Choque entre Raxoi y Xunta por el control de Santiago como zona tensionada

La publicación en el BOE de Santiago como zona de mercado residencial tensionada ha servido para visibilizar un nuevo choque entre el Concello compostelano y la Xunta de Galicia, en este caso por diferencias de criterio entre ambas instituciones sobre a cuál de ellas corresponde el control de que lo que esta medida representa se esté llevando a cabo y, en su caso, la puesta en marcha de un régimen sancionador para quien no la cumpla.

La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, insistía este viernes en rueda de prensa en que es el Gobierno gallego el que debe realizar el procedimiento de inspección y control, puesto que las competencias en materia de vivienda son autonómicas, y añadía que así se está actuando en otras comunidades.

La alcaldesa atribuye la inspección a la Xunta

Al ser cuestionada por las declaraciones del presidente Alfonso Rueda recalcando que los resultados de esa declaración de mercado residencial tensionado son responsabilidad del Concello, la regidora municipal respondía que «nós temos unha obriga con ese plan de medidas correctoras. Todo o mundo ten esas obrigas que ten que cumprir e por suposto a posibilidade de facer inspección para que se cumpra é da Xunta».

Tras preguntarse quién sabe los contratos que hay y dónde están depositados, y quién se encarga de ese control, recalcó que no se lleva a nivel municipal, por lo que considera «lóxico» que la inspección sobre su aplicación en Santiago la realice el Ejecutivo autonómico.

Prosiguió asegurando que al margen de las posturas políticas sobre dicha declaración, «una vez aprobada, iso hai que levalo a cabo, levalo a práctica», y consideró que «non hai moito máis que debater».

Revisión de resultados

Apuntó que «haberá tempo de mirar se a cabo dun ano funcionou ou non, e se hai que facer axustes, pero o que non se pode facer é non colaborar», e incidió en que reclamarán a la Xunta que cumpla con su responsabilidad y competencia.

Desde Vivenda, su secretario xeral, Heriberto García Porto, replicaba que no es competencia autonómica «establecer un procedimento de seguimento nin moito menos un réxime sancionador».

En declaraciones remitidas a los medios, incidía en que el papel de la Xunta, en aplicación de la ley y a solicitud de los municipios interesados, es el de comprobar el cumplimiento de requisitos y dar luz verde a la declaración si corresponde.

Recalcaba también que «en ningún caso é competencia da Xunta establecer un procedemento de seguimento e moito menos un réxime sancionador. É unha lei estatal, e no seu caso, debe ser o Estado o que estableza o réxime sancionador».