Dos años y medio después de la reforma de la ley del aborto, el 80% de las interrupciones siguen haciéndose en clínicas privadas

Dos años y medio después de la reforma de la ley del aborto, más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se siguen realizando en centros privados acreditados, aunque esas intervenciones estén financiadas por el sistema público de salud. Es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Federación Mujeres Jóvenes 'El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo', presentado este jueves en la sede del Instituto de las Mujeres, con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Es cierto que necesitamos reforzar el servicio público, porque nos damos cuenta de las diferencias que hay entre los distintos territorios; territorios donde la externalización es prácticamente total, como en Madrid, y territorios donde se ha apostado desde lo público por ofrecer a las mujeres servicios de calidad y seguros", ha declarado la ministra en un acto que se enmarca en la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, que se celebra el 28 de septiembre.

"Hay más dificultades que se apuntan en el informe. La ley actual es una ley joven, que lleva apenas tres años de vigencia y tenemos que insistir en el desarrollo completo", ha indicado Redondo sobre el documento. El trabajo está basado en una investigación de carácter cualitativo y exploratorio y constata las desigualdades territoriales, limitaciones en la cobertura pública y obstáculos específicos para mujeres jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, formula recomendaciones para avanzar hacia un acceso equitativo y efectivo en todo el territorio.

Los obstáculos

La externalización del servicio es uno de los principales obstáculos identificados. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad más del 80% de las IVE, como se ha dicho, se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud. Esta tendencia no es homogénea, incide el trabajo.

Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia presentan una externalización casi total del servicio, mientras que, según los datos del Ministerio de Sanidad (2023), en regiones como Catalunya (41,8 %), Navarra (35,1 %) y el País Vasco (28,7 %) se mantiene una cobertura pública significativa. Eso sí, incluso en estas últimas, la mayoría de IVE se realizan fuera de hospitales públicos, especialmente en el caso de interrupciones por decisión libre de la mujer.

Protocolos homogéneos

En el informe se indica que estas disparidades afectan especialmente a mujeres que residen en comunidades autónomas con escasa cobertura pública, en provincias sin centros sanitarios habilitados o en zonas rurales que exigen largos desplazamientos para acceder a la prestación. La situación se agrava en territorios donde no existe ningún centro sanitario (ni público ni privado) habilitado para realizar la IVE, reseña la investigación.

Las desigualdades y barreras inciden especialmente en mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación administrativa irregular

Es el caso de varias provincias en Castilla-La Mancha, apunta el trabajo, donde las mujeres se ven obligadas a desplazarse cientos de kilómetros, o Cantabria, donde incluso deben salir de su comunidad autónoma. Estas desigualdades y barreras inciden especialmente en mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación administrativa irregular, se subraya.

Además, la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia y el estigma social configuran un escenario en el que la IVE, pese a estar reconocida como un derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres, se ejerce de "forma desigual y condicionada por factores territoriales, psicosociales y económicos", se añade.

"Atender sin estigmas"

Por eso, la investigación recomienda integrar la IVE en la red pública de salud, regular la objeción de conciencia, formar y capacitar al personal sanitario, establecer "protocolos homogéneos e información clara, atender sin estigmas y con un enfoque feminista, garantizar el acceso inclusivo para colectivos vulnerables y promover una educación sexual integral".

Para garantizar el aborto en la sanidad pública, donde apenas se practican interrupciones de embarazos, a finales del pasado año, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobaba el protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo. Entre los puntos clave, la creación de un registro de personas objetoras de conciencia en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

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