"Se ha hecho justicia, nunca quisimos hacerles daño a los niños", dice la madre de la llamada "casa de los horrores" de Oviedo

Sin casa, sin trabajo, sin dinero y con sus tres hijos todavía bajo la tutela del Principado. Así han comenzado su nueva vida en libertad Christian Steffen y Melissa Ann Steffen, los padres del conocido caso de la «casa de los horrores» de Fitoria, que han abandonado la cárcel después de pasar más de un año en prisión preventiva por mantener aislados durante casi cuatro años a sus tres hijos en un chalé de la zona rural de Oviedo. «Se ha hecho justicia, se ha demostrado que nunca quisimos dañar a nuestros niños», le dijo Melissa Ann Steffen a su abogado nada más conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El matrimonio está satisfecho con la sentencia que les ha dejado libres, aunque solo a medias. No en vano, lo más importante para ambos sigue siendo recuperar a sus hijos. La Fiscalía y el Principado llegaron a pedir para cada uno de ellos más de 25 años de cárcel al acusarlos, entre otros delitos, de tres detenciones ilegales sobre sus propios hijos. El TSJA, sin embargo, ha dejado el caso reducido al delito de abandono de familia, una condena de seis meses de prisión que ambos ya han cumplido sobradamente. Salieron de Villabona, eso sí, «con una mano delante y otra detrás», como dicen sus defensas. «Ahora mismo son indigentes, no tienen nada», resume la abogada del padre, Helena González.

La libertad para el matrimonio llegó de forma tan rápida como inesperada. Poco después de las siete y veinte de la tarde del lunes recibieron la comunicación de que debían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias. Desde la propia cárcel les gestionaron un taxi que pagaron con el peculio, la pequeña asignación económica que reciben los internos durante su estancia en prisión. Desde entonces viven en un hotel de Oviedo costeado por los padres de Melissa Ann Steffen, después de perder el alquiler de la vivienda de Fitoria en la que residían y sin apenas recursos para empezar de nuevo. Su familia sufragará el alojamiento durante el tiempo que sea necesario, aunque la intención del matrimonio es acercarse cuanto antes a Gijón, donde viven sus hijos, tutelados por el Principado. «Ni siquiera tienen todavía un teléfono móvil para poder comunicarse con nosotros», explica González.

El matrimonio también ha perdido la estabilidad económica que tenía antes de ingresar en prisión. Christian Steffen, que trabajaba como «cazatalentos» desde casa para una empresa internacional, tuvo que dejar su empleo durante su estancia en la cárcel y ninguno de los dos dispone ahora de ingresos. Sus abogados han solicitado además la colaboración de las embajadas de Alemania y de Estados Unidos —él es ciudadano alemán y ella tiene doble nacionalidad estadounidense y alemana— con la esperanza de que puedan facilitarles algún tipo de apoyo mientras reorganizan su situación.

Pero la mayor preocupación de ambos está muy lejos del dinero. Sus tres hijos continúan bajo la tutela del Principado y la resolución del Tribunal Superior de Justicia no modifica esa situación, ya que la declaración administrativa de desamparo sigue plenamente vigente. «Están contentos por haber recuperado la libertad, pero tienen una enorme ansiedad por volver a ver a los niños. Lo único que quieren es empezar a reconstruir esa relación cuanto antes», explica Helena González.

La sentencia sí eliminó las penas accesorias derivadas del delito de maltrato psicológico, entre ellas la privación de la patria potestad y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de los menores. Sin embargo, la reunificación familiar deberá librarse ahora en otro terreno. Javier Muñoz, abogado de Melissa Ann Steffen, asegura que el objetivo inmediato pasa por solicitar una revisión de las medidas de protección para que el contacto pueda recuperarse de manera progresiva. «Van a pelearlo. Van a pelear por reconstruir poco a poco esa familia, con visitas, fines de semana y todos los pasos que sean necesarios», explica.

El letrado recuerda además el impacto que la separación tuvo especialmente sobre su clienta. «Era una madre tremendamente sobreprotectora. Pasó de convivir las veinticuatro horas del día con sus hijos a no poder verlos durante más de un año de prisión. Eso le ha afectado muchísimo». Las defensas confían ahora en que, al haber desaparecido las medidas penales que impedían el acercamiento, el Principado pueda autorizar algún tipo de contacto mientras se resuelve el procedimiento administrativo. La incertidumbre judicial, sin embargo, todavía no ha terminado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia aún no es firme y tanto la Fiscalía como el Principado estudian recurrirla ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Christian y Melissa deberán comparecer dos veces al mes en el juzgado.

A esa incertidumbre se suma la carga económica que todavía pesa sobre ellos. La condena por abandono de familia mantiene la obligación de indemnizar con 30.000 euros a cada uno de sus tres hijos, una responsabilidad civil que asciende a 90.000 euros. Las defensas reconocen que será muy complicado lograr que el Supremo modifique esa cuantía, ya que deriva del único delito que continúa vigente. «Han salido sin trabajo, sin vivienda y con una deuda que ahora mismo no tienen ninguna posibilidad de afrontar», resume la defensa.

Los abogados sostienen además que el procedimiento ha provocado un daño que va mucho más allá de la condena penal. Recuerdan que durante el juicio quedó acreditado, entre otras cosas, que los menores disponían de seguro médico privado, que el hijo mayor ya estaba en trámites para escolarizarse y que algunas de las imágenes que marcaron el relato inicial del caso, como que los niños dormían en cunas, no se correspondían con lo que finalmente quedó acreditado en la vista oral. Es decir, que el chalé de Fitoria «no era precisamente una casa de los horrores», como se le bautizó. «El Derecho Penal está para perseguir delitos y aquí ha acabado destruyendo una familia», sostiene Helena González.

Pese a todo, las defensas destacan que el matrimonio afronta unido esta nueva etapa. «En una situación así muchas parejas habrían terminado rompiéndose o culpándose mutuamente. Ellos siguen juntos y solo piensan en volver a ver a sus hijos», concluye la abogada del padre. «Es una historia propia de un guion de Netflix: salen de prisión sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin sus hijos y con una deuda de 90.000 euros que no saben cómo podrán pagar».

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