Área Central languidece y ve inviable continuar si el Concello no interviene

Cuando en 1993 Área Central abrió sus puertas como la calle comercial más larga de Europa, con más de 120 locales, 656 viviendas, una treintena de oficinas, cines y una gran plaza peatonal, pocos podían imaginar que años después llegarían sus horas más bajas. Ahora, con una situación financiera complicada, con “morosidad” por parte de la comunidad de propietarios para pagar gastos de limpieza, seguridad o alumbrado, hacen un llamamiento al Concello para que sufrague parte de los servicios básicos de este macroedificio.

Así, Área Central apela a un “contrasentido jurídico” desde la inauguración del edificio y solicita ser considerada como un área urbana más de la ciudad, lo que supondría que el Ayuntamiento compostelano asumiera los costes del servicio de limpieza, recogida de basura, seguridad y alumbrado eléctrico.

Con esta medida, desde la gerencia de Área Central aseguran que sería sostenible y saldrían beneficiados cerca de 15.000 compostelanos que viven, trabajan o visitan el complejo a diario.

Recuerdan que si hace años la situación económica ya era complicada, durante y después del covid-19 “la estrechez financiera se ha revelado como insalvable y la comunidad de propietarios ha tenido que prescindir del 75 % de los servicios de seguridad y del 50 % de los de limpieza, además de acometer despidos, ERTEs, supresión de la actividad de ascensores, escaleras mecánicas y otras partidas menores”.

La gerencia asegura que existe un “contrasentido” de concepto entre lo público y lo privado desde sus inicios, debido a su peculiaridad como un edificio en el que conviven locales, oficinas y viviendas y como un espacio de encuentro entre los vecinos del barrio y de toda la ciudad.

Por este motivo, solicitan al Concello que la considere como una calle comercial más, como cualquier otra de Santiago. De la misma manera que en cualquier calle de la ciudad con locales comerciales con oficinas y viviendas encima el Concello asume sus servicios básicos, “en Área Central estos mismos servicios son privados, asumidos por una comunidad de propietarios incapaz de sostenerlos y que benefician, no sólo a los comerciantes, sino también a todos los vecinos del complejo y del barrio”.

Explican que “a pesar de existir un grave problema de morosidad desde hace años en la comunidad, en los tiempos de prosperidad todas las carencias se disimulan; sin embargo, en época de escasez económica, los problemas afloran y ahora mismo los gastos de mantenimiento del edificio no son asumibles por los propietarios de la comunidad”. Así, señalan que hay muchos locales cerrados, otros en proceso de subasta, algunos abiertos pero anticuados, bastantes en un momento cuyos titulares están próximos a la jubilación, y son incapaces de sostener por sí mismos estos servicios.

Añaden que todos los locales pertenecen a autónomos y pymes compostelanos, en el mayor parte de los casos en régimen de autoempleo, “con nombres y apellidos, que llevan más de una década viendo cómo el sueño de sus vidas va perdiendo valor”.

Vaticinan que si Área Central y su plaza no cuentan con los citados servicios básicos, implicaría “que se empezarán a llenar de suciedad acumulada y en los porches del porticado circundante se irá acumulando basura sin recoger y la falta de servicios de seguridad durante el día va a propiciar un aumento de la delincuencia y de la inseguridad”, sostienen.

DOS MIL VECINOS. Argumentan que “todo ello repercutirá a lo largo de los próximos días y semanas en la calidad de vida de los más de 2.000 vecinos que residen en el edificio, de los más de 200 que trabajan diariamente en sus oficinas, en las vidas de los más de 400 trabajadores que prestan sus servicios en las tiendas y en el hipermercado, en los 100 clientes que visitan a diario el hotel, y en los 12.000 compradores y clientes habituales diarios que acuden a Área Central. En total, afectará a la vida diaria de 15.000 compostelanos”.

A medio y largo plazo prevén que la situación ocasionará “la pérdida total del valor de las viviendas, oficinas y locales y un gran problema sanitario y de orden público”.