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Partidismo y seudodemocracia

JOSÉ LUIS BÉRTOLO   | 21.10.2018 
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Vivimos momentos convulsos en la política española, que nos pueden llevar a situaciones muy críticas. Y miramos perplejos hacia un Estado, un tanto desmantelado, que carece de solidez y vigor para dirigir una sociedad compleja como la nuestra e imponer un orden de verdadera justicia, como corresponde a un Estado de Derecho. Muchas personas sospechan que algo no funciona en nuestra democracia.

Todo Estado se ordena a la sociedad, porque está a su servicio. Lo contrario es insostenible, y no puede identificarse lo público solamente con lo estatal. Parte de la culpa se puede atribuir al famoso jurista Ulpiano, el cual definió el Derecho Público como "el que se refiere a las cosas del Estado romano" (Publicum ius est quos ad statum rei Romanae specta).

Es fundamental entender que lo privado también puede tener una dimensión pública. Y la sociedad se ordena al Estado, porque necesita de la autoridad, realidad consustancial a la propia sociedad, pues el famoso pacto social no deja de ser una mera abstracción filosófica, carente de realidad histórica. Sobre esta relación Estado-sociedad, lo cierto es que, en nuestro ámbito político, asistimos a una profunda crisis del partidismo, a lo cual se añade un notorio desenfoque del sentido de la democracia.

Los partidos políticos obedecen a un natural derecho de asociación. Uno puede asociarse con muy variadas finalidades y, lógicamente, también con fines políticos. Lo que ya no resulta tan natural es el Estado de partido, al que conduce el monopolio partidista.

Los partidos son, como todas las asociaciones, grupos en la sociedad, pero no pueden pretender ser grupos en el Estado. Enfeudados en el Estado se corrompen. Porque "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente" (Lord Acton).

Fundamentales instituciones de Estado o que afectan al conjunto de los ciudadanos no pueden convertirse en instrumentos de partido: la Corona, la Justicia, la Fiscalía General, el Consejo de Estado, el Ejército, la Hacienda General (en lo que se refiere al límite y control del gasto), las Reales Academias y, a mi juicio, tampoco las Universidades que, de promoción pública o privada, constituyen corporaciones de derecho público. Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge... no son entidades estatales.

Sin instituciones de Estado y corporaciones verdaderamente independientes no puede existir un Estado de libertades y de Derecho.

En cuanto a la sociedad civil, el encuadramiento ideológico electoral de toda la ciudadanía, algo propio del siglo XIX, resulta impresentable en pleno siglo XXI, en el que la entera sociedad tiene que abrirse a la cultura y dejar de ser manipulada ideológicamente. Sin cultura, en un sentido amplio, así como sin centros de educativos y medios de comunicación libres e independientes, la democracia es una utopía.

Ciertamente hoy no es concebible un gobierno que no sea de participación general. La democracia es gobierno de todos. Pero esa participación, en lo que se refiere a los órganos de Estado mencionados, no es de naturaleza electoral. Las elecciones están para la representación popular en Cortes o Parlamento. Pero es notorio que esa participación está hoy secuestrada por los partidos y no abierta a toda la ciudadanía. A las agrupaciones electorales no partidistas se les impone la exigencia de un número inalcanzable de firmas, salvo en pequeños municipios, mientras basta presentar unos papeles de partido en un Registro para tener acceso a la presentación de candidatos o candidaturas, aunque no les vote nadie. El derecho de asociación política incluye el de no asociarse, lógicamente sin que se cierre el paso a la concurrencia electoral. A un ciudadano libre no se le puede obligar a votar por partido, ni negarle el derecho de participación política y el de presentar sus propios representantes.

En su lucha contra el franquismo, el profesor Calvo Serer lanzó desde su exilio de París una proclama, diciendo que sin partidos políticos no hay democracia. Pero eso no deja de ser un reduccionismo un tanto simplista, más bien, sin el reconocimiento de todas las libertades y derechos fundamentales no hay democracia ni tampoco Estado de derecho. Pero ¿qué es un partido? Quizá un ejemplo aclare la cuestión. En el Reino Unido, un grupo de trabajadores, en un ámbito determinado, que se organice para plantear un conflicto colectivo laboral, un desacuerdo en las condiciones de trabajo, eso es un sindicato. Un sindicato no registrado, pero sindicato al fin. Pues lo mismo podemos decir de un grupo de ciudadanos que se organice para presentar candidatos o candidaturas en cualquier nivel electoral, eso es originariamente un partido, aunque no se legalice registralmente como tal. Y a tales iniciativas ciudadanas no se le pueden poner barreras infranqueables. Algunos pueden objetar que se produciría una atomización de la representación popular, pero para eso, como ocurre en los mejores sistemas electorales, están las primarias, que eliminan a todos los que no representan una amplia generalidad.

Los órganos constitucionales superiores ejercen también la soberanía en nombre de la Nación, cada uno en aquello que tiene atribuido por la Norma Suprema. Pero la soberanía no es ilimitada, ni para el Parlamento ni para los demás órganos de Estado. La democracia, frente al absolutismo, conlleva una limitación de todos los poderes públicos. No para hacer más difícil la gobernación, sino para que la acción pública se limite a sus fines objetivos, esto es, al reconocimiento, tutela y promoción de las libertades y derechos de todos los ciudadanos, empezando por los fundamentales. Dichos límites impiden que, entre otras cosas, un partido se dedique al independentismo, a la anexión de territorios vecinos, o quiera colar como derechos verdaderas aberraciones. En democracia no se puede defender un Parlamento absolutista, y mucho menos si se trata de una Cámara regional, que además no debiera tener potestades legislativas, pues no encarna ninguna soberanía.

Lo que no obsta a la promoción de leyes de naturaleza foral en todas las regiones. Los graves problemas del independentismo en España son, en gran parte, producto, además del partidismo ideológico, de Cámaras regionales con poder legislativo, que, además, suponen un verdadero caos del Ordenamiento jurídico. En fin, todas las instituciones tienen que estar limitadas por el Derecho y deben atenerse al ejercicio de las potestades de su competencia. Lo demás es confundir a la ciudadanía y hacer imposible el buen gobierno.

En otro orden de cosas, los que torpemente alientan la idea de una república federal para España -y parece que están en la labor-, atentan a su Constitución histórica, que es la más real, pues un texto escrito tendrá que referirse a la tradición y realidad de un país o será una construcción en el aire, cuando no directamente en contra de las esencias de un pueblo. Aunque se pretenda ignorar y desprestigiar, la forma política del Estado en la vieja piel de toro es la Monarquía. Naturalmente que una auténtica, de naturaleza institucional y no personal.

Es más, las instituciones de Estado no partidistas, a las que nos hemos referido, tienen su verdadera ubicación en la Corona, porque es ahí donde pueden encontrar amparo y la garantía de su independencia. No se trata de que el Rey las gobierne, sino de situarlas al abrigo de los manejos partidistas o populistas. El Rey reina, es decir, hace que se gobierne rectamente. La pasada intervención de nuestro monarca en el asunto catalán es una muestra ejemplar de una verdadera función de la realeza.

La Monarquía, que es una construcción histórica milenaria y no ideológica, es una forma política al lado de otras posibles, pero la única que, además de estar en consonancia con nuestro ser como nación centenaria, es capaz de impedir el lamentable abuso del juego partidista y el desprestigiado Estado de partido. No se opone a la democracia, sino que justamente la hace posible.

ABOGADO