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¿Afán recaudatorio en multas? La empresa se queda un 26 %

El PP pone en duda la idoneidad del túnel de Conxo para el nuevo radar fijo // Trabajadores privados revisan los recursos

FOTO: Antonio Hernández
FOTO: Antonio Hernández

MANUEL GARCÍA SANTIAGO   | 20.02.2020 
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La colocación de los dos nuevos radares fijos en Santiago, en el túnel de Conxo y O Restollal, sigue en pleno centro de la polémica. Sobre todo tras las declaraciones del portavoz del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, en las que anunciaba su intención de presentar una pregunta en el pleno.

El fin de la misma es conocer el papel que había desempeñado la empresa que gestiona las multas en la elección del punto donde se colocaron los cinemómetros, o si el Ayuntamiento se había basado solo en criterios objetivos.

La razón, recordaba, es que la empresa que ha colocado los dos aparatos es también la que se encarga de gestionar las multas, y que a cambio de este trabajo cobra un 26 % del importe total de las mismas.

Una situación que para el concejal ha creado "un estado de sospecha" sobre la posibilidad de que lo que haya detrás, más que una búsqueda de la seguridad vial sea "afán recaudatorio" por parte de la empresa. Su grupo no se opone a la colaboración de la iniciativa privada en la gestión municipal, ni a que se recurra a medios tecnológicos como los fotorrojos o los radares, por su contribución a la mejora del tráfico, "pero otra cosa es la proporcionalidad en el número de medios que se despliegan, y la objetividad y la prioridad en la decisión sobre sus emplazamientos".

"En el caso del túnel de Conxo queda la duda de si su instalación allí es más necesaria que en otros tramos de vías ciertamente peligrosos". Cita, por ejemplo, la carretera de Ourense, donde hubo muchos problemas por los excesos de velocidad, o la zona de San Marcos.

Así, afirmó, "queda la duda sobre si se instaló allí porque es donde se genera más dinero frente a otros tramos donde se pueden generar más accidentes". Para ello, se basa en las declaraciones del concejal, en las que afirmaba que los estudios sobre la localización de los radares los había realizado la empresa.

Estos aspectos son los que quiere que se aclaren en el pleno, en el que también solicitarán que se haga un estudio comparativo de los índices de siniestralidad de toda la red viaria, "porque la peligrosidad no depende solo del número de vehículos que pasan por ella", afirmó.


dudas. "Si se aclara que la situación no la decidió la empresa, sino el departamento de Tráfico con criterios objetivos y de prioridad en favor de la seguridad, y no de la recaudación, no habrá nada que objetar. Pero el gobierno debería despejar las dudas. Nosotros no las sembramos, sino que pedimos que las despejen de una vez", declaró.

En el texto de la pregunta también interrogarán al gobierno local sobre si tiene previsto también reforzar el servicio municipal para asumir toda una serie de tareas que ahora está realizando la empresa adjudicataria, que van más allá de lo que simplemente labores de apoyo. Dado el elevado volumen de expedientes sancionadores de tráfico, más de 34.000 el año pasado, y que solo hay un funcionario municipal para realizar la inspección, al final es la empresa la que acaba tramitando y resolviendo todos los expedientes, incluyendo las alegaciones que presentan los afectados.

Firmar el expediente y poco más

•••Sánchez-Brunete afirmó que el recurso al apoyo de una empresa privada no tiene por qué ser criticado "en principio", pero que en el caso de las multas, plantea una serie de problemas.

•••Aludió a que como responsable de los expedientes, la empresa también se encarga de resolver las alegaciones que presentan las ciudadanos, de forma que al ser tantas las sanciones, al final el único funcionario municipal se limita a firmar los expedientes.

problemas de encaje legal

•••El portavoz popular afirmó que el papel que desempeña la empresa debería ser "aclarado, controlado e incluso sustituido". Como exconcejal de Tráfico, afirmó que "no se debería confiar la instrucción de los expedientes sancionadores a una empresa".

•••Desde hace muchos años "es ella la que valora las pruebas, la que califica los hechos y la que cierra los expedientes". Unas atribuciones que explicó que "por Ley tienen que quedar reservadas a los funcionarios públicos".

LA CIFRA

34.000

Sanciones. Solo de tráfico se registraron más de 34.000 durante el año pasado, explicó Sánchez-Brunete, a las que hay que sumar las que se generan por otras razones, como las fiestas en pisos, el exceso de ruido y beber u orinar en la calle, lo que supone una tramitación inabarcable para Raxoi.