“Han cobrado 50.000 euros y no han reparado nada”: más de 30 comunidades de vecinos de la dana se movilizan contra una empresa de reformas

Cuando a Elisabeth González le preguntan cómo está el edificio de su casa más de un año después de la dana, suele contestar: “Igual que a los quince días”. Luego suele matizar: “Igual que a los quince días, sin el barro que nos ayudaron a sacar los voluntarios pero también sin el dinero del Consorcio”. Las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros que ha cobrado su comunidad de propietarios por el arrase del agua y el fango el 29-O han ido a parar a la empresa que se votó entre los propietarios que se encargara de la reconstrucción. Una compañía de fuera de la Comunitat Valenciana que se presentó cuando estaban “con el barro por las rodillas” y les dijo que se despreocuparan, que ellos se ocuparían de todo. Pero, aunque han cobrado más de 50.000 euros, no han hecho, un año después, prácticamente ninguno de los trabajos comprometidos.

Su edificio en Paiporta no es, ni mucho menos, el único en el que se ha dado una dinámica parecida. Elisabeth, que es la vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, ha recibido quejas y denuncias de 32 comunidades de propietarios de toda la zona cero de la dana, que aún esperan a que se arreglen sus ascensores, se reparen las puertas, se limpien los trasteros o se reformen los patios. Algunas de ellas, como la de González, han puesto el caso en manos de abogados. La Asociación Damnificados Dana Horta Sud convocó una reunión para ofrecer a los afectados unirse en una demanda colectiva, pero la falta de fondos impidió a muchas de ellas participar.

El mismo modus operandi

Y es que la empresa que no está haciendo las reformas sí está cobrando de las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros que están recibiendo las comunidades afectadas por la barrancada. Por eso, al problema del bloqueo de las obras en muchas de ellas se suman cuentas vacías. La empresa puede ir nutriéndose de lo que los vecinos cobran del Consorcio en virtud de contratos que, por lo que han podido ver los abogados de la comunidad de Elisabeth, están “mal redactados”. O bien, dice, para los presuntos intereses de la empresa: por ejemplo, no hay en ellos plazos de finalización de las obras. 

“El patrón siempre es el mismo: aparecen cuando estamos de barro hasta las rodillas y se ofrecen a encargarse ellos de todo, y sin cobrar nada de dinero de los vecinos sino de lo que vaya entrando del Consorcio”, explica González. En su caso, cobraron unos primeros 50.000 euros en diciembre del 2024. Tras eso, trabajaron una semana en enero pero, a pesar del destrozo casi total del edificio, se limitaron a arreglar la instalación del garaje parcheando la antigua y a hacer una limpieza del aparcamiento por la que cobraron un precio “exagerado”, dado que además los vecinos ya habían limpiado y desinfectado el espacio. Las certificaciones que acreditaban los trabajos realizados, denuncia González, las redactaban y firmaban desde la propia empresa, que les daba un presupuesto “desproporcionado”.

Sin ascensores, garajes o trasteros

Después de esa primera semana, el trabajo se paró por completo y los vecinos, inquietos, llamaron varias veces a la empresa. Sus operarios aparecieron dos o tres días más, pero no hubo avances visibles. El garaje, los trasteros, el zaguán y los ascensores siguen como estaban. En algunas otras, hay personas con discapacidad o con problemas de movilidad que no pueden bajar de sus pisos porque el ascensor lleva más de un año sin funcionar. En el edificio de Elisabeth, han tenido que buscar una empresa aparte para volver a ponerlo en funcionamiento, con el coste añadido que conlleva.  Al ver que nadie venía a trabajar, los vecinos bloquearon en la cuenta el siguiente pago del Consorcio, y recibieron una llamada de la empresa de reformas. “Decían que si no cobraban no volvían”, relata.

“La empresa nos cobra pero no hace nada, solo nos ha puesto la bomba de agua, unos telefonillos que no funcionan y ha quitado espejos del patio que se estaban descolgando". Así contaba este verano a Levante-EMV, por su parte, Fátima, vecina de un edificio en la avenida Rambleta de Catarroja, ese mismo “modus operandi” con esa misma empresa. En ese caso, son 40.000 euros los que el consorcio adelantó a la comunidad. "Solo por las tres cosas que han hecho se han quedado los 40.000 euros, y nos dicen que debemos mil euros", añadían los copropietarios.

Ahora, todas estas comunidades están metidos en un bucle económico y burocrático que, en el caso de Elisabeth, espera que se desbloquee con la ayuda de un bufete de abogados. “Nos han quitado dinero y no podemos buscar otra empresa de reparaciones porque no sabemos si al rescindir el contrato, a pesar de que pueda estar mal hecho, nos pedirían una indemnización”, lamenta. 

Ella misma ha participado en reuniones de la asociación con las diferentes administraciones, y asegura que ha comunicado la situación de bloqueo que viven una treintena de comunidades de vecinos tanto a la Generalitat como a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. “No nos han contestado”, reprocha. Reconoce que la prioridad inicial era preparar el funeral de Estado para las víctimas mortales de la dana, pero han pasado ya más de dos meses sin novedades y la paciencia se agota.

Autoorganización en Facebook y WhatsApp

No solo los vecinos de Elisabeth están llegando al límite. También muchos otros vecinos de Massanassa, Catarroja, Albal o Aldaia, por poner solo algunos casos, se desesperan. El testimonio de esa incertidumbre está en el grupo de WhatsApp con más de 30 comunidades de propietarios, pero Elisabeth sabe que hay muchos más afectados. 

“Hola a todos, estamos intentando recopilar información de primera mano sobre comunidades de propietarios o vecinos de la zona afectada por la DANA que hayan tenido problemas, retrasos o se sientan estafados o mal atendidos”. Así comienza un mensaje escrito este domingo en un grupo de Facebook abierto para vecinos de una localidad de la zona cero. “Hola, alguien más en el pueblo?”, se pregunta otro mensaje en otra comunidad en esta red social, que data de principios de 2025. “El garaje cerrado, esperando que se seque como por arte de magia, el patio con barro que se suponía que era tóxico y allí está”, denunciaba otro vecino, este verano, en otro grupo. Más allá de la treintena de comunidades de las que la asociación tiene constancia en esta misma situación, todo parece indicar que hay muchas más.

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