Raxoi podría tener que pagar indemnizaciones millonarias a los dueños de pisos turísticos
Los afectados por el veto impuesto por Noriega pueden reclamar los ingresos perdidos, así como los gastos del embrollo administrativo
Después del palo que la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dar al anterior gobierno municipal de Santiago, encabezado por Martiño Noriega, en relación a la anulación del decretazo de uso y requisitos para la legítima implantación de las categorías de apartamento turístico, vivienda turística y vivienda de uso turístico en Compostela, se abre un nuevo escenario para los propietarios de estas fincas de tipo vacacional.
Tal y como explica el letrado Carlos Alvite Grille, “la anulación de la Instrucción sobre viviendas turísticas por parte del TSXG ha abierto la puerta a que muchos afectados puedan formular reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración, por negligente funcionamiento de los servicios públicos”.
Al respecto, señala que “aquellos que hayan tenido que solicitar una licencia para una vivienda turística podrán reclamar del Concello el resarcimiento de todos los gastos ocasionados por dicha exigencia declarada ilegal”.
Así, y sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan ser acreditados, se podría exigir, según el abogado que ganó la causa, la “devolución de las tasas pagadas, honorarios profesionales de técnicos redactores de los proyectos, aranceles por documentos oficiales que haya sido necesario aportar (escrituras notariales de propiedad, contratos de arrendamiento, etc.), gastos por copias de dichos documentos, honorarios profesionales de gestoría, o abogados a los que se haya encargado gestionar la licencia, gastos por el certificado, acta o informe de conformidad emitido por las entidades de certificación de conformidad municipal exigido en la Instrucción ilegal”.
Por su parte, es posible que los ciudadanos a los que se les haya denegado la licencia puedan reclamar, “además de los anteriores, el lucro cesante por la prohibición ilegal del ejercicio de la actividad, comprendiendo el mismo los beneficios netos de la explotación de la vivienda turística durante todo el tiempo en que pudo haberse ejercitado”, señala el experto.
En resumidas cuentas, que el Concello de Santiago podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias por el polémico decretazo de Martiño Noriega, de tener que compensar a todos aquellos propietarios que se vieron afectados por una decisión política que ahora la justicia acaba fallar como ilegal.
Tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora María Pardo Valdés, en nombre y representación de José Miguel López Gómez, asistido del letrado Carlos Alvite Grille, el tribunal ha dado la razón a la parte demandante, que considera que “nos hallamos ante una ordenanza dictada en fraude de ley bajo la ilegal denominación de instrucción, con ausencia del procedimiento legalmente establecido, y dictada por órgano incompetente, por lo que procedería su anulación”. La sentencia del TSXG, con fecha del 25 de junio de 2020, impone, además, el pago de las costas procesales a la parte demandada. No obstante, contra esta sentencia cabe interponer, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la correspondiente sección del TSXG, el recurso de casación previsto en el artículo 86 de la Ley jurisdiccional. El plazo es de un mes.
El letrado considera que Martiño Noriega y su equipo intentaron “limitar las viviendas de uso turístico por la puerta de atrás, con la puesta en marcha de una instrucción, cuando la medida habría que haberla tomado a través de una ordenanza o un reglamento”. Alvite Grille subraya que la sentencia reconoce que “a nadie se le puede denegar una licencia para piso turístico si la razón es en base a una instrucción”. Es por eso que incide en que todos aquellos a los que se le haya denegado podrán pedir su revisión.
Tras el fallo, indica que, a día de hoy, “las únicas limitaciones que hay para obtener una licencia para un piso turístico son las que se desprenden del Plan Xeral, cuya modificación para regular las viviendas turísticas también tenemos recurrida”, subraya Alvite Grille.