Propuesta para eliminar las tarifas adicionales en la atención al cliente

El Gobierno está preparando una modificación legislativa para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902, los más extendidos actualmente, según informan fuentes del Ministerio de Consumo.

Con esta medida, el Gobierno busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y acabar así con “abusos y sobrecostes en las facturas mensuales” beneficiando a toda la población, especialmente a aquella con menos recursos.

“Los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas. Es una medida de justicia social, que pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”, incidieron desde el Ministerio.

Con este objetivo, el Gobierno modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esta manera, se evitará que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el coste de llamada a una línea telefónica geográfica.

A este respecto, desde el Ministerio de Consumo indican que se va a abrir un proceso de consulta pública a la ciudadanía y se trabajará con las asociaciones de consumidores y sociedad civil.

Toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica con el objetivo de que sea una comunicación “rápida y eficaz” y, según la legislación, deben disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica. Hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica” y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman. Los más comunes son los 902, que a día de hoy tienen “unos costes muy altos y suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares”.

EQUIPARAR EL PRECIO. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaudió la decisión del Gobierno de prohibir el uso de las líneas 902 de servicio de atención al cliente, pero pidió que se equiparen los costes de las llamadas a estos números con los de fijas para que se puedan incluir en bonos y tarifas planas.

Así lo manifestó ayer la OCU en un comunicado, después del anuncio del Ministerio de Consumo. Además, pide que se haga lo mismo con los números de teléfono que empiezan por 901, de coste compartido pero muy superior al normal, que siguen utilizando algunas administraciones públicas.