Aprueba la Policía Local el duro examen del Defensor del Pueblo para prevenir torturas
Supera doce y suspende en siete de los aspectos analizados en seguridad y vigilancia a los detenidos en sus instalaciones // Destaca las facilidades que ofrece para el contacto con familias
La Comisaría de la Policía Local en Santiago de Compostela superó el examen al que estuvo sometido a lo largo del pasado año para analizar las relaciones de los agentes con las personas detenidas. Y lo hizo con cierta suficiencia ya que aprobó en la mitad de los parámetros analizados y suspendió en otros siete, mientras que en cuatro no fue evaluado y en el restante, son 24, no se presentaba, dicho en lenguaje de calificaciones escolares.
Las dependencias policiales fueron unos 106 centros de privación de libertad que el Defensor del Pueblo tuvo bajo control a lo largo de 2019 dentro del denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes cuyo informe presentó ayer en el Congreso y Senado el propio Francisco Fernández Marugán.
Se analizaban 24 aspectos relacionados con el trato y los derechos de las personas privadas de libertad, y la comisaría compostelana sacó máxima nota en presencia constante de agentes en zona de custodia, que no acuden con armas a las zonas de custodia, la existencia de taquilleros para pertenencias de los reclusos, buen estado de las colchonetas y mantas limpias en los calabozos y que éstos no tienen elementos facilitadores de autolesiones o que está dotada con servicios sanitarios antivandálicos y placa turca.
Destaca el Defensor del Pueblo en su exhaustivo trabajo que los sistemas y ventilación y climatización de las celdas son más que adecuados , la calidad de la alimentación y el agua, y que se cumplen de forma escrupulosa los protocolos de actuación sanitarios en el caso de embarazadas o personas infectocontagiadas o que el libro-registro se cumplimenta con rigor.
De la parte negativa el informe del organismo que preside Fernández Marugán destaca las dificultades que tienen los detenidos en el acceso a los calabozos o que no cuentan con bolsas apropiadas para guardar las pertenencias que deben depositar tras su llegada al edificio.
Como en el resto de comisarías sometidas a control la de Santiago carece de sistemas sonoros de llamada desde las celdas, los agentes no están bien identificados y existen notorias deficiencias en lo que se refiere al registro completo de cadena y en la información a los detenidos sobre la forma de comunicarse con los agentes de custodia. Tampoco existe cobertura de videovigilancia suficiente en las instalaciones de la Policía Local por lo que no se pudo evaluar ni la conservación de las grabaciones ni el monitor de vigilancia en la zona de calabozos.
En el informe del Defensor del Pueblo se destaca expresamente “como buena práctica la detectada en la Comisaría de Policía Local de Santiago de Compostela, donde se dispone de una zona de comunicación en la que las personas detenidas pueden recibir visitas de sus familiares. Se ha de señalar que en estas dependencias solo se realiza la custodia de detenidos para su posterior traslado al centro penitenciario correspondiente”. “No obstante”, se añade, “para acceder a la zona de comunicación, el detenido debe adoptar una postura forzada y agacharse para poder pasar a su interior”.
“En consecuencia se formuló una sugerencia para que se subsane, que ha sido aceptada”, refleja Francisco Fernández Marugán en este estudio en el que se hace constar que en los dependencias de la Policía Local de Santiago de Compostela “no ingresan menores de edad”.
Los investigadores dependientes del Defensor del Pueblo el pasado año investigaron 106 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y la ciudad de Melilla. 47 de estas visitas fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución suponen o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones.
Eran comisarías de las policías nacional, autonómica o local, comandancias y cuarteles de la Guardia Civil, cárceles, centros de internamiento de menores, extranjeros o con problemas mentales y unidades de custodia hospitalaria. Se hacen de forma aleatoria y las visitas y controles se realizan en cualquier momento del año.
En total, se formularon 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales y en el caso de la Comisaría Local de Santiago no se detectaron infracciones penales ni denuncias por presuntos casos de torturas o maltrato ni comportamientos degradantes hacia los detenidos en sus calabozos.
Junto a la de Santiago se analizaron comportamientos de las Policías Locales de Almansa (Albacete), Antequera (Málaga), Avilés (Asturias, Barbate (Cádiz), Carmona (Sevilla), Haro (La Rioja), Granadilla (Tenerife) y Roquetas de Mar (Almería).
A lo largo de 2019, 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia, según consta en el informe del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).