Los ‘nuevos pobres’ desbordan al Ayuntamiento de Santiago
A las personas que ya estaban en riesgo de exclusión social se suman ahora cientos de familias que no logran salir adelante. Raxoi repartió el pasado año casi 25.000 bonos de ayuda
La pandemia provocada por el COVID ha traído consigo también unos importantes problemas económicos, justo cuando se empezaba a dar por superada la crisis de la pasada década. La paralización de actividades y las limitaciones a la movilidad, incluso dentro de los propios municipios, han afectado a multitud de empresas y trabajadores, y se han hecho notar especialmente en los sectores más vulnerables. También en los que tenían unas condiciones de trabajo más precarias. Como resultado, se han incrementado de forma exponencial las demandas de atención en todos los servicios asistenciales, públicos y privados, y especialmente de los que tienen un área competencial más local.
El pasado año 2020 supuso una dura prueba para los servicios sociales municipales, que a las tareas habituales sumaron el incremento de las demandas por la crisis económica derivada de la pandemia, y además, la responsabilidad de realizar las labores que habitualmente desarrollaban las entidades sociales privadas, que también se habían visto afectadas por las restricciones impuestas durante el establecimiento del estado de alarma.
Durante las fases más duras del confinamiento, por primera vez el Ayuntamiento tuvo que asumir el reparto de productos de primera necesidad, empezando por los alimentos, lo que después se sustituyó por la entrega de vales para canjear en tiendas y supermercados, y la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad social que anteriormente eran auxiliadas por entidades como Cáritas, San Vicente de Paúl, el Banco de Alimentos, etc...
Por decirlo en cifras, durante el año 2020 los servicios sociales de Raxoi prestaron atención y servicios a un total de 23.376 personas, lo que representa una subida del 103,66 % con respecto a 2019, cuando fueron 11.478. Para poder hacer frente a este incremento de trabajo fue necesario incorporar a nueve trabajadores más, con lo que el departamento pasó a contar con 26 personas. Las perspectivas para este año es que la labor, lejos de disminuir, se vea incrementada todavía más.
En cuanto a los bonos de comida, que se pusieron en marcha a través de un convenio con los supermercados, permitieron atender a 1.665 unidades familiares compuestas por 4.338 personas. El sistema estuvo en marcha durante el período de confinamiento, los meses de marzo, abril, mayo y junio del pasado año. Otra de las líneas de actuación fue a través de los comedores escolares, que se mantuvieron abiertos durante el verano y posteriormente en navidades, gracias a la colaboración de Abanca. Mediante este sistema se atendió a 106 y 247 niños y niñas, respectivamente.
Por otra parte, se amplió el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que pasó de atender a 321 a 453. Para ello fue necesario incrementar el presupuesto de 1.499.000 euros que había en 2018 hasta los 2.049.000 en 2020. Asimismo, a través de la ordenanza básica cidadá, el número de personas que recibieron ayudas pasó de 478 a 650.
El relajamiento paulatino de las restricciones supuso un cierto alivio, desde el momento en el que los voluntarios de estas asociaciones pudieron volver a intervenir, y muchas personas recuperaron su actividad laboral, pero no se ha traducido en un descenso de las labores que tienen que desarrollar estos servicios, porque muchos de los problemas no han desaparecido, e incluso se han planteado algunos nuevos, por ejemplo, con el caso de la tramitación para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Se espera que esta medida suponga una considerable reducción de los problemas de exclusión social, pero su puesta en marcha requiere también de un considerable esfuerzo por parte de los servicios sociales municipales, según explican desde el Ayuntamiento. Para solicitar esta ayuda pública es necesario que los interesados presenten un informe sobre su situación elaborado por los servicios municipales, que ya están empezando a recibir solicitudes y se espera que se incrementen en las próximas semanas, a medida que vaya avanzando el proceso.
Hay que tener en cuenta que en la actual situación se mantienen las restricciones de aforo en todo tipo de locales, y que para cualquier atención en un servicio municipal es preciso solicitar cita previa, lo que obliga a ralentizarlas al no poder atender más que a un número limitado de personas al día y por orden de petición. Un problema al que se espera poner solución este mismo año con la puesta en marcha del nuevo servicio de atención en colaboración con la Cruz Roja, que permitirá hacer frente de forma inmediata a cualquier contingencia que se pueda producir, y dar atención en el punto en el que tenga lugar, pero de momento aún no ha empezado a funcionar.
La cuestión es que los problemas agravados por la pandemia no han afectado solo a aquellas personas que se encontraban en una situación difícil, sino también a otros muchos que en tiempos se consideraban como de clase media, pero a los que la pérdida del puesto de trabajo o de los medios de subsistencia de que disponían ha abocado directamente a una situación de graves carencias a la que es preciso dar una solución eficaz y rápida.
Así pues, se presentan momentos difíciles y de trabajo muy duro, porque además la administración local es en muchas ocasiones el último refugio para estos ciudadanos en riesgo de exclusión social, que para acceder a las líneas de apoyo de otras administraciones tienen que cumplir toda una serie de requisitos que muchas veces no están a su alcance. Es el caso de quienes no tienen certificado de residencia, por citar un ejemplo, y para quienes el único recurso son las ayudas que pueden conseguir en su municipio para subsistir e intentar superar el bache.
La situación se complica actualmente, porque es que además se mantienen toda una serie de situaciones que se arrastran desde el principio de la crisis y que a medida que fue avanzando han supuesto un incremento de la demanda de ayudas que no ha descendido a pesar de la desescalada.
Es el caso de personas que tenían trabajos precarios que de alguna manera les permitían seguir subsistiendo, y que no los han recuperado debido al descenso de la actividad económica. Por ejemplo, quienes trabajaban temporalmente en el turismo o la hostelería y con el ritmo actual que experimentan estos sectores, aún afectados por la crisis, continúan en la situación de desempleo a la que se vieron abocados durante el pasado año, y sin muchas perspectivas de futuro.
O, por ejemplo, el de quienes vivían de la venta ambulante y han acumulado un importante déficit de ingresos desde la pasada primavera debido a la suspensión de ferias y fiestas y no han recuperado todavía el nivel anterior.
También hay un sector muy importante afectado por la precariedad laboral. Es el caso de las personas que trabajaban con un contrato en el que figuraban escasas horas, aunque realmente hacían muchas más, y cobraban este tiempo extra ‘en negro’. A la hora de pedir una compensación al quedarse sin empleo, el importe se les calcula a partir de aquel salario base, que en ocasiones era menos de la mitad de lo que realmente percibían, y tienen que recurrir a ayudas públicas, porque el subsidio no les llega ni para cubrir las necesidades más básicas.
Otras situaciones que también resultan problemáticas y que los servicios sociales municipales tienen que afrontar son las relacionadas con la vivienda. Muchas personas con trabajos precarios o muy bajo nivel de ingresos podían asumir, aunque con dificultades, el pago de un alquiler, pero la situación económica les hace cada vez más difícil, o directamente imposible, seguirlo haciendo, y se ven abocadas a quedarse en la calle, en unos tiempos en los que siguen vigentes los toques de queda.