El cierre de los pisos turísticos ilegales: una batalla que puede necesitar años

La sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avalando la postura fijada por el Concello de Santiago sobre los pisos turísticos traerá cola para el futuro. La posición fijada por alto órgano de la comunidad ampara la batalla de Raxoi contra los alquileres turísticos que copan la oferta de viviendas en la ciudad, especialmente en el casco histórico. Sin embargo, los propietarios de estos inmuebles también tienen motivos para estar tranquilos, puesto que, a gran escala, no será un proceso inminente.

En este sentido, a diferencia del Tribunal Supremo, los pronunciamientos del TSXG no crean jurisprudencia, esto es, no marcan el camino de los futuros dictámenes en esta materia. Con todo, atendiendo a la experiencia en materia judicial, sí establecen una doctrina que, en la mayoría de los casos, suele ser acatada por el resto de jueces y salas.

Por ello, atendiendo a la clara referencia que se hace en la sentencia sobre el caso de Santiago, indicando que esa Vivienda de Uso Turístico (VUT) no está permitida “sin habilitación previa por parte del Ayuntamiento”, puesto que se trata de un “uso hostelero, entendido como uso terciario de hospedaje”, Raxoi tiene una primera piedra que sustenta su postura y, por lo tanto, un motivo de peso para seguir adelante con su litigio.

De este modo, consideran que la Declaración Responsable entregada a la institución autonómica para inscribirse no supone por sí sola habilitación para abrir el negocio, ya que, en Santiago, teniendo en cuenta el Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica (PE-1), aprobado el 24 de marzo de 1997, se precisa la licencia de apertura como actividad económica de uso hostelero.

Por contra, esta resolución sólo supone un suceso aislado que no repercute a las demás ejemplos en idéntica situación, lo que implica que cada VUT sin título habilitante del municipio requerirá un proceso judicial independiente.

Así, atendiendo a la gran cantidad de apartamentos de este tipo que no está registrados en la sede local, ya que sólo 36 de los setecientos ocho anotados en la lista autonómica cuentan con dicha autorización, provocará que la batalla se extienda durante muchos años.

Atendiendo a esta circunstancia, el abogado de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Lisardo Núñez Pardo de Vera, se mostraba tranquilo en la rueda de prensa de esta semana al ser cuestionado sobre este último dictamen judicial. “Las viviendas inscritas en el registro de la Xunta de Galicia pueden funcionar hasta que se les indique lo contrario, puesto que cuentan con todos los requerimientos legales obligatorios”, remarcó el letrado.

En todo caso, tal y como confirmó la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, el Gobierno local irá a por todas para evitar esta injusticia. “Temos unha sentenza firme que nos respalda con rotundidade, polo que agora non podemos mirar para outro lado”, indicó en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Para ello, la institución municipal deberá identificar cada caso, presentar la demanda, esperar todos los recursos y ejecutarla cuando sea firme, siempre y cuando sigan la línea del último dictamen.

ESPERANDO A LA XUNTA DE GALICIA. Aparte de la batalla judicial, el Concello puede encontrar un impulso todavía más potente si la Xunta de Galicia respaldase su petición de dar de baja, de forma inminente, del registro autonómico todos aquellos inmuebles que no respetan su normativa.

Con este objetivo, han traslado su intención de abordar este tema con la Dirección Xeral de Turismo para regularizar esta problemática, en la que creen que la administración de la comunidad actuó con ambigüedad, dejando abierta la puerta a que muchos propietarios se beneficiasen de ello. Así, fuentes del consistorio han confirmado que se ha enviado la notificación para que se comience a retirar esos apartamentos de la lista pública.

Entienden, por lo tanto, que se está cometiendo una vulneración de la ley y que se debe actuar con rapidez, por compromiso con las dos sentencias firmes (a la de Compostela hay que sumar otra de abril en Pontevedra), por los negocios que sí tienen la doble licencia y por todos los compostelanos.