En el punto de mira el IES Pontepedriña por denuncias de acoso entre menores

A raíz de los episodios de supuesto acoso sufridos por una alumna de 12 años en el IES Pontepedriña, la familia se puso en contacto con EL CORREO GALLEGO para denunciar una situación que consideran “mal solventada” por parte del centro educativo. Tras la denuncia, otros padres y madres de estudiantes del instituto se han animado a contar sus experiencias.

Una de ellas es la de una madre que alza la voz en nombre de su hija por la impunidad que se ejerció cuando la joven sufrió tocamientos y amenazas por parte de compañeros. Todo empezó al percatarse la mujer de comportamientos inusuales, afirmando que “notaba a mi hija rara porque no comía, se encerraba en la habitación, no hablaba ni solía tener esa alegría que la caracterizaba, sus notas empezaron a bajar”. Sin embargo, la estudiante lo negaba todo.

Más tarde, los padres fueron llamados por el director a una reunión en la que se encontraron con más progenitores. En el encuentro se les comunica que había un caso de acoso escolar en el centro, pero “no muy grave” según lo que se les dijo, aseguró la mujer. Al parecer el responsable del centro se refería a ello como “cosas de niños”.

Estos hechos se produjeron el 8 de mayo de 2019 y se vieron afectadas nueve niñas acosadas por amenazas, dos de ellas incluyendo tocamientos. Los acosadores fueron tres niños, de los cuales sólo uno fue expulsado mes y medio, obligándole a asistir a charlas de concienciación.

Tras la reunión con el director, la madre habló con su hija y le pidió que le contase lo que estaba pasando. La joven, con tan solo 14 años, accedió —a pesar de su vergüenza inicial— a explicarle la situación, con la sorpresa de que la versión del director y la suya eran radicalmente diferentes.

Según su familia, la adolescente sufrió tocamientos cuando se encontraba sola en el aula con su acosador, posteriormente el joven le exigió que le enviara fotos en ropa interior, algo a lo que la estudiante se negó rotundamente, diciéndole a su vez que le contaría lo que estaba ocurriendo a su madre. Fue entonces cuando el joven le dijo que si se atrevía a contarlo, estaría esperándola con sus compañeros de aula a la salida del instituto para violarla. Según la niña, en el recreo también se sufrían amenazas e intimidaciones.

Secuelas. En la actualidad esta alumna continúa en el centro educativo y tiene 17 años, también lo hace su ex acosador con el que se cruza por los pasillos. Las secuelas de esta situación han llevado a esta joven a acudir al psicólogo, y de ahí se la derivó a psiquiatría. Su madre asegura que “le han arruinado la vida a mi hija”.

Para ella no es suficiente una carta de disculpas hacia su hija. Pide justicia. Se abrió una investigación dentro del centro porque cuatro de las nueve madres lo pidieron, y en dicho parte ni siquiera se hizo un peritaje psicológico, solo unas preguntas escritas a las que la joven tuvo que responder. Ante este hecho, su progenitora argumenta: “Mi hija se encuentra en un estado que ni sabe explicarse, tiene vergüenza por lo ocurrido”. “¿Cómo pretenden que pueda expresarse bien solo escribiendo y con un nivel de nerviosismo tan alto?”.

Tras varios intentos, en diferentes días, EL CORREO consiguió ponerse en contacto con el director del centro. Expresó que los expedientes que se abren expiran al año porque “se investiga el caso, no se tapa”. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que algunos padres no estén conformes con la resolución, su respuesta es: “Si esos padres consideraban que la sanción no se ajustaba a lo que querían deberían de haberlo reclamado en su momento y no años después”. Asimismo, añadió que “todas las familias son escuchadas”, al tiempo que apuntó que “imponen la sanción que la normativa les deja aplicar, no tenemos más margen”.

Para este director, el concepto acoso sólo se puede utilizar si se encuentra dentro de los parámetros estipulados por la Xunta. Bajo su juicio, se trata únicamente de un comportamiento inadecuado de algunos alumnos hacia otras compañeras.

Tal y como pudo comprobar esta periodista —en una conversación bastante incómoda—, si las actitudes son detestables pero no se encuentran dentro del procedimiento establecido, no se hace nada.

Además, cuando se le cuestiona si esta metodología no deja desamparada a la víctima, teniendo en cuenta que el expediente disciplinario desaparece al año, el director argumenta que “en la declaración escrita los alumnos del centro se encuentran acompañados de sus padres siempre” y “creemos que sus respuestas se hacen con total libertad y en un espacio de tranquilidad”, apunta.

El responsable del IES Pontepedriña dice que “cuando empieza un nuevo curso ningún alumno ni alumna tiene manchas, ni marcas en su futuro académico”. A su vez, el director afirma que “esto no es un juicio; las sentencias no son conocedoras por los padres y madres de los afectados porque solo se transmite los cargos a los alumnos sancionados y a sus familiares directos”.

“Puede darse el caso de que la familia de la víctima no esté de acuerdo, pero no puede reclamarlo porque el reglamento no lo contempla así”, indica. La única persona que puede oponerse a la decisión es el abusador. Es un claro reflejo de abandono a la a la persona perjudicada por los hechos, aunque el director declara que “intentan aplicar las medidas más recuperadoras para los alumnos porque son menores de edad y hay que darles una segunda oportunidad para tener un buen comportamiento en la sociedad y no estigmatizarlos, esa es la filosofía de nuestro centro”.

Señala, además, que “si es un expediente que ya está resuelto, poco más tengo que decir, pero si esas personas no estaban conformes podrían haber tomado la decisión de no continuar en este centro”. Por ello, se aprecia claramente que la damnificada no tiene derecho a ninguna réplica. Se encuentra en el escenario de acatar lo que se establezca o buscar otra alternativa para continuar sus estudios sin miedo al acoso.

damnificados. Otra madre que contactó con EL CORREO hizo también patente su disgusto por la escasa o nula contundencia con la que actuó el centro, a su entender, cuando su hijo empezó a tener problemas tanto de estudios como de convivencia escolar. Los conflictos alcanzaron tal nivel que el adolescente se cambió de centro, y ahora, según su familia, se encuentra perfectamente atendido.

El bajo rendimiento en los estudios se debe a que el joven padece TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad) y no supieron o quisieron, cuenta la madre, desarrollar con eficacia los protocolos que existen para ayudar a los estudiantes afectados. Es el caso, afirma, del programa Arco, diseñado para apoyar al alumnado en la mejora del rendimiento académico.

En cuanto a los conflictos de convivencia, la familia del adolescente afirma que fue víctima de bulling, de acoso y hasta de agresiones por parte de compañeros, lo cual provocó que el alumno sintiese terror al asistir a clase. ¿Qué ayuda recibió para superar esa situación y qué castigos recibieron los acosadores? La madre del joven denuncia que, en todo momento brilló el oscurantismo desde el centro docente y que la única solución fue cambiarlo.