El conflicto de las viviendas turísticas llega a los juzgados

La junta de gobierno local acordó ayer el personamiento del Concello de Santiago en un procedimiento ordinario ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 tras la denuncia interpuesta por un particular contra la resolución de la Axencia de Turismo de Galicia por la baja y cancelación de la inscripción de una vivienda de uso turístico en la rúa do Pexigo de Abaixo. Se trata de un procedimiento, tal y como indicaron desde Raxoi, derivado de la suspensión de licencias turísticas recogida ya en el Plan Especial, y que afectaba a toda la Ciudad Histórica. Así pues, esta denuncia supone que los juzgados tendrán que decidir la controversia entre el propietario de este piso de la rúa do Pexigo de Abaixo y el Concello y la Xunta.

Hay que destacar que el pasado 20 de diciembre, el Ayuntamiento aprobaba, con el apoyo del PSOE, BNG y Compostela Aberta, la suspensión cautelar de los procesos de autorización de nuevos usos de alojamiento temporal en toda la ciudad. Esta moratoria se extenderá durante un año con el fin de analizar la situación urbanística de la ciudad y proponer iniciativas reguladoras ante el fenómeno y las consecuencias del auge de los pisos turísticos.

Tras el pleno, el alcalde situaba esta decisión en un contexto en el que en Santiago hay "5.600 plazas hoteleras" y se habla de "hasta 6.000 en pisos y apartamentos turísticos". "Supone la misma oferta que la totalidad de plazas hoteleras. Esto nos parece desproporcionado y tiene una influencia sobre el precio de la vivienda en Santiago brutal, necesitamos acotar este problema y gestionarlo adecuadamente", incidía Xosé Sánchez Bugallo.

"No me asusta que en Santiago pueda haber 600 pisos turísticos, lo que no podemos consentir es un crecimiento desproporcionado", subrayaba el alcalde de la capital gallega en una comparecencia en la que cifraba en 641 los autorizados en la ciudad y que se elevan hasta unos "1.500" en épocas como la estival.

En este sentido, Bugallo y el conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, indicaron hace solo unos días que pondrán en marcha un equipo de trabajo conjunto para actuar de forma coordinada a la hora de regular este tipo de establecimientos. Las competencias en materia turística corresponden a la administración autonómica, si bien Raxoi aprobó en diciembre una moratoria.