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La acusación popular apunta asesinato en la muerte del niño asfixiado supuestamente por su tío en Santiago

Destaca que del informe del Imelga se desprende que “no hay base clínica que permita hablar ni de brote psicótico ni de trastorno mental transitorio”

SANTIAGO. EP. La acusación popular en el caso por la muerte del niño de tres años asfixiado supuestamente por su tío en Santiago de Compostela en septiembre de 2020, que ejerce la Fundación Amigos de Galicia, apunta asesinato tras haber recibido los informes forenses del Imelga porque "no hay base clínica que permita hablar ni de brote psicótico ni de trastorno mental transitorio". Así lo ha manifestado el letrado de la entidad a través de un comunicado, Francisco José Lago Calvo, quien esgrime en relación a esos informes que "los facultativos del Área de Psiquiatría del Hospital de Santiago, psiquiatras que atendieron al investigado desde el primer día de los hechos hasta su alta hospitalaria (el 27 de octubre de 2020) descartaron que sufriese un brote psiquiátrico, asumiendo como posible diagnóstico una amnesia disociativa; e indicando que no se evidencia clínica psicótica en ningún momento a lo largo del ingreso".

Además, explica que el informe de imputabilidad del Imelga del 18 de mayo indica que "en fechas anteriores y próximas a los hechos, los síntomas descritos y el tipo de tratamiento orientan a un episodio depresivo de características leves". "Un diagnóstico que implica una sintomatología de intensidad clínica insuficientes para alterar las capacidades cognitivas y volitivas en relación con los investigados", añade el letrado.

Por lo tanto, el abogado de la acusación popular asegura que "contextualizando en los hechos investigados este posible déficit en el control inhibitorio de respuestas automáticas/impulsivas, se puede concluir que su capacidad volitiva podría haber estado afectada de manera leve en el momento de los hechos, considerándose un nexo de causalidad en términos de parcialidad e hipótesis, nunca en términos de totalidad ni certeza".

Por ello, la Fundación Amigos de Galicia justifica la personación en esta causa porque se ampara en sus estatutos "en cuanto a la defensa de la infancia" y, destaca, "en este caso hay un claro conflicto de intereses en el que el acusado es familiar de la víctima y la familia del pequeño ha renunciado a personarse en la causa".

La entidad presentó a través de su letrado el pasado 4 de febrero un escrito de solicitud de diligencia al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago en el que solicitaba dicho informe "con el objetivo de llevar a cabo una efectiva defensa de los intereses de Fundación Amigos de Galicia, que no es otro que defender los intereses de menores vulnerables e indefensos". Recibido el informe, el abogado ha concluido que "no hay base clínica que permita hablar ni de brote psicótico ni de trastorno mental transitorio, por lo que habría que hablar de asesinato", subraya.

DEFENSA DE MENORES

Asimismo, la entidad incide en que se ha personado como acusación popular en el caso de este niño compostelano "para denunciar y evitar que este tipo de acontecimientos continúen ocurriendo, siendo éste el motivo que mueve a la entidad a personarse en esta causa". En la actualidad, la Fundación Amigos de Galicia también se encuentra personada en el caso de la niña de siete años supuestamente asesinada por su madre el 3 de mayo de 2019 en el domicilio familiar de Muimenta, en el municipio lucense de Cospeito. En este caso, indica la entidad, "la investigación apunta a que a pequeña fue presuntamente asfixiada por su progenitora" que, actualmente, se encuentra en prisión "como sospechosa principal de la muerte de la pequeña".

Esta fundación también se personó como acusación en una causa similar ocurrida en Ourense, relacionado con la muerte de un bebé y la lesión de su mellizo de dos meses ocurrido el pasado mes de marzo de 2019. En este caso, defiende que actuó "en favor de los derechos de los menores y contra los progenitores de estos por un delito de homicidio por imprudencia", por lo que se les impuso un año de prisión; y otros dos años de cárcel por un delito de lesiones. A ello se sumó la privación de la patria potestad sobre el menor afectado. "Desde la Fundación Amigos de Galicia decidimos personarnos en estas causas porque queremos que los derechos de los niños prevalezcan, así como para exigir el cumplimiento de las penas de las personas que incurren en los mismos", concluye la entidad.

04 oct 2021 / 12:59
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