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El transporte integrado. El caso de Galicia

El transporte escolar constituye un importante medio para el adecuado desarrollo de la actividad en el mundo rural con pequeños núcleos de población, de carácter disperso y un creciente fenómeno de despoblamiento, al facilitar la movilidad de los escolares hasta sus centros educativos.

TEXTO JAVIER VARELA TEJEDOR / TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE   | 05.05.2019 
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En paralelo a ese modo de transporte, el llamado transporte regular de viajeros debe tener asimismo una importante función en aras a garantizar la movilidad de los ciudadanos, de manera lo más cercana posible a la que se les ofrece en las ciudades, permitiendo el acceso a servicios básicos cuanto menos. A fin de mejorar las condiciones y las posibilidades de movilidad de los ciudadanos en general, se están aplicando medidas en diversos territorios de nuestro país tendentes a la integración de servicios escolares con los servicios regulares de transporte de viajeros.

En el caso de Galicia, con una población rural envejecida y dispersa y con un claro fenómeno de despoblamiento que origina una demanda de transporte débil y poco rentable, la Xunta de Galicia ha intentado solventar esos problemas de movilidad desde la única perspectiva de reducir el coste económico de los servicios para las arcas públicas, sin que conste la existencia de un estudio riguroso que justifique las soluciones adoptadas.

El transporte integrado consiste en la posibilidad de prestación conjunta de servicios de transporte (regular, escolar y otros), utilizando los mismos vehículos e idénticos itinerarios. En este sentido la ley autonómica 2/2017 ha posibilitado que se vayan sometiendo a información pública diversos proyectos de explotación de servicios públicos de transporte regular de viajeros que incluyen el transporte integrado (regular y escolar en este caso), con el objetivo declarado de incrementar posibilidades de viajes en transporte público en el ámbito rural disminuyendo costes.

Una característica común a los proyectos sometidos a información pública viene dada por la inadecuada calidad de los proyectos, que inciden en importantes deficiencias que sin duda provienen de la precipitación en su elaboración, de la escasa o nula participación que han tenido en la misma los agentes implicados y por otro también en que son proyectos elaborados por consultoras externas a la Administración autonómica con déficit de control por parte de la misma, dada su carencia de medios personales y materiales para ello.

En efecto, analizando algunos de esos proyectos nos encontramos por ejemplo que:

-Se contemplan servizos integrados que superan el tiempo máximo de duración establecido legalmente para el transporte de escolares.

-En algún caso, se contemplan previsiones de velocidades comerciales imposibles de cumplir o itinerarios inviables por la falta o inadecuación de las infraestructuras por las que tienen que transitar los autobuses, lo que deriva en una escasa o inexistente posibilidad de planificación de expediciones que afectan tanto a la seguridad y comodidad de los escolares como a la regularidad y eficiencia de los viajeros de carácter regular.

-Se contempla un hipotético servicio a la demanda en servicios integrados, estableciendo paradas fijas lo que poco tiene que ver con la filosofía de esta modalidad del transporte.

-Contempla la integración del transporte escolar en el sistema de concesiones de servicio regular de viajeros de uso general, de forma tal que alguna de las expediciones de este tipo de transporte se "reserva" para el transporte escolar, con lo que sólo se permitirá el acceso al servicio a otros usuarios si hay plazas libres.

-Las rutas con reserva de plaza suponen evidentemente un menor coste para la Administración, en detrimento de la eficiencia y la calidad del sistema..Este sistema en general exigiría un cálculo generoso de las plazas a reservar si no se quiere que existan dificultades de acceso al servicio, al tiempo que debe establecerse su pago al operador por el simple hecho de la reserva, independientemente que se utilicen o no las plazas reservadas.Y debería implantarse sólo cuando el sistema de transporte público general proporcione suficientes oportunidades de viaje en las franjas horarias del transporte escolar.

-Uno de los argumentos esgrimidos por la Xunta de Galicia para defender su propuesta es que se incrementa el número de viajeros de carácter general. A este respecto conviene recalcar que en el último año y en las concesiones analizadas, suficientemente representativas del conjunto, el número total de viajeros/año ha disminuido en porcentajes cercanos al 6% (excluyendo lógicamente a los escolares).

Analizando ventajas e inconvenientes de este sistema debemos reseñar que la integración en los términos que se ha planteado en Galicia no supone nuevas oportunidades de movilidad. No obstante, el escaso tiempo de implantación de este modelo no nos permite todavía extraer conclusiones definitivas, pero sí parece vislumbrarse por un lado que el sistema no solo no va a resultar más barato, sino que permite aventurar numerosos litigios por parte de los empresarios en reclamación del equilibrio económico de la concesión que puede resultar alterado.

Frente al modelo planteado por la Xunta, el sistema de integración de ciudadanos en los servicios de transporte escolar tendría la ventaja de la generación de una nueva oportunidad de viaje para la población, ya que la experiencia nos dice que los orígenes de las rutas escolares se sitúan principalmente en localidades con poca población. Por ello, la integración masiva de estas rutas permitiría la creación de nuevas oportunidades de viaje en estos pequeños núcleos, que son donde el sistema de transporte público presenta unas menores prestaciones. En cambio, los destinos de las líneas regulares se ubican en núcleos con cierta entidad poblacional. De este modo, la integración permitiría la mejora de la accesibilidad de la población rural a los centros de servicios más cercanos, y no sólo eso, también a paradas con un servicio de transporte público mejor. Esto supondría una importante ventaja ya que con una reordenación de horarios que facilitase los trasbordos entre las líneas integradas y las regulares se podrían extender las oportunidades de viaje hasta poblaciones de mayor envergadura.

De esta forma las rutas de transporte además de garantizar el derecho de los estudiantes del rural a una educación en igualdad de condiciones, también garantiza al resto de la población el acceso a los servicios básicos.

La extensión de estos modelos no está exenta de retos. En primer lugar, las rutas escolares deberían ser dinámicas y presentar horarios y paradas coordinados con las líneas regulares para que puedan funcionar como alimentadoras de las mismas mejorando la eficiencia del sistema. En definitiva, la integración escolar ayuda a mitigar los problemas de desplazamiento de los colectivos sin acceso al vehículo privado en ámbitos rurales y por tanto es deseable para el caso de Galicia siempre que se solventen los problemas expresados anteriormente.

Dicho esto, volvemos al principio de la necesidad de financiación pública del sistema de transportes en los casos en que se asumen obligaciones de servicio público. Si financiar el transporte público no resulta fácil, se convierte en un grave problema cuando se trata del transporte público regional y, más concretamente, en zonas de baja densidad. Dado que el mercado ofertado es escaso y la demanda, baja, difícilmente puede suministrarse transporte público sin la fuerte intervención y respaldo económico de las Administraciones competentes. Esto significa que es necesario no sólo que se remunere o compense el servicio del transporte, sino que se respalde económicamente. El transporte público es un servicio público y, por tanto, representa uno de los sectores donde la intervención pública se deviene en necesaria si se quieren mantener adecuadas ratios de calidad y de eficiencia y garantizar la igualdad de oportunidades de movilidad para todos los ciudadanos en la medida de lo posible.

Así, las actuaciones de integración que se vienen desarrollando en los países de nuestro entorno se incardinan, por lo general, en planes más amplios de mejora del transporte en el ámbito rural con la implantación en muchos casos de sistemas de transporte a la demanda y únicamente en algunos casos se entiende como positiva la integración de flujos de viajeros escolares con los regulares.

En este sentido sería deseable articular un plan de movilidad de ámbito comarcal que incorporase en un sistema integral e integrado los distintos medios y modos de transporte existentes en la zona (incluido el transporte escolar), con incidencia mayor en función de la densidad poblacional del transporte regular o del transporte a la demanda, incorporando un adecuado número de frecuencias y de servicios como obligaciones de servicio público, con la adecuada compensación económica en caso del previsible déficit de explotación, ya que se trata de atender a un precio razonablemente bajo, ciertos tráficos o rutas que comercialmente no son rentables, pero que se considera que deben existir. Obvio es decir que esas obligaciones de servicio público deben definirse previamente a las licitaciones y no ser objeto de subasta, es decir que asumir esas obligaciones por las empresas operadores tiene un coste y ese coste debe abonarse por la Administración, de acuerdo con los pertinentes y previos estudios técnico-económicos.