Okupas que se chotean de todo

AUNQUE la situación ha cambiado a mejor en los dos últimos años, la mayoría de los españolitos duros de mollera seguimos sin entender las leyes que regulan, es un decir, las okupaciones de inmuebles y los derechos y obligaciones que asisten a las partes implicadas en la invasión de una propiedad ajena. Cualquier persona sensata, si le encargasen perfilar los puntos básicos de una norma al respecto, llegaría a buen seguro a unas conclusiones básicas muy alejadas de las alcanzadas por nuestros sesudos legisladores, y por eso toca preguntarse por qué muchas veces se registran esos abismos entre lo que opina la gente normal y quienes sientan sus reales en los parlamentos.

¿Cuáles serían esos puntos básicos de una ley esbozada por cualquier ciudadano medio? Probablemente fijaría, en primer lugar, que quien afirma ser propietario o poseedor de un bien y desea tomar medidas contra alguien supuestamente ajeno al mismo, como sería el caso de un okupa, debería mostrar ante la autoridad pertinente algún título que le acredite como tal. Es decir, un documento de propiedad, un contrato de alquiler en vigor, etc. Superada esa fase, la autoridad debería solicitar de forma inmediata a la otra parte, el supuesto okupa, que muestre igualmente algún documento válido que en teoría le faculte para haber tomado posesión del inmueble en conflicto. Llegados a este punto, la solución del caso a dirimir tendría que ser muy sencilla y extremadamente rápida, aunque si la parte denunciada no tiene derecho a estar donde está podrían suceder a la vez dos cosas. 1: Si el okupa es un carota, un antisistema o un anticapitalista de pacotilla, lo lógico sería ponerle de inmediato en la puñetera calle y obligarle a pagar tanto los destrozos que haya cometido como la multa que sea menester por saltarse la legalidad. Y 2: si el ilegal en cuestión es un pobre de solemnidad o una familia en apuros que actuó por puro instinto de supervivencia, la administración debería movilizar con rapidez toda su artillería social para proporcionar techo público, comida y asistencia de todo tipo a quienes las están pasando canutas por los motivos que sean. Punto y pelota.

Dicha ley apenas debería ocupar un par de folios divididos en cuatro o cinco puntos, pero en el ánimo de nuestros legisladores parece estar siempre presente el deseo de ser farragosos y confusos. Ese es el caso, para no variar, de la normativa relacionada con la okupación de viviendas, que pecó de surrealista y absurda hasta el año 2018, de forma que los propietarios legítimos tardaban, por lo general, muchos meses e incluso años en recuperar sus inmuebles mientras los ilegales se choteaban de todo quisque.

Ahora, gracias a la presión social y a la unión de las fuerzas de la derechona, que vencieron a la oposición creada por PSOE y Podemos, la legislación es más clara y permite actuar con mucha más rapidez contra quienes se saltan la legalidad a la torera, pero a pesar de todo los desalojos son todavía muy lentos y desesperantes. Que les pregunten, si no, a los vecinos del barrio compostelano de Belvís, que llevan ya varios meses intentando echar, sin fortuna, a los okupas que se han instalado en la zona con total impunidad, como ya sucedió anteriormente en San Lourenzo y otras áreas.

SIGUE SIN FUNCIONAR. El contenido de la cacareada “ley exprés antiokupas” se acerca bastante a lo que cualquier persona sensata plasmaría en un papel si tuviese que redactar una norma al respecto. Así, apuesta por la vía civil para resolver el conflicto y exhorta a las víctimas a interponer una demanda judicial acompañada de un título válido de propiedad o arrendamiento. Una vez admitida, a los okupantes se les da un plazo de cinco días para que demuestren que no están haciendo nada ilegal y, si no responden o presentan un documento inválido, el juez dicta un auto irrecurrible en el que marca la fecha del desalojo forzoso. En teoría, todo el proceso no debería durar ni un mes, pero la realidad está mostrando una cara bastante diferente, pues ahora lo que falla no es la ley, sino el sistema.

¿Por qué? Porque la mayoría de los juzgados están colapsados -era algo que ya se sabía- y las demandas tardan mucho tiempo en ser admitidas. Si a eso le sumamos los retrasos que se acumulan en la redacción de los autos que permiten efectuar los desalojos, el resultado es que infinidad de propietarios siguen esperando cinco, seis o más meses para recuperar sus viviendas. ¿Y qué hace mientras tanto el Gobierno? Nada. Okupar la Moncloa no es fácil y el casoplón del marqués de Galapagar cuenta con vigilancia full time por parte de la Guardia Civil. Sí, ese cuerpo fachoso que debería, según él, ser desmilitarizado.