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LAS COSAS CLARAS

¿Más gasto público?

JOSÉ LUIS BERTOLO RODRÍGUEZ  | 24.11.2019 
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La palabra economía viene a significar “el orden de la casa” y, por extensión, el de la sociedad, del Estado o de la Comunidad internacional. Se trata de un orden de producción de bienes y servicios, de su oferta y demanda; también de un orden monetario, en el empleo, etc. Pero no hacen falta especiales estudios económicos para entender que, cuando una familia, una empresa o el propio Estado están endeudados hasta las orejas, la solución no puede ser el incremento del gasto.

Cuando el famoso economista británico, John Mainard Keynes, allá por los años 20, y en contra de la teoría clásica de la época, de corte liberalista, recomendaba aumentar el gasto público, para así –argumentaba- cubrir el déficit de la demanda agregada (bienes y servicios susceptibles de compra), se refería al gasto inversor y productivo, sobre todo en obras públicas. Además, lo hacía frente a una economía del “laissez faire”, donde el Estado abstencionista era un mero “vigilante nocturno”, como llamó Lasalle al primitivo Estado liberal. Resulta harto improbable que Lord Keynes propugnara hoy lo mismo ante el actual Estado intervencionista y endeudado.

En un contexto europeo económicamente complicado, todos los indicios apuntan a que la economía española, sobre todo por el endeudamiento desaforado del Estado y de los demás entes territoriales, está amenazada de una nueva crisis. Si, para hacerle frente, se adoptan medidas de aumento del gasto y de la presión fiscal, la crisis será imparable y el desempleo puede alcanzar límites nunca vistos. Lo lógico será reducir el gasto público y hacerlo drásticamente, lo cual nada tiene que ver con los famosos “recortes”. Cuando, por ejemplo, algunos propugnan la supresión de las Autonomías, se está diciendo que ocasionan un gasto inasumible. En realidad no se trata de suprimirlas, sino de reformarlas, pues tal como han sido configuradas, como cuasi-Estados, son inviables económicamente. Esto nadie lo puede discutir, a menos que se piense en un endeudamiento sin límites.

Sin embargo en España, para reducir el gasto, nos encontramos con un problema de muy difícil solución. Se trata del propio sistema de la Constitución, sobre todo en su desarrollo e interpretación. Al riesgo de una crisis económica, se añade una evidente crisis contitucional. Pese a los numerosos apologistas, la Constitución de 1978 tiene mucho que ver con los graves problemas que nos afectan. Queramos o no el sistema de la transición está agotado. Pero el momento no puede ser más inapropiado para una revisión constitucional.

Y, ¿si no son los “recortes”, cuál es el gasto que habría de reducirse? Aquí solo pueden apuntarse algunas cosas, cuyas razones últimas ocuparían muchas páginas, pero que pueden resultar comprensibles para cualquier persona normal. Nos sobran más del 80% de los cargos políticos representativos. Así, el número de concejales (67.473) de los más de 8 mil municipios se pueden reducir muy ampliamente, mediante un necesario proceso de comarcalización municipal: a  unos cinco municipios comarcales por Provincia, desapareciendo los actuales Consejeros comarcales (2640). Los organismos locales no pueden tener la misma extensión en la época de la velocidad supersónica que cuando se viajaba en diligencia.

 Están de más, tanto el Senado (269) como los actuales Parlamentos regionales (1196), dado que, estos últimos, al carecer de soberanía, no pueden detentar potestades legislativas. Como meros instrumentos de partido que son, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, herederas de los antiguos Gobiernos Civiles, deben ser remplazados por un órgano policial de nueva planta, que integre todas las funciones relacionadas con la Seguridad Ciudadana y el Orden Público.

Sobran también los Defensores del Pueblo, así como el Tribunal Constitucional, que al haberlo situado fuera de la unidad jurisdiccional, constituye una dictadura sobre todo el orden judicial. Salvo puntuales excepciones, las distintas Administraciones Públicas no tienen porqué desdoblarse periféricamente. La aplicación de las leyes y programas de gobierno deben ejecutarse por la Administración Unica que corresponda en cada ámbito. Sobre las Administraciones, ha de decirse que la del Estado tiene, entre otros cometidos, servir a las Administraciones regionales y éstas a las municipales, lo que es muy difícil en un Estado de partido.

Existiendo Autonomías regionales, no tienen razón de ser las Diputaciones Provinciales (1040 diputados) Absolutamente nadie debiera prestar servicio en la Administración Pública si no es funcionario o contratado conforme al mérito y capacidad. Si nos vamos al problema de las empresas públicas u demás entes instrumentales, la poda tiene que ser “ immisericorde”.

Ya se ve que todo lo anterior no es precisamente el “chocolate del loro”, y ciertamente las dos grandes partidas presupuestarias corresponden a la Educación y a la Sanidad. Pero no se trata de “recortar” prestaciones en estas materias, sino justamente ampliarlas. Para ello, en Educación tiene que promoverse el derecho fundamental de libertad de enseñanza y de promoción y elección de Centros, hoy inédito, así como decretar, como se hace en otros países avanzados, la igualdad financiera de todas las escuelas reconocidas, sean de promoción pública o privada, ante el Estado.

El tema de las Universidades merecería un análisis aparte. En cuanto a la Sanidad, una cosa es el sistema público de Seguridad Social y de Salud, y otra muy distinta la entidad que realice la prestación, pública o privada, que debe ser de libre elección. Solamente con este planteamiento, el ahorro en Educación y Sanidad podría estimarse en no menos del 25% del coste actual.

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