Andalucía, Extremadura y Madrid apenas realizan abortos en la sanidad pública, frente a Cantabria o Galicia, que realizan más de 70%

El Ministerio de Sanidad ha presentado este martes un informe sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España, que indica que ha aumentado el número de abortos realizados en la sanidad pública, aunque aún casi ocho de cada diez se realizan en centros privados, especialmente en algunas autonomías. El estudio destaca que en Extremadura, Ceuta y Melilla no se realiza ninguna intervención en hospitales públicos, mientras que en Andalucía y Madrid solo se realizan el 0,2% y el 0,4% respectivamente.

El problema es que Andalucía y Madrid concentran casi el 50% de las interrupciones del embarazo, por lo que "si ambas alcanzaran el nivel medio de prestaciones en la sanidad pública que el resto de autonomías, el porcentaje nacional se duplicaría y el conjunto del país daría un salto histórico en sanidad pública", según ha subrayado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El informe muestra que la aprobación de la reforma de la ley del aborto, en 2023, que tenía como objetivo aumentar el número de intervenciones en la sanidad pública, ha incrementado la proporción del 14,3% en 2019 al 21,25% en 2024, lo que supone un incremento relativo del 50% de la prestación en la red pública. Pero este aumento se ha producido en unas autonomías, sí, y en otras no tanto. Así, en cuatro comunidades, el número de abortos 'públicos' supera el 60%. Son Cantabria (el 88,5%), Galicia (el 77%), La Rioja (el 76,1%) y Navarra (el 74,8%).

A continuación se sitúan Catalunya (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%). Y, en la cola, Extremadura, Madrid y Andalucía, con porcentajes ínfimos. Uno de los motivos es que algunas autonomías no han aprobado aún el registro de objetores al aborto, recogido en la reforma legal. Ante ello, el Gobierno ha enviado un requerimiento formal a Aragón (con 2,3% de intervenciones en la red pública), Asturias (3%), Islas Baleares (que paradójicamente sí realiza el 45% en la red pública) y Madrid (0,5%) para que regulen antes de tres meses el registro de personas objetoras, con el fin de disminuir las derivaciones a la sanidad privada.

El detonante del requerimiento ha sido la decisión del Ayuntamiento de Madrid de informar, a iniciativa de Vox, de la existencia de un presunto síndrome post-aborto. Esta decisión ha sido utilizada por La Moncloa para arremeter contra el PP y anunciar una reforma de la Constitución con el objetivo de blindar este derecho.

La advertencia

Tres de autonomías sin registro han respondido que acatarán la petición gubernamental, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no dará una respuesta inmediata al requerimiento porque "obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal". Ante esta respuesta, García ha advertido a Ayuso de que "la ley se cumple y punto" y de que el Gobierno utilizará "todas las herramientas administrativas y jurídicas" a su alcance para hacer que Madrid cumpla con la normativa.

Asimismo, García ha recordado que Madrid votó a favor de la creación del registro, cuando se aprobó en el Consejo Interterritorial, por lo que, en su opinión, Ayuso "está negando la acción de su propio Consejo de Gobierno y de los técnicos de la Consejería de Sanidad".

Método farmacológico

El estudio presentado en el Consejo de Ministros indica, por otro lado, que las intervenciones realizadas a partir de la semana 23 de embarazo y, por tanto, debido a que el feto presenta una enfermedad grave se realizan en mayor medida en los centros públicos (el 63%). Y que el método farmacológico es el predominante en la red pública y el quirúrgico, en las clínicas privadas. "Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones", según el informe.

En este escenario, el trabajo propone fomentar el método farmacológico en la red pública "por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación", siguiendo el modelo preferido por comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

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