbito de Mallou, en Santiago, continúa generando incertidumbre entre los propietarios afectados por las futuras expropiaciones, mientras la Xunta de Galicia insiste en que el procedimiento se encuentra en una fase inicial y que aún no existe una valoración oficial de los terrenos. Consultada por EL CORREO, la Consellería de Vivenda se ha limitado a señalar que “a tramitación do PIA está nos seus inicios e aínda quedan por concretar cuestións, como por exemplo a valoración dos terreos”, evitando entrar en más detalles sobre una polémica que ha ido creciendo en los últimos días a raíz de las cifras difundidas entre los afectados.

El proyecto, que se articula a través de un Plan de Interese Autonómico (PIA), contempla la construcción de alrededor de 3.600 viviendas en una superficie de unos 360.000 metros cuadrados, en su mayoría protegidas. En este contexto, el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, trató de rebajar la tensión generada en torno a las posibles compensaciones económicas, asegurando que las cantidades que han trascendido no pueden considerarse definitivas ni vinculantes. “Non hai unha valoración do valor da expropiación deses solos”, explicó en una entrevista en Radio Galicia, en referencia a las cifras de en torno a tres euros por metro cuadrado que han circulado entre los propietarios.

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García subrayó que esas cifras proceden únicamente de estudios de viabilidad económica que acompañan de forma habitual este tipo de instrumentos urbanísticos, pero que no reflejan una tasación individualizada de cada finca. Según detalló, la valoración real de los terrenos no se realizará hasta que el PIA esté aprobado de forma definitiva, previsiblemente a finales de este año, momento en el que se abrirá el procedimiento formal de adquisición de suelo. Será entonces cuando se determinen las compensaciones caso por caso y se concreten los derechos de los propietarios afectados.

En paralelo, el responsable del IGVS apeló a la tranquilidad de los vecinos , que ya han convocado una asamblea para el próximo miércoles 6 de mayo (19.30 horas en el local de la asociación Casa Agraria), y aseguró que el organismo autonómico está manteniendo contactos con los afectados para explicar el desarrollo del procedimiento. También avanzó que los propietarios de viviendas incluidas en el ámbito, un total de ocho edificaciones, contarán con soluciones de realojo. “Terán unha vivenda de reemplazo”, afirmó, en referencia a los residentes que podrían verse afectados directamente por la ejecución del proyecto.

Colaboración con los vecinos

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reiterado que el Concello no tiene competencias en el proceso de expropiación, al tratarse de un proyecto de interés autonómico promovido por la Xunta. “Todo ese desenvolvemento é da Xunta de Galicia”, señaló, insistiendo en que las decisiones sobre la valoración de los terrenos y las compensaciones económicas corresponden exclusivamente a la administración autonómica. Aun así, el gobierno local ha manifestado su disposición a actuar como intermediario con los vecinos, recogiendo sus demandas y trasladándolas a la Consellería para su evaluación.

La regidora también confirmó que ya se han producido contactos iniciales con representantes vecinales del ámbito, aunque las conversaciones se han mantenido de forma preliminar con la asociación del barrio y no con una plataforma formal, cuya constitución todavía no se ha materializado. En este sentido, el Concello ha defendido que el objetivo del proyecto debe ser la mejora de la calidad de vida de la zona y ha recordado que ya se presentaron alegaciones al plan urbanístico, algunas de las cuales fueron incorporadas en la tramitación inicial.

En el plano político, el secretario local del PSOE, Aitor Bouza, ha expresado el apoyo de su formación a los vecinos afectados y ha criticado con dureza la gestión autonómica del proyecto. Los socialistas consideran que las cifras conocidas hasta el momento suponen “un prezo de miseria” y rechazan que el desarrollo de vivienda pública pueda realizarse a costa de los propietarios del ámbito. Bouza anunció además que el grupo socialista llevará este asunto al Parlamento de Galicia con el objetivo de exigir explicaciones a la Xunta y garantizar, según defendió, que los derechos de los vecinos “non queden desatendidos e desamparados”.

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