Acceso a la vivienda
Santiago recibirá una inversión millonaria del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado
El Gobierno destina un total de 5,1 millones de euros a la capital gallega y A Coruña, las ciudades gallegas en las que ha sido declarada la zona tensionada

La minsitra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles durante un acto en la localidad navarra de Lekumberri / Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. En ese reparto, Santiago percibirá una parte de los 5.112.304 euros que corresponden a Galicia, donde la declaración de zona tensionada está vigente en la capital gallega y en A Coruña. En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en los 317 municipios de Galicia, Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, que han implementado la medida.
Objetivo: aumentar la oferta de vivienda asequible
El objetivo de esta ayuda estatal es contribuir a incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en estas zonas, en colaboración con las administraciones correspondientes. Así lo anunció este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante un acto en la localidad navarra de Lekunberri.
"Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar el precio del alquiler. Pero también implica un esfuerzo por movilizar y construir vivienda por parte de todas las administraciones", afirmó la ministra. "Nosotros vamos a acompañar a ayuntamientos y autonomías en esa respuesta con estos 90 millones de euros que van a servir para promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda", añadió Isabel Rodríguez.
Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
Corrección de los desequilibrios
Las ayudas -previstas en el artículo 18.5 de la ley por el derecho a la vivienda- buscan contribuir al desarrollo de los planes específicos diseñados por las comunidades autónomas para que cada una de las zonas de mercado residencial tensionado pueda corregir los especiales desequilibrios que dificultan el acceso a la vivienda.
El borrador de real decreto detalla que las comunidades autónomas deberán aplicar la subvenciones a las actuaciones señaladas por la ministra Isabel Rodríguez. En general, se establece que podrán destinarse a cualquiera de las ayudas reguladas en los capítulos II y III del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (para incrementar la oferta de vivienda asequible y para la rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural).
Criterios de distribución de las ayudas
Para la distribución del total de 90 millones entre las cinco comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado se han tenido en cuenta dos factores: la población residente en las zonas afectadas y el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago de alquiler (más del 40% de los ingresos netos). Entre Santiago y A Coruña viven 352.119 personas en zonas tensionadas, con un 6,81% de los hogares en situación de sobreesfuerzo.
En el reparto, se atribuye una ponderación del 80% a la población residente en zonas de mercado residencial tensionado de la comunidad autónoma y del 20% al porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler. De este modo, Catalunya percibe casi 60 millones; el País Vasco, 15,5; Navarra, 6,6; Galicia, 5,1; y Asturias, casi 3 millones.
Según el Gobierno, el objetivo es hacer llegar el dinero a las comunidades autónomas, en un solo pago, dentro de un plazo máximo de cinco meses después de la entrada en vigor del real decreto.
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