Caso Cepeda: la acusación popular descarta el brote y apunta a asesinato

Recién cumplido el año desde que el pequeño santiagués Marcos Cepeda, de tres años de edad, moría asfixiado presuntamente a manos de su tío, Santiago Cepeda Quintela, la acusación popular, que ejerce la Fundación Amigos de Galicia, tras recibir los informes forenses del instituto de medicina legal de Galicia (Imelga), apunta a que fue un asesinato, descartando que el acusado sufriera un brote psicótico.

El letrado que representa a la Fundación, Francisco José Lago Calvo, manifiesta sus conclusiones en relación con dicha documentación, afirmando que “los facultativos del Área de Psiquiatría del Hospital de Santiago, psiquiatras que atendieron al investigado desde el primer día de los hechos hasta su alta hospitalaria (el 27 de octubre de 2020), descartaron que sufriese un brote psiquiátrico, asumiendo como posible diagnóstico una amnesia disociativa; e indicando que no se evidencia clínica psicótica en ningún momento a lo largo del ingreso”.

Además, explica que el informe de imputabilidad del Imelga, del 18 de mayo, refleja que “en fechas anteriores y próximas a los hechos, los síntomas descritos y el tipo de tratamiento orientan a un episodio depresivo de características leves”. En este sentido, añade el letrado, representa un diagnóstico que implica una sintomatología de intensidad clínica insuficiente para alterar las capacidades cognitivas y volitivas en relación con los investigados.

Por lo tanto, el abogado asegura que “contextualizando en los hechos investigados este posible déficit en el control inhibitorio de respuestas automáticas/impulsivas, se puede concluir que su capacidad volitiva podría haber estado afectada de manera leve en el momento de los hechos, considerándose un nexo de causalidad en términos de parcialidad e hipótesis, nunca en términos de totalidad ni certeza”.

La entidad justifica, de este modo, “la personación en esta causa teniendo en cuenta que nos amparamos en nuestros estatutos en cuanto a la defensa de la infancia, y en este caso hay un claro conflicto de intereses en el que el acusado es familiar de la víctima y la familia del pequeño ha renunciado a personarse en la causa”.

La Fundación Amigos de Galicia presentaba a través de su letrado el pasado cuatro de febrero un escrito de solicitud de diligencia al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela, en el que se solicitaba dicho informe con el objetivo de llevar a cabo una efectiva defensa de los intereses del ente, que no es otro que el de proteger los intereses de “menores vulnerables e indefensos”.

Recibido el informe, el letrado ha concluido que no hay base clínica que permita hablar ni de brote psicótico ni de trastorno mental transitorio, por lo que habría que hablar de asesinato.

DEFENSA DE MENORES. En base al artículo 6.4 y 6.5 de sus estatutos, y teniendo en cuenta la experiencia en casos donde se vulneran los derechos de los menores, la entidad incide en que se ha personado como acusación popular en el caso de este niño compostelano “para denunciar y evitar que este tipo de acontecimientos continúen ocurriendo, siendo éste el motivo que mueve a la entidad a personarse en esta causa”.

En la actualidad, la FAG también se encuentra personada en el caso de Desirée Leal, la niña de siete años supuestamente asesinada por su madre el 3 de mayo de 2019 en el domicilio familiar de Muimenta, en el municipio lucense de Cospeito. En él, indican, “la investigación apunta a que la pequeña fue presuntamente asfixiada por su progenitora” que, actualmente, se encuentra en prisión “como sospechosa principal de la muerte de la pequeña”.

Con todo, lamentablemente, destacan que estos no son hechos aislados, ya que en la comunidad también se produjeron, por ejemplo, el caso del parricida de Moraña que acabó con las vidas de sus dos hijas el día que debía devolver a las pequeñas a la madre; o el del coruñés que mató a su único hijo, de 11 años, en un monte de Oza Cesuras el Día de la Madre de 2017 para vengarse de su exmujer.

Esta institución también compareció como acusación en una causa similar ocurrida en Ourense, relacionado con la muerte de un bebé y la lesión de su mellizo de dos meses, ocurrido el pasado mes de marzo de 2019. En este caso, defiende que actuó “en favor de los derechos de los menores y contra los progenitores de estos por un delito de homicidio por imprudencia”, por lo que se les impuso un año de prisión; y otros dos años de cárcel por un delito de lesiones. A ello se sumó la privación de la patria potestad sobre el menor afectado.

“Desde la Fundación Amigos de Galicia decidimos personarnos en estas causas porque queremos que los derechos de los niños prevalezcan, así como para exigir el cumplimiento de las penas de las personas que incurren en los mismos”, concluye la entidad.