Los funcionarios de justicia secundan masivamente otra jornada de huelga y logran suspender el 95 por ciento de los juicios

Casi 45.000 funcionarios de Justicia estaban llamados este jueves a una nueva jornada de paro total en los juzgados y tribunales que ha tenido un seguimiento cercano al 90 por ciento según los cuatro sindicatos convocantes, que aseguran que el 95 por ciento de los juicios previstos para el día de hoy han quedado suspendidos, la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social. Solo se ha mantenido la celebración de aquellos relacionados con derechos fundamentales y las tramitación de asuntos englobados en lo que se denomina servicios esenciales.

En otros órganos como la Audiencia Nacional, las protestas de los funcionarios, que piden entre 350 y 430 euros más al mes como complemento, han obligado ya a suspender juicios como el que sentaba en el banquillo al ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la vista por la primera pieza de la presunta trama de corrupción Lezo prevista para el próximo día 24. Este jueves, sin embargo, el proceso contra miembros contra tres responsables de un zulo de ETA se ha celebrado con normalidad llegando a un acuerdo de conformidad para condenarles a dos años de prisión, según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Por otro lado, y también según fuentes sindicales, la ausencia de los funcionarios de sus puestos de trabajo ha tenido como consecuencia la paralización de más de un millón de actuaciones judiciales, incluyendo la tramitación de multas, sanciones, infracciones, acuerdos, etc, por lo que el paro también ha tenido un impacto económico de varios millones de euros.

Por su parte, Justicia ha ofrecido datos de seguimiento de los paros en el denominado territorio Ministerio, que cifra en un 28,5 por ciento del total de la plantilla de funcionarios. Estos datos oficiales se reducen a la actividad de los juzgados y tribunales en Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y a los funcionarios destinados en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. 

En la capital, cientos de funcionarios han aprovechado la jornada para manifestarse frente al Ministerio de Justicia, algunos ataviados con indumentaria propia de la Feria de Sevilla, informa Europa Press, en alusión a la visita a dichas fiestas que realizó la ministra Pilar Llop cuando dieron comienzo las protestas.

Les convocaban la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT. Desde que comenzaron las reivindicaciones el pasado 17 de abril -con paros parciales de tres horas y una jornada de paro total el pasado día 19- la incidencia se ha dejado notar en millones de procedimientos.

La jornada se ha celebrado después de que este miércoles se conociera que Justicia ha puesto sobre la mesa 44,6 millones de euros para poder incrementar los salarios de los jueces y fiscales, que amenazan también con parar a partir del próximo día 16 en demanda de mejoras retributivas.

Blindar subidas en toda España

Los sindicatos exigen que los incrementos salariales se lleven a cabo a través del concepto complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Desde las centrales sindicales se advierte de que las movilizaciones se endurecerán si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica. De hecho, ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, e incluso no se descarta la convocatoria de un paro indefinido.

“Ya hemos tenido suficiente paciencia con ministra Llop y con el Gobierno. Si no mueven ficha, la Justicia colapsará y ellos serán los únicos responsables. Además, con su negativa a negociar y atender las justas demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Justicia, el Gobierno demuestra su nulo interés en el servicio público que reciben los ciudadanos”, ha destacado Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF.

En este sentido, Jordán ha advertido que “la ministra no puede amparar que haya trabajadores de primera y de segunda” en materia de retribuciones, y que “si hay dinero para mejoras salariales tiene que ser para todos, en especial para el 93 de la plantilla de Justicia y por cuyas manos pasan el cien por cien de todos los papeles que afectan a los ciudadanos en su relación con este servicio público”. Se refiere el sindicalista a la subida de hasta 450 euros obtenida por los letrados de la administración de justicia tras la protesta de dos meses que iniciaron a finales del pasado mes de enero.