La Fiscalía española supera las 20.000 intervenciones en apoyo de personas con discapacidad, un 15% más que el año anterior

La Fiscalía española abrió el año pasado más de 20.000 diligencias vinculadas a las medidas de apoyo de personas con discapacidad y que necesitan ayuda de terceros para desarrollar su actividad habitual, sean cuestiones económicas, de patrimonio o sobre su salud. Estos datos, que la Fiscalía General del Estado ha avanzado a EL PERIÓDICO, desvelan un ascenso en el número de este tipo de intervencions en los últimos tres años. En 2023 se registraron 16.736, lo que supuso un incremento del 15,84% respecto al 2022. En 2025, la tendencia ascendente se mantendrá. La Fiscalía presentará estos y otros datos de la Memoria 2024 el próximo septiembre en el acto de apertura del año judicial.

"Por segundo año consecutivo hay un claro aumento del 15% en el volumen de incoaciones en relación con el año anterior", explica a este diario la fiscal de sala María José Segarra, coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. Una de las labores más arduas que se acometieron en 2024 fue la revisión de los procesos judiciales de asistencia para este colectivo y que todavía satura los juzgados. A finales del año pasado había pendientes de examinar unos 50.000 asuntos.

La legislación que entró en vigor en septiembre de 2021 ha llevado a fiscalías territoriales a revisar antiguos procedimientos de incapacidad

"Este incremento sostenido puede deberse a la asunción por parte de muchas fiscalías territoriales de la iniciativa para revisar los antiguos procedimientos de incapacidad", subraya la fiscal. La ley sobre esta materia de 2021 dispuso la revisión de todas las sentencias de incapacidad en seis años. En 2024 se revisaron 39.530 procedimientos: en todos ellos las fiscalías han propuesto a los jueces la medida de apoyo más adecuada a la persona, "siempre bajo el prisma de la búsqueda de su mayor autonomía y no bajo su sustitución o representación, que debe ser excepcional y únicamente cuando sea necesario", recalca Segarra.

La ley cambia el paradigma

El paradigma jurídico respecto a las personas con discapacidad y las medidas de apoyo cambió a raíz de una profunda reforma legislativa que entró en vigor en septiembre de 2021. Esta regulación dio lugar a una sustancial modificación en el enfoque de esas diligencias pre procesales (actuaciones previas a un proceso judicial). Por una parte, por la obligada aplicación de los principios de "adecuación y proporcionalidad" de las medidas de soporte, que ahora deben concretarse más en que consisten, y, por otra parte, por la exigencia de aportar pruebas en el proceso documental sobre la necesidad de ese apoyo y dictámenes periciales de los ámbitos social y sanitario. “Es la puerta de entrada de información, como posibles vulnerabilidades o situaciones de desprotección, de las personas con discapacidad”, apunta Segarra.

"Las diligencias preprocesales civiles de las fiscalías son el cauce de tramitación de las solicitudes y comunicaciones que recibimos. Estas pueden versar sobre las eventuales necesidades de apoyo a la capacidad jurídica de una persona o en comunicaciones recibidas respecto de situaciones de abuso económico o patrimonial, influencia indebida o el conflicto de interés en torno a una persona en situación de vulnerabilidad por su edad o discapacidad. Ambos casos suponen alrededor del 85% de las diligencias incoadas", subraya la fiscal.

La mayoría de las víctimas de abusos económicos y patrimoniales son personas mayores. En el caso de que se detecte la comisión de un posible delito, los hechos se comunican al servicio penal de la misma fiscalía para que evalúe si presenta o no una denuncia en los juzgados.

Canales de información

Los canales por los que la fiscalía recibe información para incoar esas diligencias son variados, como los servicios sociales, las entidades del tercer sector, hospitales, bancos, notarios o allegados. La mayoría de las peticiones al juez de medidas de apoyo, sin embargo, la realizan familiares, aunque la fiscalía puede intervenir si hay conflictos entre sus miembros.

En estas diligencias, los fiscales recopilan la información necesaria para valorar la medida que la persona necesita, desde la facilitada por los servicios sociales y sanitarios, hasta los datos proporcionados por ella en una entrevista y los dictámenes de los médicos forenses sobre la afectación que padece en su vida diaria. “Es un soporte a su capacidad jurídica”, apostilla Segarra, "respetando su autonomía". La capacidad jurídica, en términos legales, es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones.

Estos expedientes de la fiscalía comprenden también la consideración de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad; los apoyos con los que cuenta en su entorno, tanto familiar como social y comunitario, y, si es el caso, la valoración de la eventual “guarda de hecho”, que se refiere a quién, sin nombramiento judicial y normalmente familiares, asume el cuidado o la asistencia de otra que requiere apoyo.ción de las personas con discapacidad.

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