El sistema de protección falla en uno de cada tres feminicidios: ¿cómo reforzar la seguridad más allá de las pulseras?

El Ministerio de Igualdad se ha enfrentado estos días a una crisis similar a la que sufrió Irene Montero cuando la 'ley del solo sí es sí' provocó rebajas de condena y, en algunos casos, excarcelaciones. Los fallos en las pulseras antimaltrato no han provocado salidas de la cárcel de reos, pero sí han afectado a las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia, ya que son sus usuarias. Según la denuncia de la Fiscalía, ha habido "una gran cantidad" de sobreseimientos provisionales en delitos de quebrantamiento de condena, no de violencia de género. Pero el fiscal no ha aclarado cuántos y sí que cuando se recuperaron los datos sobre los movimientos de los agresores, que se perdieron en la migración entre las empresas adjudicatarias, la mayoría de casos se reabrieron.

En cualquier caso, la crisis ha desnudado en toda su crudeza las grietas en un sistema de protección pionero que necesita ser reforzado. Según los últimos datos de los Mossos, una de cada tres mujeres asesinadas ha denunciado (las cifras estatales basculan entre el 20% y el pico del 40% de 2022) y las instituciones no han sabido protegerlas. La otra cara de la moneda, igualmente preocupante, es que el 70% no confía en las instituciones para denunciar.

Los especialistas llaman a aprovechar la crisis de las pulseras para mejorar los dispositivos, reforzar el sistema de protección y actuar culturalmente

Por ello, los especialistas llaman a aprovechar la crisis para mejorar los dispositivos de geolocalización y reforzar el sistema en su conjunto, sin perder de vista la necesidad de actuar culturalmente, dado que la violencia de género es un problema estructural que solo se acabará cuando no haya machismo violento. El PERIÓDICO ha consultado con seis expertos cómo avanzar en esta batalla, desde portavoces de asociaciones de víctimas hasta juristas; entre ellos la fundadora de Mujeres Juezas, Carla Vallejo, el forense Miguel Lorente, la psicóloga y consultora Alba Alfageme o la exdirectora para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat, Laia Rosich. También aborda los retos apremiantes la consellera de Igualtat, Eva Menor. Estas son las medidas que proponen para 'desatascar' la lucha contra la violencia machista.

Cambios en las pulseras

Evidentemente, todos coinciden en que hay que mejorar los dispositivos telemáticos, dado que las incidencias se han incrementado en el último año tras el cambio de adjudicataria, aunque cabe decir que estas han existido desde la puesta en marcha en 2009 de un servicio que ahora protege a 4.730 mujeres. Más allá de los problemas, se trata de un instrumento "necesario, útil y que permite una adecuada protección", según la magistrada Vallejo, que aun así reclama mejoras como que los aparatos tengan más cobertura, precisión y resistencia. Alfageme opina que como las alarmas "generan ansiedad" en las usuarias y, en ocasiones, son falsas alarmas, urge cambiar el protocolo para que los empleados del sistema contacten primero con el agresor para clarificar si se ha transgredido (sin querer o solo con la idea de amedrentar pero sin acercarse) la zona de exclusión, ha fallado el aparato o este no tiene batería. El objetivo: que solo se avise a la víctima en los casos urgentes.

La petición la secunda Ana Bella, fundadora de una de las principales asociaciones de víctimas, quien reclama que las alarmas tengan un volumen más discreto y ajustado a la gravedad, para que no interfieran en la vida laboral y social de las usuarias. Bella reclama que las pulseras, con mejoras, se extiendan a todas las víctimas que denuncian, dado que ninguna mujer ha sido asesinada con un dispositivo, y que la nueva licitación cuente con más presupuesto, para que se disponga de más personal y mejoras técnicas. Lorente comparte que hay que extender el servicio y que de ello se encargue la policía en función del riesgo detectado. A la vez, Laia Rosich explica que en Catalunya apenas se usan (hay solo 127 activas) porque la central está en Madrid y tiene "poca o nula conexión" con los servicios territoriales, un problema que también podría solucionarse.

Las pulseras nunca se han planteado como solución. Es una herramienta más, que necesita ser bien usada"

Laia Rosich

— Exdirectora para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat

Sistema judicial: más formación y medios

Hay consenso en que otra de las claves es reforzar el sistema judicial, con varias medidas. Bella reclama que haya más órdenes de protección y prisión preventiva, con una premisa: "Que se crea a las mujeres". Asimismo, reclama que las víctimas dispongan de abogado de oficio desde el primer momento. "A veces llegan tarde y no tienen tiempo de preparar la testifical –afirma–. Las víctimas solas están nerviosas, tienen miedo, se equivocan, necesitan tener pautas sobre cómo declarar". A este respecto, Alfageme reclama que los operadores judiciales reciban formación obligatoria en "el impacto psicológico que provoca el trauma y cómo afecta a la hora de relatar experiencias traumáticas, en la desorganización o en la falta de un relato mantenido en el tiempo". Asimismo, pide poner fin a determinados interrogatorios que "buscan la destrucción de la víctima" o a la subjetividad que permite "que haya discrepancias entre juzgados", con algún tipo de supervisión sobre sus decisiones.

A su vez, la jueza Carla Vallejo considera que "lo más importante a nivel judicial" es la especialización de los juzgados, porque los estudios demuestran que los que solo atienden violencia de género registran más condenas, órdenes de protección y celeridad.

Es preciso formación obligatoria para los jueces en el impacto psicológico que provoca el trauma a la hora de relatar determinadas experiencias

Alba Alfageme

— Psicóloga especializada en violencia machista

Evaluar mejor el riesgo y más recursos

“El problema que tenemos es de medios: no puede ser que una mujer pida ayuda y entre en una lista de espera de dos meses en los servicios de atención, que más de la mitad de las órdenes de protección no se concedan y que no se tenga en cuenta suficientemente el relato de las mujeres”, denuncia Montserrat Vilà, presidenta de la asociación Hèlia. Una de las claves, indica, reside en la valoración del riesgo policial. “No tienen en cuenta los años que lleva sufriendo violencia, el estado de la mujer… Y eso es clave porque, en función de esta valoración, se les abren o se les cierran muchas puertas".

Si los agredidos fueran jugadores de fútbol, tendrían todos escoltas, pero para las mujeres no hay inversión suficiente

Ana Bella

— Fundación Ana Bella de ayuda a las víctimas

Coincide con el diagnóstico Bella: "Si los agredidos fueran jugadores de fútbol, tendrían todos escoltas, pero para las mujeres no hay inversión suficiente, cada policía tiene que supervisar a entre 50 y 100 mujeres", cuestiona. Mientras tanto, Vallejo reclama aumentar los equipos multidisciplinares en los juzgados, como las unidades forenses, pero con personal formado en perspectiva de género. "De nada sirven más medios sin formación", apunta. La jueza también urge a mejorar la coordinación entre todos los actores, desde las oficinas de atención a los servicios sociales.

Si el 70% de las asesinadas no denuncia, la vía para llegar a ellas es a través de las consultas médicas

Miguel Lorente

— Forense

Detección en las consultas

Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, lleva años reclamando que se incremente la detección en las consultas, con los protocolos y la formación adecuada. "Es lo más urgente y tendría consecuencias porque las víctimas acuden un 20% más al médico que las mujeres no maltratadas. Si el 70% de las asesinadas no denuncia, la vía para llegar a ellas es en uno de los espacios, el sanitario, que más visitan".

En un momento en el que crece la ola reaccionaria, debemos reforzar el consenso social y político en torno a la defensa de derechos y blindar las políticas de igualdad

Eva Menor

— Consellera d'Igualtat i Feminisme

Enfrentar el negacionismo

La consellera Eva Menor pone el acento en que, "en un momento en el que crece la ola reaccionaria y negacionista", con discursos que "no solo minimizan o cuestionan la realidad de la violencia sino que ponen en peligro los avances conseguidos y la seguridad de las mujeres", conviene "reforzar el consenso social y político en torno a la defensa de los derechos de las mujeres y blindar las políticas de igualdad". "Sabemos que solo con una sociedad comprometida podremos poner fin a estas violencias estructurales", apunta. A su vez, Rosich indica que en un momento "de confrontación y disputa de la masculinidad", se requiere de discursos que no "señalen" a los jóvenes, sino que estos sean "escuchados, en espacios y servicios específicos".

Educación y cambio cultural

Por último, pero no por ello menos importante, toca "transformar las raíces sociales y culturales que perpetúan la desigualdad", con una "respuesta colectiva", según Menor. La pasada legislatura el Govern impulsó un plan de prevención con medidas que iban desde la movilidad hasta las escuelas o las empresas. Y el equipo actual ha impulsado el 'Pacto catalán contra las violencias machistas', que implica a instituciones, sociedad civil y movimiento feminista, y prevé abordar varias líneas de trabajo, entre ellas la violencia digital y vicaria, "dos formas devastadoras que requieren respuestas nuevas y adaptadas", según la consellera. A nivel nacional, Igualdad también trabaja en nuevas medidas para mejorar la protección de los niños y dar respuesta a las agresiones digitales y económicas. En este contexto, Lorente pide no olvidar que a través de la educación se pueden promover "conciencias críticas" ante la sexualización de las mujeres, el porno y "la forma de entender las relaciones definidas por los mandatos culturales".

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