Noriega condenó al Sar a seis años más de contaminación al modificar la EDAR

La Xunta lo tiene muy claro. Considera que el Gobierno de España debe asumir su parte de cofinanciación de la depuradora de Santiago, por ser una infraestructura declarada de interés general del Estado, es decir, de responsabilidad de la administración central. La Xunta, que ya confirmó que aportará la cifra que le corresponde, indica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez accedió a la demanda del anterior alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de modificación del proyecto, a sabiendas de que eso suponía la pérdida de los fondos europeos con los que se preveía financiar la obra.

“No se puede aceptar que pretenda ahora descargar en los vecinos de Santiago las consecuencias de esa decisión: asumir en los recibos la financiación de una obra de interés general del Estado, excepto la parte que pone la Xunta”, señalan desde el departamento que dirige Ethel Vázquez, antes de añadir que en San Caetano lamentan “que se haya confirmado lo que se anunció que pasaría: después de 3 años como alcalde, Martiño Noriega decidió impulsar un cambio de proyecto de la depuradora de Santiago. Y con eso provocó, por una parte, que la situación del río Sar, que tenía ya una solución definida, con proyecto y con financiación, se posponga, como mínimo, hasta 2026”.

“El exalcalde de Santiago condenó el Sar a 6 años más de contaminación”, señalaron fuentes de la Consellería de Infraestruturas, antes de apuntar que el hecho es que ahora “hay que enzarzarse en una nueva discusión sobre la financiación de la depuradora para que los vecinos de Santiago no tengan que asumir las consecuencias económicas de esa mala gestión por parte del anterior gobierno municipal”.

Inaceptable. Así calificó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, la propuesta de Acuaes para la financiación de la estación depuradora de A Silvouta y ante la posibilidad de que se pierdan los fondos europeos pendientes para esta infraestructura. El Gobierno local ha recibido la propuesta de convenio por parte del citado organismo; y según explicó el primer edil en rueda de prensa, Acuaes asumiría el 50 % del coste, mientras que el Ayuntamiento y la Xunta asumirían el 50 % y además Raxoi pondría la parte de los fondos europeos que se pierdan y lo cargaría en los recibos.

Señalo que el gobierno local no fijará una decisión o posición unilateral sin hablarlo previamente con los otros grupos, aunque Bugallo ya avanzó su rotundo rechazo a esta propuesta. El regidor instó a que cada parte asuma su parte de “responsabilidad” en un problema que viene “de viejo”, aunque lamentó que el Concello está “cosechando todo lo sembrado estos años”.

El proyecto y el proceso estaba “perfectamente planificado y conducido hace nueve años” y quedó truncado “por razones políticas” para cambiar la localización de la depuradora, añadió, en relación al proyecto de O Souto.

Del mismo modo, pidió al Gobierno central que asuma “su cuota de responsabilidad” por las decisiones que se tomaron “en su momento” al “hacer caso” al cambio de este proyecto en su día, y recordado que él mismo había advertido la posibilidad de perder los fondos europeos y del peligro de estar en esta situación.

Bugallo todavía no da por perdida esta financiación, y espera que se pueda ampliar hasta 2025 el plazo de ejecución de los fondos, pero dependerá “de Europa y de la gestión del Gobierno central”. Es por ello que defendió que las partidas europeas que se pierdan deben ir “con cargo a la administración central”, pero insistió en que el proyecto “podría estar funcionando desde hace cinco años” si no se hubiese paralizado en su momento.

“Y no estaríamos discutiendo nada de esto”, censuró el primer edil, al igual que hizo la Xunta. A pesar de todo, incidió en que su objetivo no es “mirar para atrás”, sino “hacia adelante” y lograr una solución “del modo más consensuado posible”.

Santiago. La junta de gobierno local dio luz verde ayer a la reparación del muro de Fontiñas, situado entre las rúas París y Luxemburgo, que lleva años apuntalado. “Vamos a intentar hacerlo por vía de urgencia”, manifestó en conversaciones con este periódico el edil de Obras, Javier Fernández, antes de apuntar que en su departamento trabajan “para que en el momento que se levante el estado de alarma poder licitar todas las obras que teníamos previstas para este año”.

En este sentido, indicó que, tras aprobar la reparación de la estructura del barrio de Fontiñas, ahora “queda pendiente la restauración de los muros de Costiña do Monte y Pombal, porque aún no entregaron los arquitectos los proyectos”.La aprobación de esta obra por parte de la Xunta de Goberno pone fin a varios años de quejas de los vecinos de Fontiñas. Precisamente, a finales de octubre de 2017 se procedió al vallado y apuntalamiento del citado muro. Un año después seguía igual, con el mismo arreglo provisional.

Esta situación fue denunciada por el grupo popular por la falta de actuación por parte del gobierno de Compostela Aberta. Hace más de un año, el entonces portavoz del PP, Agustín Hernández, recordaba que se registraron dos acuerdos plenarios en 2017 y 2018, no solo para acometer el arreglo de este muro, sino también para hacer una inspección por el barrio. Tres meses después, CA anunció que ya se estaba realizando un estudio sobre los muros cuyos resultados se conocerían en 30 días, pero el PP denunció que se no se había presentado ningún documento. El ejecutivo de Sánchez Bugallo pondrá solución ahora al problema.