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Examen de la ONU a España sobre infancia

EFE   | 16.09.2010 
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Juanjo Martín/Efe
Un grupo de niños entrando a clase ayer en un colegio de la comunidad de Madrid
FOTO: Juanjo Martín/Efe

Ginebra. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño preguntó ayer a España por las medidas que ha adoptado para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados, en el examen que se llevó a cabo en este organismo.

La delegación española, encabezada por el embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garrigues, e integrada por representantes de varios departamentos, respondió durante varias horas a las preguntas de los 18 expertos internacionales que forman el Comité acerca del cumplimiento por España de sus obligaciones sobre la Convención del Niño que ratificó hace 20 años.

Una gran parte de estas preguntas se refirieron a la situación y legislación relativas a los menores extranjeros no acompañados, como señaló una fuente diplomática española.

La abogada del Estado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, María Luisa García Blanco, explicó que la nueva Ley de Asilo dedica un título específico a los niños "inspirándose en la protección del superior interés del menor para el que se exige tratamiento diferenciado en atención a su especial vulnerabilidad".

Dijo que la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros "refuerza el carácter garantista de nuestra legislación en esta materia, fundando el tratamiento de los menores no acompañados en el principio del superior interés del menor y en la salvaguarda de todos sus derechos, entre otros el derecho a ser oído".

España ya había ofrecido explicaciones por escrito a las preguntas planteadas anteriormente por el Comité sobre éste y otros aspectos, y en concreto se había referido a los acuerdos existentes con Marruecos y Senegal acerca de los menores no acompañados.

Los expertos del Comité de las Naciones Unidas también se interesaron en la reunión de ayer sobre la descentralización político-administrativa en España -las Comunidades Autónomas- y en cómo ésta afecta a la garantía de los derechos del niño.