Los canarios en el 'limbo' de la dependencia crecen un 44% en los seis primeros meses del año

La cifra de canarios que se encuentra en el limbo de la dependencia, es decir, tienen el derecho reconocido pero aún no reciben prestación, ha crecido este año un 44,2% hasta llegar a las 15.171 personas. En concreto, el 35,4% de los isleños dependientes se encuentran en esta situación, lo que convierte al Archipiélago en la región con más personas con este status.

Los expertos consideran que esta situación es fruto de una demanda que no para de crecer (un 25% más que el año pasado), de la saturación que arrastran las Islas desde hace décadas y del cambio que está viviendo el propio sistema de Dependencia. "Es un momento de estrés", sentencia la trabajadora social e investigadora de la Universidad de La Laguna, Celsa Cáceres, que insiste en que "no deja de ser lógico que aumenten los plazos" e indica que, por ello, no se puede hacer un "juicio muy severo" sobre estos datos.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias justifica sus datos con el aumento de las personas con el grado de dependencia reconocido. Y es que el Archipiélago ha registrado un notable incremento de las personas con derecho a recibir una prestación, aunque aún no la estén percibiendo. A estas alturas del año se ha reconocido la prestación a un 17,5% más de personas que el año anterior. "Hemos incoporado muchísimos expedientes y eso tiene como contrapartida el crecimiento de las personas que esperan por el Programa Individual de Atención (PIA)", explican fuentes de la Consejería.

De hecho, pese al aumento de personas en ese limbo, Canarias es la segunda comunidad que más ha incrementado la cifra de personas atendidas con prestación, que hoy son un 6,7% más que hace seis meses.

Estos datos surgen del último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia correspondiente al primer semestre del año, publicado este lunes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales donde queda patente que la situación de la que parte Canarias ralentiza las mejoras en el sistema. "Llevamos mucho tiempo a la cola; mientras la demanda crece no ha pasado lo mismo con la capacidad de respuesta", advierte Cáceres. 

Mejoras en la espera

Esto ha llevado a que Canarias siga siendo, a día de hoy, una de las comunidades que más tarda en resolver por completo los expedientes: un total de 521 días. Esto significa que cualquier canario que quiera acceder a la prestación se adentra en un proceso que, desde que rellena la solicitud hasta que consigue su prestación, puede demorarse más de un año y medio. Más del doble de lo estipulado por ley (180 días). 

Sin embargo, en paralelo, las Islas son las que más avanzan en reducirla. No en vano, el Archipiélago es una de las comunidades que más ha reducido los tiempos de tramitación de los expedientes en estos primeros seis meses del año, con 40 días menos. La cifra supone una importante bajada con respecto al que se tenía a cierre del año pasado (561) o el que se registró los años posteriores a la pandemia (entre 977 y 949 días). En concreto, es más de un 42% menos. 

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales relaciona estos "impresentables retrasos" a dos circunstancias: los sucesivos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia establecida hace 18 años y el "disparatado y proceloso entramado burocrático". La mayor parte de las comunidades utiliza dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de la prestación o servicio). Algo en lo que Canarias, sin embargo, ha trabajado para simplificar y reducir a uno.  

Nueva ley

A finales de mayo entró en vigor el nuevo Decreto- Ley de Dependencia (46/2025) de Canarias, que buscaba agilizar los trámites a partir de un modelo "simplificado" para acotar el plazo de los más de 500 días a los seis meses que dicta la normativa nacional. El decreto se sostiene en dos mejoras del proceso administrativo: por un lado, reducir a una la visita de evaluación de los trabajadores sociales –lo que permite hacer todo el trámite de la dependencia en el mismo día– y la otra, crear un modelo de solicitud más sencillo para que lo pueda rellenar el propio usuario. 

Para poder sacar adelante la ingente cantidad de solicitudes pendientes, la Consejería ya tiene previsto tener a un equipo "resolviendo las solicitudes que llevan más tiempo esperando", como explicó la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez. 

Para llevar a cabo esta tarea, Canarias espera contratar más trabajadores sociales para Lanzarote, Gran Canaria y La Palma y ampliar de manera transitoria los servicios que les concede la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) para agilizar estos trámites. Así, con el contrato programa de 2024, se espera contratar a 25 trabajadores sociales en la provincia tinerfeña y otros 12 en la de Las Palmas, que se sumarán a los 30 auxiliares administrativos que se han incorporado durante el mes de junio. 

Sin embargo, la experta de la ULL advierte que para comprobar el buen funcionamiento de la ley tendrá que pasar un tiempo. "Todos los cambios normativos necesitan al menos un año para empezar a ver mejoras", revela Cáceres, que insiste: "en el último año se han producido muchos cambios funcionales y todo eso atasca la capacidad de respuesta".

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