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SUCESOS

Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas

Según la Fiscalía, el documento acreditaba falsamente que el edificio estaba terminado para "evitar" que la licencia caducase

Juzgados de Fontiñas

Juzgados de Fontiñas / ECG

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R. S.

Santiago

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles 22 de julio a un funcionario del Ayuntamiento de Santiago acusado de falsificar un informe que certificaba la finalización de una obra y que, en realidad, aún no había comenzado. La Fiscalía ha solicitado para él cuatro años de prisión.

Documento falsificado

El acusado ejercía como policía urbanístico en el momento de los hechos por los que se le acusa, ocurridos en 2015. Según el escrito remitido por el Ministerio Público, el documento falsificado "evitó que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento de caducidad de la licencia otorgada por el transcurso del plazo previsto en la ley", según informa Europa Press.

Esta licencia fue concedida en julio de 2011 a un edificio de 30 viviendas en el marco del Plan Parcial de Fontiñas, de modo que estaba sujeta a una serie de condiciones y plazos. La supuesta falsificación fue realizada en el marco de una orden dada por la jefa de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística en mayo de 2015.

Un informe en junio de 2015

El acusado, "con ánimo mendaz" --según la Fiscalía--, elaboró un informe en junio de 2015 en el que acreditaba que el edificio se encontraba "exteriormente finalizado". Sin embargo, el escrito fiscal sostiene que las afirmaciones contenidas en el informe "no respondían a la realidad, de lo que era consciente el acusado". En este sentido, en vez de las fotos del edificio real, incluyó las de otro distinto del mismo barrio.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de prisión de cuatro años, la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y la pena de multa de 18 meses, con una cuota de 12 euros. Además, demanda la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por tiempo de tres años.

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