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No fue solo Pilar de Lara

    COMO FÁCILMENTE ENTENDERÁN carezco de la mas mínimas ganas de salir en defensa de la jueza Pilar de Lara y, como es obvio, no lo voy a hacer. Sus responsabilidades en la tramitación de las causas están empezando a ser exigidas y veremos qué le depara el futuro, que en el peor de los casos será mejor que el de muchos de sus imputados en las diferentes causas que instruyó con tanta torpeza como falta de sentido común.

    Dicho esto, sería ingenuo pensar que el auto de la jueza Ana López-Suevos pone fin a lo sucedido en la llamada operación Pokémon; más bien creo que es una necesidad evidente investigar, profundizar y analizar qué es lo que ha pasado y comprobar hasta qué punto otras responsabilidades concurrentes no pueden quedar ocultas o solapadas por el abucheo a la jueza de Lara, que, insisto, bien merecido se lo tiene.

    Pero me pregunto qué juez de Instrucción de cualquier punto de España hubiera dejado de abrir diligencias si los agentes de Vigilancia Aduanera le pusieran encima de la mesa de su despacho los explosivos informes que estos funcionarios le entregaban. Fantasear con delitos graves, supuestos sobornos, supuestos cohechos y con todos los delitos que uno pueda imaginarse para atribuirlos a los miembros de la Corporación de Santiago y de otras instituciones; sin la menor prudencia, haciendo afirmaciones categóricas, sacando conclusiones de la nada, eran capaces de engordar folios y folios con supuestas actividades delictivas.

    En una ocasión solicité comparecer voluntariamente ante la jueza De Lara porque se llegó a lo intolerable: me acusaron de que “probablemente habría cometido un delito gravísimo” en un informe falso desde la primera a la última letra. Comparecí ante la jueza e, indignado, le di cuenta del “informe “, y que esperaba que se aclarasen las falsedades vertidas en el documento por funcionarios públicos que, recuerdo, no son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nunca supe nada de aquella denuncia, pero quiero saber y tengo derecho a saber por qué Vigilancia Aduanera emitió informes en los que tomar un café, insisto tomar un café en un restaurante de Santiago con miembros de una empresa, de los que quería despedirme y presentar a mi sucesor, se convertía en una actividad cuasi delictiva, que requería el montaje de un dispositivo de vigilancia que ha costado miles de euros al erario público, ese del que se supone que son fieles cuidadores.

    Podría seguir con un sinfín de datos, que por lo demás obran en las diligencias, pero prefiero que sean los Tribunales a quienes corresponde los que averiguen qué clase de motivación tenían estos funcionarios de la Hacienda.

    Pisotear derechos fundamentales en un Estado de Derecho (como dicen que es el nuestro ) no puede quedar, al menos, sin investigar. Es un asunto demasiado grave como para cerrar con una “palmadita en la espalda” . Cualquier violación de un derecho fundamental, aunque se produzca en la persona más anónima del más remoto lugar, y sea cual sea la administración, funcionario o particular que lo provoque, debe ser investigado y, en su caso, perseguido y llevado ante la Justicia. Lo demás, los cierres en falso, los silencios impuestos pensando en que es mejor callar, no protestar y dejar que queden impunes ciertas conductas presuntamente delictivas, nos acerca al abismo de la injusticia, a la falta de convicción en el poder reparador del derecho y, en definitiva, a la dictadura de aquellos que, usando presuntamente, el poder que han recibido del pueblo a través de la administración, para servir los intereses generales, piensan que pueden quedar impunes en un Estado de Derecho, si han actuado al margen de la Ley y para perjudicar a terceros inocentes. A ello hay que dedicar tiempo porque el objetivo lo merece, y además las generaciones futuras no entenderían este allanamiento.

    28 abr 2020 / 11:41
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