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Clamor en la oposición: el pacto del superávit local es un atraco

Los populares tachan de “corralito financeiro” el acuerdo entre Sánchez y Abel Caballero // “É un roubo aos aforros dos composteláns”, dice Goretti Sanmartín

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias para poner a disposición del Ejecutivo nacional 14.000 millones de euros de los remanentes de los ayuntamientos ha generado no poca polémica. Tras el primer análisis del Real Decreto realizado por el equipo de gobierno local compostelano, el alcalde en funciones, Sindo Guinarte, señaló a EL CORREO que el pacto no parece tan perjudicial como se entendía en un primer momento, aunque Santiago podría perder hasta “seis de los doce millones de euros del remanente”, que entregaría a Madrid a cambio de unos incentivos, consistentes en entrar en el reparto de 5.000 millones de euros y otros 400 por el déficit tarifario del transporte urbano.

En este contexto, los grupos municipales de la oposición fueron claros sobre su postura: el acuerdo es un atraco a las administraciones locales. Desde el grupo del PP de Santiago, el concejal Ramón Quiroga subrayó que el decreto es “un corralito financeiro, unha expoliación dos aforros dos veciños de Santiago. É un escandalo que o Goberno central pretenda confiscar o 70 % de doce millóns de euros que son parte dos tributos que pagan os veciños de Santiago”.

En este contexto, y en su interpretación del pacto, censuró además que el Gobierno pretenda “dicirnos como temos que gastar a cantidade restante do remanente que se levan, é dicir, que nos marquen desde Madrid como temos que gastar uns cartos que son da administración local”. Así, recordó que “nunha situación de pandemia como a que se está a vivir o lóxico é que sexan os propios concellos, que están en permanente contacto cos cidadáns e coñecen directamente as súas necesidades, os que decidan as inversións”.

Incidió en que en el momento actual antes de gastar el remanente habría que “estudar as necesidades que hai que atender de forma urxente: o apoio ás empresas, aos autónomos, aos traballadores que se atopan en ERTE. Ademais de confiscación dos fondos municipais, o Goberno de Pedro Sánchez quere obrigarnos a gastar os castos onde eles queiran”.

Sobre la postura del ejecutivo de Sánchez Bugallo, quiso recordar que en el pleno de la pasada semana todos los grupos votaron en contra de la confiscación del superávit y exige que se mantenga este acuerdo plenario. Con esto, insistió en que el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Abel Caballero, en calidad de presidente de la FEMP, “é un atentado contra a autonomía da administración local”.

En esto también coincidió la portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, quien en declaraciones a EL CORREO indicó que “este acordo é un roubo dos aforros dos composteláns, provocado pola lei Montoro. É escandaloso e o PSdeG de Santiago sabe que esto é malo para Compostela”. La concejala señaló que su grupo está a la espera de que el gobierno le detalle las cuentas del remanente y que la intervención municipal concrete la cantidad de dinero con la que se quedaría el Gobierno central. “Eses aforros dos veciños de Santiago non se van poder investir en obras, en melloras para a cidade. Non se pode permitir que o Estado nos diga en que debemos gastar os nosos cartos. É coartar a autonomía local”, censuró la edil.

Por su parte, Compostela Aberta, en un comunicado que firmó con el resto de mareas gallegas, manifestó que “o aforro dos concellos debe servir para facerlle fronte dende a proximidade ás consecuencias da pandemia da covid-19, que lamentablemente están aínda lonxe de remitir. Deben usarse estes recursos para que os gastos excepcionais que están a realizar as entidades locais non se traduzan nun desequilibrio orzamentario”. Y sobre el acuerdo de esta semana, defendió que “pisotea as competencias municipais, adoece dun marcado carácter centralista e supón un desprezo para o traballo dos concellos”.

Sindo Guinarte, regidor en funciones, señaló, tal y como recogió este periódico esta semana, que el texto jurídico final no es tan perjudicial como se planteaba inicialmente para el caso concreto de Santiago por su buena situación financiera. No obstante, subrayó que la decisión se llevará al pleno.

08 ago 2020 / 00:59
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