Desfase en septiembre con más de 120 denuncias por fiestas en pisos
A pesar de los llamamientos a la responsabilidad, los jóvenes siguen haciendo oídos sordos // Las multas son de 200 €
Los estudiantes siguen haciendo oídos sordos a las peticiones de responsabilidad social por parte del Ayuntamiento de Santiago y de la USC. Así lo demuestran día tras día los datos del parte de incidencias de la Policía Local, que en la noche del miércoles tuvo que acudir a siete pisos en los que se estaban celebrando fiestas.
Parece que las sanciones que se imponen por este motivo, que son de doscientos euros, no están tendiendo el efecto disuasorio deseado. Estas multas se ponen atendiendo a la ordenanza de ruidos, que es el motivo por el que puede sancionar Raxoi.
De hecho, solo durante el mes de septiembre se celebraron en la capital gallega 123 fiestas en viviendas particulares, a pesar de las continuas advertencias de las autoridades por el peligro que pueden suponer este tipo de reuniones para propagar el virus. La jornada más problemática fue con diferencia la del jueves pasado, con 28 denuncias interpuestas por los agentes por celebraciones en inmuebles. Además, ese mismo día la Policía también desalojó un pub del casco histórico, en el que había más de 70 personas en su interior y que superaba con creces el aforo permitido.
Esa cifra tan elevada en el primer jueves tras el inicio del curso universitario vino a confirmar lo que ya se sospechaba, que la mayoría de estas celebraciones son de universitarios, que los fines de semana vuelven a sus casas.
Asimismo, son frecuentes las reuniones de jóvenes en parques, zonas verdes, o pasadizos, que quedan para beber y que además incumplen otras normas como no llevar la mascarilla puesta, no respetar la distancia de seguridad, o por ser grupos de mas de diez personas. Sin ir más lejos, hace unos días se interceptaba a 15 jóvenes en las Brañas de Sar. Lugares como el Sarela o el barrio de San Lourenzo también son zonas que se escogen para realizar este tipo de actividades, que en estos momentos no están permitidas por la normativa.
El Ayuntamiento de Santiago está haciendo un gran esfuerzo para controlar las fiestas en pisos y los botellones, puesto que cuenta con un dispositivo especial y un refuerzo de las patrullas nocturnas con el fin de poder dar respuesta a las llamadas de los vecinos, que alertan de la realización de estas reuniones.
Cuando se produce una infracción de este tipo tiene que ser un vecino que resida en el mismo inmueble quien de el aviso a la Policía Local. Hay que recordar que en la actualidad, las restricciones sanitarias vigentes no permiten que los pubs y discotecas permanezcan abiertos. Tan sólo pueden hacerlo si tienen terraza y con el horario del resto de la hostelería.
El ocio nocturno de Santiago ya advirtió de que si no se les dejaba trabajar los jóvenes iban a buscar la forma de divertirse y a optar por organizar fiestas en pisos y pequeños botellones en parques y en otros puntos de la ciudad, algo que finalmente ha terminado ocurriendo.
Dadas las cifras del mes pasado y con el objetivo de concienciar a la población universitaria de Compostela de la importancia de seguir las pautas de distanciamiento social e higiene de manos, la USC y Asociación Hostelería Compostela se acaban de unir en una campaña con la que se quiere mentalizar al alumnado de la necesidad de desarrollar un ocio responsable, que se puede garantizar en los establecimientos de hostelería de la ciudad.
La iniciativa se llevará a cabo a través de las redes sociales, donde se difundirán una serie de vídeos, entre otro material divulgativo, destinados a fomentar el cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Desde la Asociación Hostelería Compostela se incide en que los locales son espacios seguros, en los que hay que cumplir una serie de medidas de higiene y control. Esas normas no suelen estar presenten cuando las celebraciones se llevan a cabo en domicilios particulares.
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El alcalde de Santiago pedía a la Xunta hace unos días que las multas por fiestas en pisos pudieran tramitarse como amenaza a la salud pública, para así ser más ejemplares y elevadas, alcanzando los 1.200 euros.
La respuesta del Ejecutivo gallego no se hizo esperar y aunque Rueda dijo que se tendría en cuenta esta solicitud, puntualizó que los ayuntamientos ya pueden sancionar las infracciones por el incumplimiento de las restricciones sanitarias, en el marco de la Lei de Sanidade de Galicia. Sin embargo, ayer Xosé Sánchez Bugallo volvió a insistir en que “ahí hay una contradicción”. El regidor aclaró que las multas por celebraciones en viviendas, las está tramitando el Concello, de acuerdo a la ordenanza de ruidos, pero “el problema no reside ahí, sino en aquellas infracciones que vienen derivadas en la normativa autonómica y que no están previstas en la municipal. Por lo tanto, ese es un tema que debe de ser aclarado entre la Fegamp y la Xunta”, precisó.
Asimismo, Bugallo añadió que “los ayuntamientos recibimos un informe de la Abogacía del Estado, que nos dice que no somos competentes y que le corresponde a la comunidad autónoma”. Al mismo tiempo indicó que “hay un informe de la asesoría jurídica de la Xunta que dice que los Concellos pueden tener competencias, y yo tengo pedido un informe a los servicios jurídicos de Raxoi, que coincide más con la Abogacía del Estado, que con lo que dice la Xunta”, señaló.
Por esta razón, el alcalde insiste en que es necesario solucionar este tema “y que se pueda habilitar a los municipios a través de la normativa autonómica, porque lo que dice el artículo 45 de la Lei de Sanidade de Galicia, es que los concellos podrán sancionar el incumplimiento de esa ley, de acuerdo con sus ordenanzas municipales. Y claro, no hay ningún Ayuntamiento que tenga una ordenanza municipal en vigor que hubiera previsto el coronavirus”. De este modo, los castigos por celebrar fiestas podrían ser mucho más elevados, puesto que normalmente en ellas se incumplen muchas de las restricciones marcadas actualmente en la legislación. En este sentido el grupo municipal popular reclamaba también que se actualizasen las cantidades de las sanciones previstas en la ordenanza de ruidos, para que como mínimo fuesen de 500 euros y así tuvieran un efecto más disuasorio.
