Comienza el proceso judicial al policía urbanístico de Santiago para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por falsificar un informe de obra
La audiencia preliminar, celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago, fue suspendida al solicitar la acusación particular que el Ayuntamiento asumiese la responsabilidad civil subsidiaria
El funcionario está acusado de certificar en 2015 la finalización de un edificio de 30 viviendas en Fontiñas que, según la Fiscalía, aún no había comenzado, evitando así la caducidad de la licencia urbanística

Imagen de los exteriores de los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas. / Antonio Hernández
Diego Mosteiro Riveiro
La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, ha acogido este miércoles el inicio del proceso judicial contra un funcionario del Ayuntamiento de Santiago, que ejercía como policía urbanístico en el momento de los hechos, acusado de falsificar un informe que certificaba la finalización de una obra que, según la Fiscalía, todavía no había comenzado. El Ministerio Público solicita para él una condena de cuatro años de prisión, además de multa e inhabilitación.
La audiencia arrancó esta misma mañana pasadas las 10:30 horas, a pesar de que apenas se prolongó durante escasos minutos. La vista fue posteriormente suspendida y remitida al juzgado de instrucción después de que la acusación particular plantease que fue el Concello de Santiago de Compostela quien debería asumir la responsabilidad civil subsidiaria derivada del procedimiento, una petición que deberá resolverse antes de continuar con la tramitación de la causa.
La petición de la acusación particular
La cuestión que motivó la suspensión de la audiencia no estuvo relacionada con el fondo del procedimiento, sino con la solicitud formulada por la acusación particular para que el Consistorio compostelano figure como responsable civil subsidiario. Al apreciarse esta circunstancia, el tribunal acordó remitir las actuaciones al juzgado de instrucción para resolver esa cuestión procesal antes de que el juicio pueda continuar.
Un informe que evitó la caducidad de una licencia
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a 2015, cuando el acusado ejercía como policía urbanístico del Concello de Santiago de Compostela.
El Ministerio Público sostiene que el informe presuntamente falsificado "evitó que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento de caducidad de la licencia otorgada por el transcurso del plazo previsto en la ley", permitiendo que la autorización urbanística siguiera vigente.
La licencia había sido concedida en julio de 2011 para la construcción de un edificio de 30 viviendas en el Plan Parcial de Fontiñas y estaba condicionada al cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa urbanística.
La Fiscalía sostiene que la obra ni siquiera había comenzado
La supuesta falsificación se produjo después de que la jefa del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística ordenase en mayo de 2015 comprobar el estado de las obras.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado elaboró un informe en junio de ese mismo año en el que certificaba que el edificio se encontraba "exteriormente finalizado". Sin embargo, el escrito de acusación mantiene que esas afirmaciones "no respondían a la realidad, de lo que era consciente el acusado".
Además, siempre según el Ministerio Público, el funcionario incorporó al expediente fotografías de otro edificio del mismo barrio en lugar de imágenes correspondientes a la promoción que debía inspeccionar, con el objetivo de acreditar falsamente el estado de ejecución de la obra.
Cuatro años de prisión, multa e inhabilitación
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de cuatro años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El Ministerio Público reclama igualmente una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública.
Con la suspensión de la audiencia preliminar celebrada este miércoles, el procedimiento queda ahora pendiente de que se resuelva la petición relativa a la responsabilidad civil subsidiaria del Concello de Santiago antes de que pueda fijarse la continuación del proceso judicial.
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