Andalucía modifica el protocolo de acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña: más control inicial y nuevas sanciones

El suicidio de la joven Sandra Peña en el colegio Irlandesas Loreto el pasado mes de octubre puso en el foco el funcionamiento de los protocolos antiacoso en los colegios e institutos andaluces. A la espera de que concluyan las investigaciones judiciales, la Junta de Andalucía planteó inicialmente que el problema no fue de la normativa existente sino de la aplicación por parte del centro que únicamente separó a las alumnas implicadas e hizo un seguimiento de lo ocurrido.

No obstante, el pasado mes de enero el presidente andaluz, Juanma Moreno, convocó un congreso dedicado a abordar estas situaciones de acoso en Córdoba. Y este miércoles el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las conclusiones y ha activado los trámites para hacer una revisión de los protocolos existentes para adaptarlos a los riesgos que existen en los centros educativos de la comunidad autónoma. Esta fue desde el primer momento una de las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa y las principales asociaciones.

El cambio del protocolo

Así, el Gobierno andaluz ha iniciado una revisión del  Protocolo de Acoso. Este documento define el acoso escolar "como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado".

A partir de ahí se plantean doce pasos desde que se produce una denuncia . En el primero la información llega hasta ahora únicamente a la dirección que debe decidir si pasa al segundo nivel. Es en ese segundo paso cuando se toma la decisión de iniciar un expediente y comunicarlo a la Inspección de Educación. Esto provocó, por ejemplo, que en el caso de Irlandesas Loreto no se llegara ni siquiera a trasladar puesto que se quedó el procedimiento en el primer nivel.

Ahora se plantea una revisión de forma que desde el primer momento la denuncia llegue a la inspección que podrá así intervenir desde el principio en el asesoramiento y seguimiento de cada situación. "El objetivo es que la alerta se conozca antes y la inspección pueda intervenir antes en el asesoramiento y seguimiento de cada situación", apuntan desde la Consejería. Por tanto la comunicación a la inspección pasaría estar en el primer bloque de actuaciones en respuesta a una denuncia.

Nuevas medidas disciplinarias

El actual protocolo establece en su apartado siete que una vez culminado el expediente la dirección del centro puede proceder a adoptar como medidas disciplinarias. Las posibilidades están reguladas en los decretos 327 /2010 y 328/2010. En estas normativas se recoge que ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, como es el acoso escolar, se podrán adoptar sanciones como realización de tareas fuera del horario lectivo, suspensión de actividades extraescolares, cambios de grupos, prohibición de asistir a clases durante un periodo máximo de dos semanas, o en última instancia un cambio de centro docente.

La Consejería quiere revisar esta regulación. Hasta ahora el cambio del acosador es una posibilidad a la que puede recurrir el centro y el planteamiento es que sea una medida automática y obligatoria. Es decir, que automáticamente cuando se constate un caso de acoso debe producirse el traslado. "El cambio es que sea siempre por norma el acosador el que sea trasladado", subrayan desde la Consejería.

Junto a esto, fuera del ámbito de las competencias autonómicas, la Junta apuesta por la tipificación del acoso escolar como delito y el estudio de medidas que refuercen la protección de las víctimas en los entornos educativos.

Cómo quedará el protocolo de acoso en doce pasos

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora. La denuncia debe llegar a la dirección. Con el nuevo cambio debe pasar también a la Inspección Educativa.
2. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
3. En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
4. El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales
5. El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado
6. Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho
7. Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias. En este punto se incorporará el traslado obligatorio del menor del centro.
8. El centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia.
9. El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
10. El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar dirigidas a compañeros, docentes o familias
11. Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo.
12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado

Sin redes sociales

La Junta de Andalucía coincide además con el planteamiento trasladado por el Gobierno de España de fijar restricciones en la edad mínima de acceso a las redes sociales tal y como ya han hecho otros países. El presidente, Pedro Sánchez, planteó el límite en torno a los 16 años.

"Es necesario adaptar las políticas públicas a los nuevos retos derivados de la digitalización y del uso intensivo de las tecnologías en la infancia y la adolescencia", subraya la Consejería que anuncia trabajos internos para adaptar todos el sistema de convivencia, protección y atención a la salud mental del alumnado a la nueva realidad digital. "Los retos actuales trascienden el ámbito educativo y requieren una respuesta conjunta de toda la sociedad".

Expediente abierto al centro

En paralelo, la Consejería de Desarrollo Educativo mantiene un expediente abierto al centro Irlandesas Loreto por su actuación en el caso de Sandra Peña, un procedimiento que puede derivar, en su máximo nivel de sanción, en la retirada del concierto educativo. La resolución está pendiente de la investigación judicial abierta a raíz de las querellas presentadas por la familia contra el centro educativo y los profesores.

En una carta abierta a la comunidad educativa, la Fundación Mary Ward, gestora del Irlandesas Loreto, defendió su actuación en este caso: "Ante la extrema gravedad de las acusaciones hechas en sede judicial, nos sentimos en la responsabilidad de manifestar públicamente su apoyo y confianza en los profesores a los que se les atribuye conductas penales. Rechazamos las acusaciones contra nuestros docentes y contra el Colegio, ya que no responden a la realidad de lo acontecido y, por tanto, no son justas".