Detenidos por estafar a extranjeros bajo falsas promesas de regularización

Más de un centenar de personas extranjeras de la provincia de A Coruña cayeron en las redes de dos supuestos abogados que ofrecían sus servicios con la promesa de regularizar su situación en España. Los detenidos, que actuaban en áreas como Ames, Ribeira, A Coruña, Santiago y otras zonas de influencia, se enfrentan a delitos estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.

La comisaría compostelana recibió una serie de informaciones sobre posibles estafas que se estaría cometiendo con el objetivo de legalizar la situación administrativa en España de extranjeros y aprovechar así la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes deseosas de regularizar su situación para residir legalmente en España. Uno de los avisos llegó del Colegio de Abogados de Santiago, que alertó de que un ciudadano había formulado una queja en la que manifestaba que en marzo de 2020 había contratado los servicios de una abogada, supuestamente especialista en extranjería, así como de su pareja, para realizar los trámites relacionados con su regularización en España sin que el trámite se solucionase tras haber realizado varios pagos. Con estos datos y en permanente colaboración con la Fiscalía del Área de Santiago, los agentes iniciaron una investigación, dirigida por la Magistrada Titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago, y que fue bautizada como Operación Papiro.

Los investigadores lograron identificar a la supuesta mujer que manifestaba ser abogada y a la pareja de ésta y cómo no figuraban colegiados como letrados ejercientes en ningún Colegio de Abogados de España, y mucho menos como representantes en materia de extranjería. Una vez identificados los presuntos responsables, la línea de investigación se centró en averiguar el modus operandi. Estas personas se hacían pasar por abogados especialistas en materia de extranjería realizando diversos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de residencia. La investigación destapó que la pareja arrestada no disponía de despacho físico alguno y se servía de su presencia frecuente en bares, cafeterías y locales frecuentados por ciudadanos extranjeros.

Cuando contactaban con ellos, les ofrecían sus servicios como abogados, aprovechándose de la vulnerabilidad y desconocimiento que muchas de estas personas tenían de las leyes españolas y de la burocracia que conlleva, a unos precios fuera de rango de los que se manejan en el entorno profesional. Para dar más credibilidad a su actividad, concertaban sus citas a las puertas de organismos oficiales como Comisarías de Policía, Registro Civil, Oficinas de Extranjeros.

Allí ofrecían sus servicios para dar un impulso a la tramitación que necesitaban los afectados, y también realizaban trámites de gestión de negocios regentados en su mayoría por ciudadanos extranjeros. Los cobros a ambos se hacían en metálico, aunque en ocasiones también se realizaban mediante ingresos en cuentas bancarias a nombre de terceros y a través de la aplicación Bizum, con cantidades entre los 50 y los 200 € por cada gestión realizada.