Consideran que este Anteproyecto limita los derechos de libertad de expresión en España

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han rechazado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al considerar que “limita los derechos de libertad de expresión e información”.

Por ello, la federación y la asociación han realizado varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al entender que “el desarrollo de su articulado limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”.

Además, han mostrado “sorpresa y rechazo porque solo exista un plazo de 3 al 12 de agosto para participar, en pleno mes de agosto, tradicionalmente vacacional, sin que entienda que se justifica el trámite de urgencia”. Entre otros aspectos, consideran que debería establecerse que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida “no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información”. “Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas”, apunta FAPE.

Asimismo, reclaman la supresión de consideración como infracción grave o leve, la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión, sin que en estos supuestos estén obligados los periodistas o los medios informativos a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público.

Las organizaciones de periodistas insisten en que “la ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los limites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

También rechazan “que impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos”.

Las organizaciones mantienen que “no hay ninguna causa” que justifique la tramitación del Anteproyecto de Ley por el trámite de urgencia.