Los juzgados de Santiago operan con cinco vacantes y una sobrecarga de hasta el 50%

El equipo de Civil y Familia del Servicio Común de Ejecución de los juzgados de Santiago afronta una importante acumulación de trabajo mientras cinco de las 17 plazas previstas permanecen vacantes. La falta de personal eleva alrededor de un 50% la carga que soportan actualmente los profesionales destinados a la ejecución civil y coincide con un fuerte crecimiento de la actividad durante los últimos años.

La plantilla prevista para este equipo está formada por cinco gestores y doce tramitadores, pero actualmente trabajan 12 personas, al estar sin cubrir dos puestos de gestión y otros tres de tramitación. Cuatro de estas vacantes, además, llevan varios meses pendientes de cobertura. En la práctica, el servicio está funcionando con el 70% de sus efectivos previstos.

Los datos proceden de un informe elaborado por la sección sindical de CIG-Xustiza, que sitúa el origen de la situación en un déficit de personal mantenido durante los últimos años y no únicamente en los cambios derivados de la implantación de la nueva Oficina Judicial, completada a finales de 2025.

La situación resulta todavía más ajustada en Civil General. Dos de los tramitadores que están actualmente en activo se encuentran adscritos específicamente a Familia, por lo que la ejecución civil general queda en manos de diez profesionales —tres gestores y siete tramitadores— frente a los 15 que tendría con todas las plazas cubiertas.

Esta diferencia se traduce directamente en el número de expedientes que debe gestionar cada trabajador. De acuerdo con el informe, cada profesional de ejecución civil general soporta una media de 230 ejecuciones correspondientes únicamente a 2024 y 2025, cuando con la plantilla completa serían unas 153. Es decir, alrededor de un 50% más.

La situación es similar con los escritos pendientes: actualmente corresponden unos 166 por profesional, frente a los aproximadamente 110 que resultarían con todos los puestos cubiertos. En este caso, la sobrecarga alcanza el 51%.

De 1.500 sentencias a casi 2.500 en dos años

El incremento de actividad también aparece reflejado en las resoluciones. Las sentencias contabilizadas pasaron de 1.500 en 2023 a 2.180 en 2024, un crecimiento del 42 %. En 2025 volvieron a aumentar hasta alcanzar las 2.490, lo que supone un incremento acumulado de más del 60% en apenas dos años.

También crecieron las ejecuciones de títulos judiciales. Fueron 1.550 en 2024 y 1.800 en 2025, un 16% más. A día de hoy figuran 2.300 ejecuciones en trámite correspondientes exclusivamente a esos dos ejercicios, a las que se suman 1.655 escritos pendientes de proveer. Solo una de las plazas concentra unos 700.

El volumen total de trabajo, además, sería superior porque esas cifras no incluyen procedimientos procedentes de ejercicios anteriores. Las ejecuciones civiles pueden prolongarse durante años e incluso décadas. Tampoco están incorporadas otras actuaciones de mayor complejidad, como las ejecuciones de títulos no judiciales o las ejecuciones hipotecarias.

La evolución compostelana contrasta además con la registrada en el conjunto de Galicia durante 2025. Mientras la pendencia civil descendió un 8,1 % en la comunidad, las ejecuciones en trámite de esta sección de Santiago aumentaron un 52,7%.

El problema no afecta únicamente al funcionamiento interno de los juzgados. Los retrasos en la fase de ejecución pueden prolongar el momento en el que una resolución judicial acaba teniendo efectos reales sobre asuntos especialmente sensibles, desde pensiones de alimentos o procedimientos relacionados con víctimas de violencia de género hasta impagos de alquileres y deudas con comunidades de propietarios.

Entre las medidas planteadas para aliviar la situación se encuentra la cobertura inmediata de las cinco vacantes con personal interino ya formado, además de su provisión definitiva cuando sea posible. También se reclama un plan específico para el equipo de Ejecución Civil y un análisis de las cargas de trabajo y de las necesidades reales de personal.