Cien países dan un paso gigante para frenar la deforestación y paliar el problema del CO2

A falta de los acuerdos que se cerrarán a lo largo de los próximos días en la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, la comunidad internacional ha dado este martes un paso gigante para poner coto a la creciente deforestación que amenaza al planeta y reduce la efectividad de los bosques como sumideros de carbono. De hecho, los bosques albergan 60.000 especies diferentes de árboles, el 80 por ciento de las de anfibios, el 75 por ciento de las especies de aves y el 68 por ciento de las de mamíferos de la Tierra, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Pero las cifras revelan el tamaño de esta catástrofe: durante los últimos 13 años más de 43 millones de hectáreas de bosque han sido devastadas en esos ecosistemas, una superficie comparable con el estado estadounidense de California.

Hoy, en el marco de la cumbre del cambio climático de Glasgow (COP26) un centenar de países, que representan al 85 por ciento de los bosques del planeta, han sellado su compromiso para detener y revertir esa destrucción, con el horizonte puesto en 2030. Al compromiso se han adherido países o regiones como Colombia, Indonesia, Noruega, Australia, Brasil, China, Costa Rica, la Unión Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido, que además han sumado a esa promesa una fuente clara de financiación para lograrlo. El compromiso para frenar la deforestación va acompañado del desembolso conjunto de 12.000 millones de dólares de inversión pública (unos 10.340 millones de euros) y 7.200 millones de dólares de inversión privada (unos 6.200 millones de euros) para 2030.

Un reciente informe de la organización ecologista mundial WWF alerta de que la deforestación se está produciendo desde hace muchas décadas en la Amazonía, en África central, Mekong e Indonesia, pero señala también nuevos frentes en África occidental (Liberia, Costa de Marfil o Ghana), en África oriental (Madagascar) y en América Latina, en lugares como la Selva Maya de México y Guatemala. Su trabajo identifica cuáles son las principales causas de esa pérdida de masa forestal y destaca entre otros la ganadería y la agricultura a gran escala de productos como la soja en América Latina; en África a causa de la agricultura de subsistencia; y en Asia debido a las plantaciones para pulpa de papel y palma. En este punto cabe resaltar que gran parte de la soja que se produce en América Latina viaja con destino a China y a la Unión Europea, el segundo mercado más grande de este producto.

Además de las causas, el informe de WWF enfatiza en las posibles soluciones, para señalar que no hay un enfoque único ni un criterio universal, sino que las respuestas más efectivas son aquellas que combinan múltiples encuadres, y aboga por acciones urgentes por parte de gobiernos, empresas y reguladores. Los datos del PNUMA advierten de que desde 1990 se han perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la tierra, aunque el dato esperanzador es que esa deforestación se ha frenado en los últimos treinta años.

Los mapas mundiales elaborados por la ONU dibujan aquellos lugares donde los bosques todavía albergan comunidades ricas en fauna y flora, como los Andes septentrionales o en partes de la cuenca del Congo, y los sitios donde este problema se acusa con más crudeza. Millones de personas en todo el planeta dependen de los bosques para su seguridad alimentaria y subsistencia, y de hecho los cálculos de la ONU resuelven que las áreas boscosas proporcionan más de 86 millones de empleos verdes. De las personas que viven en la pobreza extrema, más del 90 por ciento dependen de los bosques para obtener alimentos silvestres, leña o una parte importante de su sustento; esta cifra incluye a ocho millones de personas dependientes de los bosques sólo en América Latina.

Entre las herramientas más eficaces que se han puesto en marcha durante los últimos años para poner coto a este problema destaca el certificado FSC (Forest Stewardship Council), un sistema de certificación forestal sostenible promovido por numerosas empresas productoras de madera, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, con el objetivo de paliar la degradación de los bosques. Este sello, junto con el Programa para la Comprobación de la Certificación (PEFC, por sus siglas en inglés) garantiza que el producto que se retira del bosque (papel, madera, corcho o resinas) se ha extraído de una forma respetuosa desde el punto de vista medioambiental, social y económico. EFE

ARANCEL AL CARBONO EN TRES AÑOS

Glasgow (R.Unido). EFE). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó este martes a la comunidad internacional a dotarse de mecanismos para poner precio a las emisiones de dióxido de carbono y avisó de que la Unión Europea empezará a gravar el CO2 de ciertos productos en sus fronteras “en tres años”. “Es importante que los esfuerzos no se vean socavados por el riesgo de fugas de carbono. Es por eso que nuestro plan para 2030 incluye un mecanismo de ajuste de fronteras”, declaró Von der Leyen este martes en un acto en el marco de la conferencia climática COP26. La presidenta del Ejecutivo comunitario recordó que la UE cuenta desde 2005 con un mercado de comercio de emisiones en el que 11.000 plantas industriales y 500 aerolíneas deben pagar por cada tonelada de CO2 emitida, que la Comisión quiere ampliar también a la climatización de los edificios y al transporte rodado.

Actualmente, la tonelada de CO2 se paga a unos 60 euros (unos 69 dólares) y además, la Comisión ha propuesto a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo la creación de un sistema para gravar también el CO2 de ciertos productos que entren al mercado europeo. “Inicialmente se aplicará a un número limitado de productos que representan un alto riesgo de carbono fuga, concretamente cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad”, dijo.

Ese mecanismo está lejos aún de hacerse realidad, pero es una herramienta que la UE utiliza para presionar a la comunidad internacional para que también grave las emisiones de efecto invernadero. Von der Leyen señaló que ese mecanismo “se probará durante 3 años antes de que empiece a aplicar” y se ampliará gradualmente. “Queremos introducir el mecanismo en el diálogo con nuestros socios comerciales. Vemos este ajuste de la frontera de carbono como una herramienta de política climática. El mejor mecanismo, en mi opinión, sería uno que no se aplica porque todos nuestros socios comerciales fijarían también un precio carbono”, dijo. EFE