Dos años después la jueza Guillén sigue investigando el robo de las mascarillas
Mantiene como imputado al empresario Javier Conde Fiestras // El suceso se produjo al inicio de la pandemia, cuando escaseaban, en una nave del polígono del Tambre y fueron vendidas en Portugal
“Continúa en fase de instrucción”. Es la escueta respuesta que desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, del que es titular la jueza Margarita Guillén Vázquez, se le dio a la responsable del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante la demanda de EL CORREO sobre la situación en la que se encuentra el sumario abierto en abril de 2020, en relación al presunto robo de una cantidad indeterminada de mascarillas en el interior de una nave en el Polígono del Tambre que fueron vendidas en Portugal.
Era la sexta ocasión en la que este periódico intentaba aclarar el recorrido judicial de un suceso que provocó una gran alarma social en pleno confinamiento cuando los ciudadanos estaban desesperados buscando esas mascarillas que, según los expertos sanitarios, eran imprescindibles para protegernos contra el coronavirus covid-19.
En este asunto mantiene su condición de imputado la única persona detenida, el conocido empresario del sector inmobiliario Javier Conde Fiestras, que está inicialmente acusado de un presunto delito de robo con fuerza, aunque en el atestado policial se incluye también otro delito contra la salud pública.
El acusado, que se encuentra en libertad sin cargos, reconoció haber vendido las mascarillas pero no haberlas robadas ya que, según su versión, disponía de las llaves de la nave, propiedad de la empresa mallorquina Oximac, al haber recibido autorización de los administradores concursales para venderla.
La noticia saltó a los medios de comunicación a principios de abril de 2020, aunque los hechos (el robo) se habían producido el 6 de febrero, según se pudo atestiguar a través de unas grabaciones recogidas por la cámara de seguridad de una nave vecina.
Fueron agentes de Policía Nacional, pertenecientes a la unidad adscrita de la Policía Autonómica, los que descubrieron lo ocurrido y pudieron comprobar que, efectivamente, la nave se había vaciado del material sanitario que contenía, sobre todo mascarillas, batas clínicas y otros efectos. Durante cuarenta horas, según consta en el atestado policial, se estuvieron cargando en un trailer con matrícula portuguesa y en una furgoneta, tal y como se pudo comprobar en el visionado de las cámaras de seguridad.
Tras comprobar que Javier Conde Fiestras era el responsable, fue detenido en su propio domicilio en Santiago y puesto a disposición judicial.
Según los investigadores fueron más de un millón de mascarillas las sustraídas, valoradas en cinco millones de euros, aunque el empresario rebajó la cifra reconociendo ante la jueza que había vendido sobre cien mil por ocho mil euros, algo que los agentes consideran imposible dado el medio de transporte utilizado (un trailer de grandes dimensiones) y el tiempo empleado en la carga (esos casi dos días de trabajo).
Javier Conde también reconoció haber contactado con un intermediario portugués que sería quien trasladó el material con destino a una empresa del vecino país.
A lo largo de todo este tiempo la jueza Margarita Guillén Vázquez envió varias comisiones rogatorias a Portugal y realizó otras pesquisas que, según la portavoz del TSXG, no quiso desvelar a este periódico cuando fue requerido por ello, al entender que “en fase de instrucción no se debe informar de nada a los medios”. Lo único que se limitó fue a confirmar que sigue abierta la investigación y con el único implicado imputado, sobre el que no se adoptaron ningún tipo de medidas restrictivas al no haberlas pedido la Fiscal y no existir ni riesgo de fuga ni posibilidad de destruir pruebas, criterio que compartían los agentes que le investigaron.
··· La nave donde se produjeron los hechos, conviene resaltar que el propio Javier Conde reconoció haber vendido cien mil mascarillas que no eran suyas, había pertenecido a la empresa Oximac, que al declararse en concurso de acreedores estaba siendo administrada por la firma María Pascual Advocats. Desde ahí reconocieron que Conde había recibido el encargo de alquilar o vender la nave, pero fueron tajantes: “Este señor no tenía ningún permiso para llevarse material alguno de la nave”; es más, en aquellos momentos en los que escaseaba este tipo de material sanitario fueron ellos los que avisaron a las autoridades sanitarias que había mascarillas almacenadas en instalaciones que estaban bajo tutela judicial. El empresario, por su parte, tras visitar la nave con un posible cliente portugués, tomó la decisión de vender el material que llevaba ocho años almacenado, pero antes, según la policía, “extrajeron las mascarillas de sus cajas y envases para ocultar su caducidad, además de dificultar su trazabilidad e identificación”.