Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democráctica: "La derecha no se leyó la ley"

"Fue un acto muy bonito y emocionante", dice Fernando Martínez (Vélez-Blanco, Almería, 1949) sobre la entrega en Grado el pasado sábado de diplomas de "Reconocimiento y reparación" a los familiares de 33 moscones víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. "Es una reparación que fundamentalmente es moral, pero que tiene una gran fuerza porque el Gobierno de España declara a sus familiares como víctimas", describe el secretario de Estado de Memoria Democrática.

¿Qué importancia tiene?

Sus padres, sus abuelos, habían pasado por las cárceles, algunos habían sido fusilados, siempre han estado criminalizados, estigmatizados e invisibilizados. Ahora se les declara víctimas por la ley de Memoria Democrática. Sus nombres estaban en el olvido e incluso en el seno de las familias en muchos casos ni se hablaba de ellos. Es una declaración que además lleva consigo la ilegalidad de los tribunales que los condenaron y sus sentencias son declaradas nulas.

No sé si hay cifras de cuántas personas hay aún en fosas comunes por España.

Siempre se ha hablado de una cifra de en torno a 114.000 personas tras la guerra. Yo diría que podrían ser más. Pero ahora no hay esa cantidad susceptible de ser exhumadas. En primer lugar, porque más de 500 fosas de republicanos y republicanas fueron exhumadas y llevadas al Valle de Cuelgamuros sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares, algunos de Asturias. En segundo lugar, porque a lo largo de 80 años las cunetas con víctimas se han remodelado con la red viaria. En tercer lugar, hay muchos cementerios en los que había fosas, pero sobre ellas se construyó. En cuarto lugar, porque en los años de la Transición ya se hicieron bastantes exhumaciones, eso sí, sin rigor científico.

¿Qué quiere decir?

En cuanto llegó la democracia los familiares que sabían donde estaban los cuerpos quisieron rescatarlos y se hizo en conjunto, se les colocaba en una bolsita o en una caja, y encima se hacía un pequeño monumento. Desde el año 2000 hasta la actualidad se han hecho muchísimas exhumaciones ya con rigor científico. En 2018, como Director general de Memoria Democrática encargué un estudio para que supiéramos el estado de la cuestión: se cifró en susceptibles de exhumar en torno a unas 21.000 personas. En el primer plan de exhumaciones de 2020 a 2024 se han exhumado unos 7.000 cadáveres.

¿Cuántos pueden quedar pendientes?

Unos 13.000 cadáveres. Fundamentalmente quedan grandes fosas. En Asturias hay un proceso de exhumaciones que lo lleva muy bien la Consejería de Urbanismo, de Vivienda y de Derechos Humanos.

Hablando de fosas, las palabras del dirigente del PP Miguel Tellado aún resuenan. Este fin de semana el presidente Adrián Barbón las afeó en su discurso en el pozo Funeres.

Las declaraciones de Tellado no son improvisadas, las llevaba escritas. Es muy grave lo que dijo, porque es una ofensa tremenda a las víctimas y a sus familiares. Esto en cualquier democracia occidental que haya pasado por la guerra mundial, que haya sufrido el fascismo, el nazismo, sería intolerable y su propio partido lo hubiera expulsado. En una democracia no se puede consentir de ninguna manera.

Este 2025 el Gobierno impulsó la conmemoración de los 50 años de libertad en España tras la muerte de Franco.

No estamos celebrando la muerte del dictador, estamos conmemorando que hace 50 años murió y que se abrieron muchísimas posibilidades para conquistar la libertad y la democracia. Estando vivo era prácticamente imposible. Estamos celebrando actos en todo el país muy potentes. El programa "España en libertad" tiene varios objetivos, como que la gente joven sepa qué era vivir en una dictadura y qué es vivir en democracia. Eso es muy importante, porque los jóvenes no tienen la información suficiente y hay un 25% que en las encuestas dice que no le importaría vivir bajo un régimen autoritario.

Precisamente le iba a preguntar por los jóvenes, esa deriva autoritaria, esa cierta desafección por la historia...

Evidentemente eso nos preocupa. La mayoría, un 75%, dice que quiere vivir en libertad y en democracia, pero hay un 25, que no es poco, que no lo valora. Estos hacen mucho ruido. Yo creo que están en posiciones de extrema derecha por desconocimiento, algo por sus convicciones... De ahí la importancia de programas como "España en libertad", trabajamos mucho en institutos.

En un momento de tanta polarización política, de enfrentamiento a diario, ¿queda algo del espíritu de la Transición?

La ley de Memoria Democrática es la que más incide en lo que significó la Transición. Pero la libertad y la democracia no nos la regalaron, la conquistamos. Posiblemente haya la idea de que nos la regalaron el rey, Carrillo, González, Suárez, etc. Pero sin los grandes movimientos sociales de entonces difícilmente hubiéramos avanzado.

Pero aquel entendimiento político se ha olvidado, poca memoria se hace...

Estamos en momentos diferentes, no podemos estar toda la vida en transición. La Transición se hace en un momento determinado, de consenso y movilización social. Ahora estamos en otro momento político que no es ajeno a lo que está ocurriendo a escala internacional. Las polarizaciones son muy potentes en todos los países. Sí que nos preocupan fundamentalmente los avances de la extrema derecha, cosa que no ocurría en los años de la Transición. Entonces existía, pero era totalmente ajena o estaba adormecida en el seno del PP.

Los críticos con la ley de Memoria Democrática dicen que atiende a un solo bando.

No tiene nada que ver con la realidad. El problema que ha tenido la derecha es que no leyó la ley. Habla de todas las víctimas. Unas fueron reparadas a lo largo del franquismo y otras fueron criminalizadas, estigmatizadas e invisibilizadas. Pero habla de todas las víctimas. Cuando hacemos el Día de las Víctimas, el 31 de octubre, hay víctimas franquistas, que son la inmensa mayoría, pero también ese día recordamos a gente que fue fusilada en Paracuellos, dos o tres sacerdotes en zonas republicanas...

La ley cumple tres años en octubre. En su día fue polémica la aprobación al contar con el apoyo de Bildu tras pactar varias enmiendas, como la ampliación del límite temporal de 1978 a 1983 para poder revisar más casos.

Eso fue utilizado por la derecha para tergiversar y mentir. Fueron varios grupos los que plantearon enmiendas. La ley en el espacio temporal llega hasta la Constitución del 78. Ahora bien, se aprobó una disposición adicional en la que se decía que una comisión técnica estudiaría los supuestos de violaciones de derechos humanos como consecuencia de la lucha por la consolidación de la democracia que llegaría hasta diciembre de 1983. Bildu planteaba que fuera hasta el 95.

¿Y cómo ha quedado?

La comisión cerró ya su informe antes de las vacaciones de verano y se hará público en breve.

¿Y qué concluye?

No voy a adelantar el informe. Se hace un análisis de las violaciones que a juicio de la comisión se produjeron entre el 79 y el 83. Es lógico que hayan pasado cosas hasta entonces: la Constitución no cambian los modos de actuación de un día para otro. Hay una inercia que la democracia fue corrigiendo. Es curiosísimo ver las violaciones de derechos del 79 y prácticamente las pocas que hay en el año 83.

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