La política de externalización de fronteras de la UE inquieta a Canarias

La política de externalización de fronteras de la Unión Europea (UE) «preocupa» a Canarias y añade «más incertidumbre» a la situación del Archipiélago. Así lo expresó ayer el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Sus declaraciones llegan después de que los Veintisiete –con el único voto en contra de España– aprobasen en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior la posibilidad de crear centros de retorno de migrantes en terceros países y acelerar las deportaciones.

La medida, incluida en el nuevo Reglamento de Gestión de la Migración y el Asilo, permite devolver a las personas cuya solicitud de protección haya sido rechazada o que tengan una orden de expulsión. La UE podrá financiar instalaciones en terceros países donde los migrantes deberán permanecer mientras se concreta su retorno al país de origen o su reubicación en un destino seguro. «El debate sigue situado en el lugar equivocado y pone el foco en dónde y cómo se retiene», criticó el portavoz, quien además añadió que la migración debe abordarse «de manera estructural, garantizando vías ordenadas, reguladas y estables que aporten valor».

Los datos

El escenario se agrava por la situación de hacinamiento que siguen padeciendo las Islas. «Continuamos en una situación de emergencia migratoria, me atrevería a decir que incluso humanitaria», afirmó Cabello. El viceconsejero dirigió su mensaje al Estado, al que acusó una vez más de «incumplir de manera sistemática» con el Archipiélago: «El Estado ha fallado a los canarios y, sobre todo, a los menores que llegan a esta tierra».

La red de acogida de las Islas atiende actualmente a 4.471 menores migrantes no acompañados. De ellos, 206 llegaron después de la declaración de contingencia migratoria del 29 de agosto –que habilitó la vía exprés– y deberían haber sido trasladados en un plazo máximo de 15 días, algo que no se ha cumplido. Este procedimiento, concebido para garantizar que cualquier menor no acompañado abandone la región en ese tiempo, no ha resultado efectivo hasta ahora.

La situación tampoco es más alentadora para los menores con protección internacional. Hasta ahora –y tras el tercer auto del Tribunal Supremo que ordenó al Estado asumir su asistencia en un plazo «improrrogable» de 15 días– han sido trasladados 700 menores. Sin embargo, desde el 1 de enero han llegado a la Comunidad Autónoma cerca de 2.800 niños. «Si se hace el cálculo, el saldo es profundamente negativo y la situación es peor que la que teníamos», advirtió el portavoz. A esta cifra se suman 907 expedientes aún pendientes de una decisión por parte del Estado sobre cómo proceder.

Un mensaje para la UE

El mensaje de Canarias es claro: "Mientras no se aumente la ayuda a la cooperación, este fenómeno continuará, porque existe desde que el mundo es mundo". Un llamamiento que cobra más fuerza si se tiene en cuenta que, desde el 1 de enero, 16 personas han muerto y 34 han desaparecido en el intendo de llegar a las Islas. "De eso deberíamos estar hablando. No solo en el Congreso de los Diputados, sino también en Bruselas", advirtió Cabello.

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