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leyes y derecho

La estupida amenaza de expulsar de la sala a la madre de Diana Quer

GERMÁN RODRÍGUEZ CONCHADO  | 24.11.2019 
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ELPASADO 13.11.19 tuve la oportunidad de ver en el telediario del mediodía la noticia del juicio que se sigue en la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago. En esa noticia lo que se destacaba era la amenaza proferida por el presidente del Tribunal del Jurado, que lo es también de esa Sección 6.ª, Ángel Pantín Reigada de expulsar de la sala a la madre de Diana Quer, a lo que parece, por haber llamado “chiquilín” al autor confeso de la muerte de su hija.

Tengo que confesar que cuanto más tiempo paso en el ejercicio de mi profesión de abogado cada vez entiendo menos. Si esta noticia es cierta (y parece que lo es) ¿Cómo se ha podido llegar a esto?

Se supone (o se suponía hasta ahora) que la Justicia era un servicio que ejercía el Estado en favor de los ciudadanos que habían sufrido una agresión en sus derechos personales o materiales para protegerlos y/o reintegrarlos, y a cambio de ello, los ciudadanos renunciaban a la venganza privada y dejaban en manos del Estado la satisfacción de sus derechos atacados.

Como en todo, hay grados. No todos los derechos son iguales,  ni todas las agresiones a esos derechos son iguales. Y que a un ciudadano de este país, le maten (asesinen) a una hija, como es el caso de Diana Quer, es, probablemente, lo peor que pueda pasar o imaginar. El dolor causado por esa brutal agresión a los derechos, no lo va a curar nunca el Estado, pero sí viene obligado ese mismo Estado a poner todos los medios (absolutamente todos) para aliviar o reducir en lo que sea posible, el enorme dolor causado a una madre por la muerte (asesinato) de su hija adolescente. Y lo primero a que está obligado ese Estado (y por tanto todos los funcionarios que de él dependen) es a tratar con el máximo respeto y consideración  a todo ciudadano que haya sufrido un ataque tan atroz como el sufrido por la madre de Diana Quer.

Hay que ponerse muy exquisitos para entender que llamarle “chiquilín” a alguien, puede ser una falta de respeto. En otra situación o en otras circunstancias, podría ser a lo más dudoso, pero llamarle “chiquilín” al confeso autor de la muerte de su hija situado a cuatro metros de ella, no puede de ningún modo constituir una falta al orden a lo que se refieren los artículos 683 á 687 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que son los que facultan al presidente para la expulsión de la Sala de quien falte al orden dentro de ella. Y aunque lo fuera.

Todos los días los abogados tenemos que escuchar si no palabras, que también, ideas o conceptos, más ofensivos que ese, ante la total pasividad de los jueces, y, en ocasiones, incluso provenientes de los mismos jueces. Y no pasa nada. A (casi) nadie se le expulsa de la Sala ni se le amenaza con ello.

Es por ello, que este juez ha demostrado tener tanta escasez de sensibilidad como exceso de arrogancia y soberbia para hacer ostentación de su “poder” ante las cámaras de televisión y eso lo inhabilita por completo para su función, porque un juez, como dice el proverbio clásico “debe de ser ante todo un caballero, y si además sabe Derecho, mucho mejor”. No es suficiente para ser juez aprenderse de memoria unos cuantos  temas. Eso lo puede hacer cualquiera que dedique a ello el tiempo necesario. Hace falta mucho más, hacen falta sentimientos, hacen falta valores humanos y hacen falta principios básicos de comportamiento personal y social. Y si no se tienen, no se puede ser juez.

El problema es que a los ciudadanos se nos han cegado (deliberadamente) los cauces necesarios para expulsar a los jueces ineptos y esos cauces han sido monopolizados por el Consejo General  del Poder Judicial, pero no es lo mismo.

Una cosa es que los jueces no cumplan con las exigencias o las expectativas del CGPJ (caso Garzón o más recientemente caso De Lara) y otra muy distinta que no cumplan con las exigencias o las expectativas de los ciudadanos a los que se supone que representan, en cuanto que son el Tercer Poder del Estado. Ya vale que el ciudadano no los pueda elegir (ni directa ni indirectamente) aunque ejerzan como Tercer Poder pero, al menos, los ciudadanos debíamos de tener un cauce o conducto para poder exigir responsabilidades y, si es el caso, cesarlos  cuando no cumplan con las legítimas exigencias o expectativas de los ciudadanos. No puede estar esa facultad solo del lado del CGPJ, porque son objetivos o motivos distintos. Los ciudadanos, que somos los verdaderos destinatarios de la actividad judicial, y además, somos los que sostenemos el “tenderete”, tenemos algo (mucho)  que decir sobre la clase y calidad de la Justicia de que queremos dotarnos.

Pero no existen cauces para ello porque los propios jueces se han preocupado mucho (y bien) de que no los haya. Solo baste recordar que una de las principales preocupaciones de los jueces cuando se aprobó la Ley del Jurado, fue excluir del conocimiento del Jurado la prevaricación de los propios jueces. Y, naturalmente, lo consiguieron. Hay que recuperar esos cauces porque si no es así, si los ciudadanos estamos sometidos a la Justicia, pero la Justicia no esta sometida a los ciudadanos, esto nunca será una auténtica democracia.

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