Es aprobada la ley que castiga el desperdicio con hasta 500.000 €

El Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multas de hasta 500.000 euros.

“Es un instrumento jurídico pionero para combatir una ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas”, dijo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo, según informa Efe.

La iniciativa, que comenzará ahora su trámite parlamentario y el ministro espera que entre en vigor el 1 de enero de 2023, estipula que las empresas de la cadena deberán tener un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.

Solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan, consideró el ministro.

En tanto, las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido -salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-, y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.

“Esta ley pretende regular y concienciar. Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación para los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro”, abundó.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se desperdicia aproximadamente el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas anuales, y que casi la mitad de este despilfarro se produce en la fase de postcosecha y venta minorista.

La prioridad de destinar los desperdicios al consumo humano se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y diferentes organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Esto se llevará a cabo mediante acuerdos que deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.

El ministro reconoció que esto puede suponer un coste extra para las empresas, pero dijo que lo han recibido bien.

Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados, y en ningún caso podrán optar por comercializarlos.

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos en otros productos comestibles, mientras que los que no se hayan vendido mantengan sus condiciones.

Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria, ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.

El régimen sancionador establece como falta grave no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para la que prevé sanciones de entre 2.001 y 60.000 euros.

Como infracciones muy graves, con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

Será infracción leve no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos.