El exconcejal socialista José Manuel Pichel acepta 6 meses de prisión por el caso Desproi

El exconcejal socialista de Santiago José Manuel Pichel ha aceptado una condena de seis meses de prisión por el conocido como caso Desproi, la causa judicial abierta por el alquiler de una nave industrial a una empresa con la que había estado vinculado mientras era concejal del Gobierno compostelano. El acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y la defensa evita la celebración del juicio con jurado popular previsto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago.

Según el escrito presentado por el Ministerio Fiscal con fecha del 3 de marzo de 2026, Pichel reconoce los hechos constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tipificado en el artículo 439 del Código Penal. La pena pactada incluye, además de los seis meses de cárcel, una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Fiscalía y partes también informan de la suspensión de la pena de prisión con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir durante dos años.

La empresa “fue favorecida económicamente”

La investigación se remonta a septiembre de 2021, cuando la corporación municipal aprobó el alquiler de una nave situada en el polígono de Costa Vella para trasladar temporalmente dependencias municipales de las áreas de Parques e Xardíns y Medio Rural. En aquel momento, José Manuel Pichel era concejal de esas áreas en el gobierno presidido por Xosé Sánchez Bugallo.

De acuerdo con el relato recogido en el auto de conformidad, Pichel había ejercido funciones de administración en Desproi Promociones SL a través de otra sociedad de su propiedad, Servicios Técnicos Gaia SL. Aunque días antes había entregado sus acciones, la Fiscalía sostiene que intervino en la Xunta de Goberno del 14 de septiembre de 2021 y votó a favor del arrendamiento del inmueble a favor de Desproi. El contrato se formalizó el 1 de octubre de ese mismo año.

El documento judicial añade además que la empresa “fue favorecida económicamente” posteriormente mediante resoluciones municipales de compensación de deudas dictadas en 2022 y 2023.

Dimisión y apertura de la causa

El caso provocó la dimisión política de Pichel en enero de 2023, después de que trascendiese públicamente su vinculación con la empresa adjudicataria del alquiler. Desde entonces, la causa judicial puso el foco sobre la gestión del anterior ejecutivo socialista compostelano y fue impulsada inicialmente por una denuncia presentada por el grupo municipal del PP.

Durante la instrucción, la jueza tomó declaración a distintos funcionarios municipales, entre ellos el secretario y el exinterventor del Concello, y acabó citando al propio Pichel como investigado por un presunto delito de intervención en negociaciones prohibidas.

El exedil había defendido públicamente que cometió un “error considerable” al no comunicar su relación previa con Desproi al entonces alcalde ni al resto de miembros de la Xunta de Goberno, aunque sostuvo que actuó “sin mala fe”.

Conformidad antes del juicio

La conformidad firmada por todas las partes pone fin a una de las causas que más desgaste político generó en el tramo final del mandato de Sánchez Bugallo. El procedimiento iba a ser juzgado mediante tribunal del jurado, pero el acuerdo alcanzado evita ahora la vista oral y rebaja considerablemente las posibles consecuencias penales para el exconcejal al carecer de antecedentes.