Elisardo Becoña, director de la Unidad de Tabaquismo de la USC: «La nueva ley llega tarde y todavía se queda corta»

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que plantea la mayor ampliación de los espacios libres de humo en España desde la reforma de 2010. Terrazas, playas, campus universitarios, piscinas colectivas e instalaciones deportivas pasarán a estar vetados al tabaco si el texto supera la tramitación parlamentaria. También se equiparan los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional y se prohíbe expresamente fumar a los menores.

Pero el matiz es importante: la ley todavía no está aprobada ni se encuentra en vigor. El Gobierno ha dado luz verde al proyecto y lo remitirá ahora a las Cortes, donde tendrá que reunir los apoyos suficientes. Esa diferencia entre la conveniencia sanitaria de las medidas y su viabilidad política es precisamente el punto de partida de Elisardo Becoña, catedrático de la Universidade de Santiago y director de la Unidad de Tabaquismo y Trastornos Adictivos de la USC.

«Hay dos niveles: una parte técnica, profesional o sanitaria, y una parte política», explica. En el primero, afirma, apenas existen dudas. España debe continuar restringiendo el consumo en los espacios públicos, reforzar la prevención y ampliar los programas para abandonar el tabaco. En el segundo, el resultado es menos previsible: la tramitación puede durar meses y dependerá del consenso entre los grupos y de la evolución de la legislatura.

Becoña considera adecuadas las medidas y rechaza que sean especialmente severas. Alrededor de 52.000 personas mueren cada año en España de forma atribuible al tabaco, que sigue siendo, recalca, «la primera causa evitable de muerte».

«No es fastidiar a nadie; es tomar medidas para que la gente viva más y mejor», resume. El catedrático recuerda que la mortalidad asociada al tabaquismo comenzó a descender después de las primeras restricciones y defiende que las leyes aprobadas hasta ahora han reducido el consumo, la enfermedad y las muertes vinculadas a esta adicción.

"No tiene sentido fumar delante de un hospital o en un campus"

La reforma sería, si sale adelante, la tercera gran ley estatal contra el tabaco. La primera, de 2005, introdujo restricciones en centros de trabajo y establecimientos; la reforma de 2010 prohibió fumar en los espacios cerrados de bares y restaurantes. Para Becoña, aquella primera norma produjo el verdadero cambio cultural al presentar el tabaquismo como un trastorno adictivo y no como una simple costumbre.

La nueva propuesta complementa ese camino, aunque el experto cree que llega con retraso. A su juicio, una reforma de este alcance debería haberse aprobado entre 2015 y 2020. «Se va avanzando un poquito más lento de lo que se debiera», lamenta. No obstante, señala que las resistencias acompañaron también a las dos leyes precedentes y que los pronósticos más alarmistas no se cumplieron.

Uno de los espacios afectados tiene una presencia especialmente visible en Santiago: los campus universitarios. La futura norma también establece áreas de protección reforzada alrededor de centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos y de investigación. Tampoco se podría fumar a menos de quince metros de sus accesos.

Becoña pone dos ejemplos muy próximos. «No tiene sentido que se esté fumando delante de un hospital», afirma. Tampoco, añade, que se haga en un campus universitario donde se forman jóvenes y, entre ellos, futuros profesionales sanitarios. Para él, estas prohibiciones reducen la exposición involuntaria al humo y dejan claro que fumar no es inocuo.

Proteger a los que todavía no están enganchados

El proyecto incorpora además una prohibición expresa para los menores de 18 años. Hasta ahora, la ley impedía venderles o suministrarles tabaco, pero no recogía de manera literal que no pudieran consumirlo. La reforma extiende la limitación a vapeadores y otros productos relacionados. Las infracciones leves partirán de 200 euros y, en el caso de menores, responderán sus progenitores, con la posibilidad de sustituir el pago por trabajos comunitarios.

Sanidad también quiere limitar la venta de vapeadores y productos similares a establecimientos especializados. Becoña insiste en que no son alternativas inofensivas: mantienen la capacidad de generar dependencia y pueden ser una puerta de entrada a la nicotina.

El experto sitúa el debate sobre la libertad individual en un marco distinto al de quienes critican las restricciones. Según señala, solo alrededor del 20% de la población fuma actualmente. «Lo que hay que hacer es proteger los derechos de la gran mayoría, que son los no fumadores, para que no enfermen por el humo pasivo», señala. Al mismo tiempo, añade, las medidas deben acompañarse de ayuda para quienes desean dejarlo.

Presentar cada prohibición como una amenaza repite, a su juicio, un patrón conocido. «Los grupos interesados se echan las manos a la cabeza creyendo que va a ser una hecatombe», sostiene. Recuerda, sin embargo, que ni los bares ni los restaurantes desaparecieron tras vetarse el humo en su interior.

Una sociedad sin humo: utopía

Becoña va incluso más lejos. Considera que España necesitará todavía una cuarta y una quinta ley antes de alcanzar una generación libre, o casi libre, de tabaco. Entre las medidas futuras menciona una subida importante del precio, mayores límites de edad para acceder al producto, más prevención entre los jóvenes y una oferta más amplia de tratamientos de deshabituación.

El precio, asegura, es una de las herramientas más eficaces. «Si se sube el precio del tabaco, baja el consumo», afirma, siempre que exista un control suficiente del contrabando. Frente a una prohibición absoluta, que podría alimentar un mercado ilegal, propone reducir progresivamente la accesibilidad y los lugares donde se permite fumar.

Calcula que en diez o veinte años podría aprobarse una quinta reforma capaz de rebajar el tabaquismo hasta porcentajes cercanos al 10%. «Fumar será anecdótico. No hay marcha atrás en la historia», pronostica. Aun así, advierte de que el consumo será más difícil de erradicar entre personas con depresión, ansiedad o trastornos psicóticos, que en ocasiones utilizan la nicotina para aliviar el estrés o afrontar el malestar emocional. Por eso insiste en que las restricciones deben ir acompañadas de prevención, atención psicológica y tratamiento.

Por todos estos motivos, más que celebrar una ley ya hecha, el director de la Unidad de Tabaquismo de la USC se mantiene prudente a la espera de que las Cortes consigan convertirla en realidad. Si ocurre, no será para él el final de las restricciones, sino un peldaño más. El objetivo que sitúa al fondo no es expulsar al fumador de la vida pública, sino lograr que cada vez menos jóvenes comiencen y que quienes ya dependen de la nicotina encuentren apoyo para abandonarla. Una sociedad en la que encender un cigarrillo sea, dentro de dos décadas, una excepción.